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Fiscalía le dice 'no' a sistema de interceptación 'Puma' de la Policía

El fiscal Eduardo Montealegre advierte sobre riesgos de la plataforma. Policía entregaría equipos.

JUSTICIA
Las dudas de un posible “uso indiscriminado” cerraron la puerta de tajo a la ampliación de la capacidad de interceptación que la Policía Nacional pretendía tener este año con la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (Puma).
Tras casi un año de tire y afloje, la Fiscalía dejó en claro que Puma no se pondrá en marcha, al menos por ahora. Esta plataforma, para la que se aprobaron 100.000 millones de pesos, que ya están en ejecución, fue presentada por la Policía como la estrategia para enfrentar a la delincuencia común y con la que se consolidaría la seguridad en un posconflicto si se firma la paz.
En su momento, explicó que el objetivo era acceder, con la orden de un fiscal y de un juez, no solo a líneas telefónicas, sino también a cuentas en Facebook, Twitter, Viber, Line, Skype y correos electrónicos que la delincuencia utiliza en su transformación del delito.
¿Por qué el ‘no’? La Fiscalía considera que el aumento de la capacidad de interceptación que propone Puma (dice que son hasta 20.000 líneas telefónicas, es decir, más de tres veces la capacidad de la plataforma Esperanza) puede violar derechos de intimidad.
“Puede conllevar al uso indiscriminado de la interceptación como herramienta de investigación en casos en los que esa invasión de derechos fundamentales ni siquiera es necesaria en la lucha contra la criminalidad”, le dijo a EL TIEMPO el fiscal general, Eduardo Montealegre.
No es la única razón. También que, para el ente acusador, esos equipos no pueden ser manejados por un organismo distinto de la Fiscalía. “Ningún otro organismo del Estado (diferente de la Fiscalía) está facultado para ordenar la interceptación de comunicaciones o administrar los equipos que sirven para esto. Es una garantía con la que cuentan todas las personas frente a su derecho legítimo a la intimidad y a la privacidad”, señaló Montealegre.
Aunque en esa discusión la Policía ha insistido en que la Fiscalía y hasta la Procuraduría serán veedores e inspectores del uso de la plataforma, el problema es más de fondo: el Fiscal cree que hay riesgos en aumentar masivamente la capacidad de interceptar. Señala que la ampliación no garantiza una mayor posibilidad de capturar a los delincuentes, y sí aumenta “la intranquilidad de las personas al ver que el Estado tiene una capacidad inmensa de escuchar sin mayor control lo que ellos hablan”. “Esto incrementa el riesgo de interceptaciones ilegales”, dice.
Equipos irían a Fiscalía
Luego del anuncio de la creación de Puma se generó una polémica que provocó varios debates en el Congreso sobre su viabilidad, y que se recordaran episodios como el de las llamadas ‘chuzadas’ del DAS.
Desde entonces, según fuentes de la Policía, los equipos están guardados en cajas de cartón en un edificio construido en el occidente de Bogotá para que allí funcionara Puma. También se creó una comisión para buscar acercamientos con la Fiscalía que llevaran a su activación.
Una de las fórmulas que planteó la Policía, según personas cercanas al proceso, fue que la Fiscalía asumiera la administración, tenencia y supervisión de los equipos, pero que se les permitiera tener la totalidad de las nuevas líneas que se podrían interceptar.
Si bien el tema aún está en discusión, lo cierto es que la Policía perdió este pulso con la Fiscalía. El general Rodolfo Palomino, director de la Policía, le dijo a este diario que esa institución entregará los equipos comprados. “Estamos analizando en qué circunstancias y cómo los recibe la Fiscalía”, dijo Palomino.
El fiscal Montealegre asegura que no tiene información oficial sobre esa decisión de la Policía, pero que antes de recibirlos “habría que revisar las condiciones de esa entrega, si es conveniente o no para la entidad, si esos equipos permiten actuar dentro del marco constitucional, y si son útiles para el país”.
Enfatizó que la única manera de que Puma entre en funcionamiento es “bajo la estricta dirección de la Fiscalía” y que, por disposición constitucional y legal, “solamente la Fiscalía puede tener y controlar los equipos que se utilizan para interceptar comunicaciones privadas de las personas”.
Problemas de licencia
El nuevo lío que tiene la plataforma de la Policía es que, según la Fiscalía, hay dudas por posibles violaciones de derechos de autor con el software que Puma emplearía para interceptar.
“La Fiscalía adquirió los programas de forma directa de sus titulares, dentro de estrictos parámetros de cooperación internacional, al parecer la Policía ha adquirido el software para Puma de licenciatarios particulares, haciendo complejo establecer el origen de ese software y si los titulares de los derechos de autor de los mismos han dado su autorización para que se usen sus programas en el sistema”, señaló Montealegre.
El fin de la ‘papa caliente’ en que se convirtió Puma no estaría cerca: antes de aceptar el paso de los equipos a la Fiscalía se hará un diagnóstico de los equipos para establecer si son compatibles con la plataforma Esperanza y si su aplicación no generaría problemas legales con los operadores.
“En últimas, debe mirarse con lupa cómo funcionaría ese sistema, para evitar interceptaciones indiscriminadas, desproporcionadas e inadmisibles”, dijo el jefe del ente acusador.
Desde hace meses, la Fiscalía ha puesto en marcha una estrategia para tener un mayor control de las salas de interceptación, que llevó a que, incluso, las unidades que se encontraban bajo la custodia del Ejército fueran reasignadas y ubicadas en el sótano del búnker, en Bogotá.
Lupa de Contraloría
Un informe de la Contraloría dice que en el sistema Puma se habría registrado un detrimento de casi 49.000 millones de pesos por presuntas irregularidades en los contratos. “Se advierte sobre las reiteradas modificaciones del contrato, relacionadas con especificaciones técnicas, la puesta en funcionamiento del sistema y, finalmente, la incompatibilidad de las dos plataformas utilizadas para la interceptación de comunicaciones sistema Puma-plataforma Esperanza”, se lee en el documento oficial.
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