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Mafia y Farc lavan fortunas con cigarrillos del presidente de Paraguay

Cajetillas salen de tabacalera de Horacio Cartes. Blanqueo suma 209 millones de dólares al año.

La segunda semana de febrero, un grupo especial de agentes holandeses de la RST –Special Policial Taskforce– se reunieron con autoridades colombianas para intercambiar información judicial. El asunto a tratar fue el multimillonario contrabando de cigarrillos paraguayos que ingresa legalmente por Aruba y Curazao y que termina en manos de estructuras criminales colombianas que ya se apoderaron de cerca del 20 por ciento del mercado nacional.

Aunque la información ventilada tiene carácter reservado, fuentes estatales le aseguraron a EL TIEMPO que la RST ya ha recogido facturas, falsas o alteradas, de exportaciones de cigarrillos Ibiza y Mariner, que salen hacia la zona especial aduanera de Maicao (La Guajira). Se trata de las marcas insignia de la Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), de propiedad del presidente de Paraguay, Horacio Cartes.

Y hay un dato más sensible que terminaría introduciendo este tema en la agenda multilateral de los presidentes de América Latina: la RST tiene documentada una reunión, a finales de 2012, entre representantes de las comercializadoras investigadas y un miembro de la campaña de Cartes que hoy ocupa un cargo ministerial. (Lea también: En Brasil, contrabando de cigarrillos supera en volumen al de coca).

EL TIEMPO estableció que las tres empresas investigadas están ligadas a la familia Mansur, un viejo clan que incluso ya fue procesado en Estados Unidos por lavado de activos.

La información fue confirmada por fuentes judiciales. De hecho, después de que este diario reveló, en julio de 2013, que bandas criminales distribuyen los cigarrillos paraguayos, por iniciativa propia, autoridades locales le enviaron una comunicación al presidente Cartes exponiéndole las dimensiones que ha tomado el tráfico ilegal de los cigarrillos de la tabacalera de su familia.

El gran blanqueo

Los departamentos dejan de recibir más de 67 millones de dólares al año, por ingresos fiscales, que deberían ir a clínicas y hospitales. Las pérdidas en ventas legales asciende a 209 millones de dólares y, lo que es igual de grave, las cajetillas de Cartes son usadas para lavar las fortunas de narcotraficantes colombianos, de la guerrilla de las Farc y de la banda criminal de ‘los Urabeños’.

Según la base de datos del Sistema Integrado de Comercio Exterior (Sicex), en 2012, Paraguay y Uruguay exportaron a Aruba y Curazao 7,5 billones de cigarrillos, que equivalen a 750 contenedores de 40 pies. Un estimativo indica que de esos contenedores, 330 entraron a La Guajira y nunca fueron reexportados, lo que significa que se los ‘tragó’ el contrabando.

Un grupo de periodistas investigativos de Brasil, Argentina, Perú y Costa Rica, articulados por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), se unieron a la investigación de Colombia y rastrearon contenedores durante cuatro meses, visitaron zonas fronterizas, indagaron 60 empresas y lograron demostrar que el tráfico de cigarrillos paraguayos en la llamada triple frontera (Paraguay, Brasil y Argentina) superó en volumen al de coca y está a punto de sobrepasarlo en valor.

Una cifra obtenida por el diario Gazeta do Povo deja en evidencia el tamaño del negocio. Desde 2010, Brasil, uno de los principales receptores de esta mercancía, ha incautado 278 millones de dólares en marihuana, casi el triple en coca y 907 millones en cigarrillos paraguayos.

De hecho, un tío del presidente Cartes, Juan Domingo Viveros Cartes, está detenido en Uruguay, por tráfico de marihuana.

En Colombia, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) aprehendió el año pasado mercancía de contrabando por cerca de 79 millones de dólares. Y buena parte eran cigarrillos paraguayos de la marca Ibiza y Mariner.

Interceptaciones telefónicas hacen parte de la evidencia del ‘matrimonio’ entre traficantes, Farc y mafia. De hecho, la Fiscalía de Colombia indaga a 18 firmas en Maicao importadoras de cigarrillos y licores, todas ligadas a dos hermanos y a un comerciante guajiro que están conectados con las tres comercializadoras bajo investigación de la RST.

Nombres y montos

En solo seis meses, el comerciante movió 3, 5 millones de dólares en importaciones desde Curazao y Aruba, y los hermanos, 2, 5 millones de dólares en el mismo lapso. Las transacciones fueron detectadas por la Polfa y coinciden con el registro de exportaciones e importaciones entregadas a EL TIEMPO por la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian).

La Unidad de Lavado de la Fiscalía, con el apoyo de la Polfa y de la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf) adelanta la judicialización de estas personas, bajo el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por eso pidieron que sus nombres se mantuvieran bajo reserva.

Lo que ya se puede ventilar es que los jefes del frente 59 y 19 de las Farc, Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias ‘León Guerra’ y Óscar Alberto Guerrero Celedón, al igual que el capo Marcos Figueroa, alias ‘Marquitos’ y la banda de ‘los Urabeños’, usan a estos comerciantes para lavar dinero de sus organizaciones criminales.

Las Farc y ‘los Urabeños’ empezaron por cobrarles ‘impuesto’ por cada camión con mercancía ilegal que pasaba por las tres grandes rutas de contrabando (Uribia, Majayura y los laterales del puente de Paraguachón), y terminaron por usar el negocio para blanquear el dinero de extorsiones y del tráfico de coca y gasolina venezolana.

Cartes aún no le ha respondido a Colombia la carta con las quejas de los mandatarios locales, e igual conducta mantuvo con el grupo de periodistas investigativos al que no ha querido concederle una entrevista. Por su parte, voceros de su tabacalera insisten en que todas las exportaciones de sus cigarrillos son legales.

Para hablar de la investigación de la RST, EL TIEMPO buscó a los Mansur en Curazao, pero una empleada de la firma Altac dijo que el único autorizado para referirse al tema, Irving Irausquin, estaba navegando. Y en Aruba, empleados de su firma Tabacal aseguraron que el encargado se encontraba pescando y que ellos desconocían los señalamientos.

Mientras hay una respuesta de fondo, el Gobierno colombiano alista varias medidas de choque para controlar el contrabando de cigarrillos y de otras mercancías. Entre otras, habilitará una especie de ‘lista Clinton’ en la que serán incluidos los locales, importadores y personas involucradas con operaciones de contrabando.

De manera paralela, la RST holandesa y la Policía colombiana avanzan en la investigación judicial, y no se descarta pedir apoyo de policías de otros países, incluidas la de Brasil, Argentina y Estados Unidos, que ya investigó y castigó a miembros de la familia Mansur.

Habrá una ‘Lista Clinton’ para contrabandistas

El gobierno Santos, la Policía y la Federación Nacional de Departamentos vienen estudiando medidas de choque para controlar el contrabando de cigarrillos, licor, gasolina y otras mercancías, y en los próximos días darán a conocer varias estrategias.

EL TIEMPO estableció que se creará una especie de ‘lista Clinton’, en la que mensualmente serán incluidos los locales, importadores y toda persona natural y jurídica involucrados con operaciones de contrabando.

La idea es que sean bloqueados en el sistema bancario y comercial, emulando el castigo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos les aplica como castigo a los involucrados con las estructuras mafiosas y terroristas.

Además se habilitará una base de datos con placas de carros, matrículas de aviones y descripción de barcos que sean usados para trasportar contrabando. El propósito es monitorear permanentemente sus desplazamientos y bloquearles la flota a los contrabandistas.

Así mismo, se le pedirá a todos los municipios que adopten la ordenanza 15 de 2010, que rige en el departamento de Antioquia y que contempla el cierre de establecimientos que comercialicen contrabando. Algunos ya la adoptaron pero no la están aplicando.

La reunión en Aruba

Agentes especiales de la policía RST holandesa tienen registros del ingreso a Aruba, a finales del 2012, de un colaborador de la entonces campaña a la presidencia de Paraguay de Horacio Cartes, hoy mandatario de esa nación.

La información en manos de los investigadores indica que dicha persona, que hoy está trabajando en uno de los ministerios, viajó a esa isla del Caribe para reunirse con un grupo de empresarios dedicados a la importación y distribución de cigarrillos producidos en Paraguay por la Tabacalera del Este (Tabesa), la fábrica del presidente Cartes y de su familia. La información indica que a la reunión asistieron, además, empresarios de nacionalidad brasileña, un uruguayo y otro panameño.

EL TIEMPO contactó a un funcionario paraguayo que responde al perfil que se indaga. Pero dijo que no conocía Aruba y negó cualquier vínculo con los negocios de Cartes. “Jamás he estado en ese lugar. No tengo ningún vínculo comercial con tabacaleras. Mi relación con el Presidente solo es política”, aseguró. En los últimos meses, Cartes ha nombrado como sus asesores a varios ejecutivos que hacen parte de sus empresas privadas. Entre ellos aparecen Juan Carlos López Moreira y Osvaldo Gane Salum, ambos directivos de sus empresas tabacaleras.

"Son personas de mi absoluta confianza, que me están ayudando en el esfuerzo de hacer una gran gestión y eso es lo que importa”, aseguró Cartes en diciembre, cuando fue cuestionado por esos nombramientos.

Inteligencia
Esta es la estrategia de la Policía

Labores de inteligencia, investigaciones de tipo criminal y operaciones de aprehensión de material de contrabando son las tres puntas de lanza con las que la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en cabeza del general Gustavo Adolfo Moreno, busca frenar el ingreso ilegal de cigarrillos, licor y otras mercancías. Para identificar a las bandas de contrabandistas que surten los mercados ilegales, la Polfa ha articulado su trabajo con otros organismos de inteligencia judicial y financiera. Sus hombres trabajan de la mano con la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en cabeza del almirante (r) Echandía.

De hecho, ya están en la mira siete blancos de gran valor, que son los encargados de mover el grueso del negocio que deja pérdidas al país cercanas a los 12 billones de dólares al año. También han logrado rastrear los movimientos de 13 cabecillas regionales de esas bandas y han conseguido la apertura de 22 investigaciones, que podrían resultar en condenas y millonarias multas.

Adicionalmente, la Polfa acaba de incorporar a su equipo un grupo de expertos en contabilidad y finanzas para que sigan las huellas de ese negocio, que termina afectando las arcas de los departamentos y la salud de los colombianos. Al grupo también fueron incorporados peritos especializados en el seguimiento de transacciones internacionales, para detectar los dineros que terminan en paraísos fiscales.

El grupo, conocido como Cinef, ya está tras el circuito que, por medio del contrabando de cigarrillos, licor, gasolina y otros productos, permite el lavado de activos que favorece a capos y a las bandas criminales como ‘los Urabeños’ y las Farc.

La Polfa y otras entidades del Gobierno han realizado varias cumbres para definir las estrategias que les permitirán mejores golpes y saber cómo se invertirán los 99 millones de dólares que el Gobierno utilizará para fortalecer la lucha anticontrabando y hacer inviable el negocio.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com

Publicación
eltiempo.com
Sección
Fecha de publicación
23 de marzo de 2014
Autor
UNIDAD INVESTIGATIVA

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