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Procurador sanciona, Presidente ejecuta

Principios, instituciones y reglas constitucionales hacen parte de estructura que debe analizarse integralmente y no de manera separada. Conviene recordar, por ello, que, según varios artículos de nuestra Carta, en los casos taxativamente señalados por la ley, y no en otros distintos, los gobernadores suspenderán o destituirán a los alcaldes municipales y el Presidente a los gobernadores y al Alcalde de Bogotá. No dice que podrán sino que lo harán. También disponen que el Procurador investiga y sanciona a los servidores públicos, incluidos los de elección popular, facultades que, igualmente, ejerce de acuerdo con lo que ordene la ley.

Son varios los textos que desarrollan, precisan y completan los citados preceptos constitucionales, porque las atribuciones en ellos previstas exigen marco legal que garantice el debido proceso (quién y cómo se determina la responsabilidad del investigado, qué sanción se le puede y debe imponer). El ejercicio de este poder disciplinario por el Procurador y sus funcionarios lo reglamentan, entre otros estatutos, el decreto-ley 262 del 2000 y la ley 734 del 2002.

En cambio, no existe reglamentación comparable para el Presidente, porque ninguna ley establece cuándo ni cómo debe investigar y sancionar a los gobernadores y al alcalde capitalino. Como no le es dable actuar motu proprio y sin sujeción a ninguna norma, no puede imponer, por su propia iniciativa, las sanciones referidas.

Ese vacío legislativo no obedece a descuido de la autoridad competente (el Congreso), sino al hecho de que el poder sancionatorio corresponde, según la Constitución, al Procurador y no al Presidente, que, además, no es superior jerárquico de los gobernadores y el Alcalde de Bogotá (lo era cuando los nombraba y removía libremente).

La única ley que trata el tema es el estatuto orgánico de la ciudad, conforme al cual el Presidente suspenderá o destituirá (fórmula imperativa) al Alcalde Mayor cuando lo solicite el Procurador. Tampoco existe norma que permita al Presidente derogar, reformar o aplazar la vigencia de las decisiones del Procurador, que es órgano autónomo e independiente del Estado (antes del 91 ejercía sus funciones “bajo la suprema dirección del Gobierno”).

Corresponde, entonces, al Presidente cumplir las sanciones que se comentan por ser el jefe de la Rama Ejecutiva, de la que hacen parte gobernaciones y alcaldías, y porque su ejecución requiere medidas complementarias que no son del resorte del Procurador.

Conforme a lo dicho han actuado los procuradores y presidentes que hemos tenido desde la Constitución del 91. Más de 1.000 servidores públicos de elección popular (ediles, concejales, diputados, congresistas, alcaldes y gobernadores) han sido objeto de las varias veces citadas sanciones. Cuando Eduardo Montealegre fue Viceprocurador, en más de 30 ocasiones la Procuraduría hizo uso de sus facultades disciplinarias. Primero suspendió y luego destituyó a Leonor Serrano de Camargo, gobernadora de Cundinamarca, a más de que la privó del ejercicio de funciones públicas, por haber intervenido en política.

La Corte Constitucional, en varias ocasiones ha confirmado lo anterior. Lo hizo en la sentencia SU 229/95 que lleva la firma de José Gregorio Hernández, entonces presidente de la Corporación, que salvó el voto, pero por razones de forma (a su juicio el fallo era incoherente y contradictorio).

Piensan lo contrario quienes solo leen el Artículo 323 (ven el árbol, pero no el bosque) y olvidan a Duverger: “Constituye grave error en la interpretación de las Constituciones rebanarlas como si fueran salchichones, ignorando que sus artículos no son separables del conjunto que conforma el texto completo”.

jcastro@cable.net.co

Jaime Castro

Publicación
eltiempo.com
Sección
Editorial - opinión
Fecha de publicación
19 de diciembre de 2013
Autor
Jaime Castro

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