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Nueva EPS habría escondido tutelas para librarse de pagos obligatorios

Fiscalía cree que funcionarios escondieron 6.476 tutelas que ordenaban prestar servicios no POS.

EL TIEMPO
Con documentos falsos, actas de reuniones inexistentes y hasta la alteración de las fórmulas médicas originales, la Nueva EPS, la empresa de salud que reemplazó al liquidado ISS y que tiene capital del Estado y de operadores privados, se habría ganado al menos 7.000 millones de pesos en un año.
Mientras toma una decisión sobre la situación jurídica de Carlos Gustavo Palacino, el ‘zar’ de Saludcoop, la Fiscalía dice que cinco funcionarios de Nueva EPS, con detención domiciliaria hace más de un año, supuestamente habrían escondido 6.476 tutelas que ordenaban la prestación de servicios médicos no contemplados en el POS.
Así, la EPS se libró de pagar, como lo ordena la ley, la mitad de lo que costaban los tratamientos.
En un documento de 129 páginas –que fue apelado por la defensa de los detenidos, entre ellos Javier Agudelo Valencia, vicepresidente de la Nueva EPS– la Fiscalía dice que “los acusados utilizaban toda la infraestructura de la EPS para engañar al Fosyga”.
Según la regulación en salud, cuando un juez falla una tutela y ordena que se preste un servicio a un paciente, la EPS solo tiene derecho a que el Estado le devuelva la mitad del valor de ese procedimiento o medicamento.
Para la Fiscalía, Agudelo tenía entre sus funciones dar las directrices para controlar el gasto médico y dar viabilidad financiera a la EPS y que “la estrategia fue utilizar la estructura empresarial para la realización de conductas punibles que permitieran obtener un ingreso de recursos parafiscales”.
En ese plan, que garantizó el ingreso en el 2010 de casi 7.000 millones de pesos a la EPS, también participaron, según la acusación, Claudia Elena Sánchez, Mónica Ximena García, Henry González Ramírez y Adriana Páez Lizarazo. Fraude procesal, falsedad en documento y estafa agravada figuran en el dosier contra las cinco personas.
La EPS pedía el pago de esos servicios asegurando que habían sido autorizados por el Comité Técnico Científico. Sin embargo, los investigadores encontraron que no coinciden las firmas de quienes supuestamente participaron en esos comités y que se usaron las mismas actas para justificar la autorización del servicio a pacientes.
Entre las pruebas de la Fiscalía están varios correos electrónicos. “Como bien saben, estamos en la estrategia para migrar aquellos servicios no POS solicitados por tutela a CTC si no han sido recobrados por esa vía al Fosyga”, dice uno de los mensajes enviados por Henry González, quien era médico auditor de CTC y tutelas.
También está el testimonio de la funcionaria Íngrid Táutiva, quien declaró que recibió la orden de Adriana Páez de trasladar las cuentas de tutela al área de Comités Técnicos. “Ante dicha orden, yo le dije que no era posible radicarlas porque no había un acta de CTC”, afirmó.
El abogado Francisco Bernate, que representa a varios de los capturados, dice que “ellos se pusieron a disposición de la Fiscalía desde el comienzo y han pedido que se les permita dar explicaciones de lo sucedido, y que han suministrado toda la información solicitada por la Fiscalía.
“Ellos no se apropiaron de un solo peso. El debate es si la EPS tenía el derecho de cobrar ese dinero, que en todo caso no puede ser una suma como la que plantea la Fiscalía”, añadió Bernate.
Nueva EPS no es la única empresa de salud en líos con las tutelas. Fiscalía, Contraloría y Procuraduría creen que los cobros inflados al Fosyga fueron una práctica usual en el sistema.
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