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Los poderes del Procurador, en el ojo del huracán

Gobierno y expertos afirman que es necesario reformar el cargo y darle un contrapeso claro.

En menos de un mes, el procurador Alejandro Ordóñez dio dos muestras del poder que ostenta: sacó de su cargo a Gerardo Hernández, el Superintendente encargado de garantizar la transparencia y estabilidad del sistema financiero del país y destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, el segundo cargo de elección más importante del país.

Ambas decisiones desataron algunas reacciones de inconformismo. Incluso, tras la destitución de Petro, se escucharon voces que reclamaron límites, o por lo menos mayor vigilancia, a las funciones que actualmente tiene el jefe del Ministerio público. (Lea también: Partido Conservador sale en defensa del procurador Ordóñez).

En el caso del Superfinanciero, fue el propio presidente Juan Manuel Santos quien si bien se mostró respetuoso con la decisión, dijo no compartirla e incluso defendió la labor de Hernández al frente de esa entidad. Con respecto a la destitución de Petro, las reservas no surgieron de la Casa de Nariño pero sí del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien dijo que la decisión era inconveniente.

Pero más allá de la polémica que puedan desatar sus decisiones, expertos consultados por EL TIEMPO coincidieron en un aspecto: hasta ahora, en lo que se refiere a sus fallos y decisiones disciplinarias contra funcionarios públicos, Alejandro Ordóñez ha ejercido al pie de la letra las funciones que le fueron dadas por la Constitución de 1991.

"Lo que hizo el Procurador está previsto expresamente en la Constitución y va en el sentido en que ningún servidor público puede quedar exento de vigilancia ya sea penal, fiscal o disciplinaria. Sería ilógico que un congresista o cualquier funcionario, así sea elegido popularmente, se apropie de dineros, haga contrataciones ilícitas y no se le pueda investigar, juzgar, sancionar o destituir", afirmó el ex procurador Jaime Bernal Cuellar.

¿Y qué dice la Constitución? En el artículo 278, se señala, explícitamente, que una de las funciones del Procurador es "desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo".

Incluso, la Corte Constitucional, al ratificar la destitución de Piedad Córdoba, fue clara al afirmar que la Procuraduría puede “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones”.

En ese sentido, en sus cinco años al frente de la Procuraduría, Ordóñez no se ha extralimitado en sus funciones en casos tan recordados como el de la senadora Piedad Córdoba (inhabilitada por 18 años), el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias (16 años de inhabilidad) o Juan Carlos Abadía, ex gobernador del Valle (14 años inhabilitado).

La necesidad de un contrapeso

Pero también, opinan sus críticos, hay casos donde no midió con el mismo rasero y lució más laxo. Defensores de Gustavo Petro han señalado como ejemplo de eso a Samuel Moreno Rojas, investigado por uno de los mayores desfalcos en la historia de Bogotá y a quien sólo se le impuso sanción por seis meses, prorrogada otros seis y sin inhabilidad.

Otro caso fue el de Andrés Felipe Arias. Allí, llamó la atención que, tras imponer una dura sanción por el caso de Agro Ingreso Seguro, luego defendiera la petición de darle libertad por el mismo escándalo, lo que finalmente sucedió.

Pero además, son recurrentes las voces que señalan que el funcionario deja permear sus fallos por creencias religiosas o ideológicas.

En una reciente columna en EL TIEMPO, el exministro de Hacienda Guillermo Perry criticó la ligereza de Ordóñez al destituir al Superintendendente Hernández argumentando que no intervino a tiempo para evitar el colapso de Interbolsa: "¿Quién puede decidir si el Superintendente ha debido proceder con mayor premura y se equivocó al ejercer su autoridad discrecional? ¿Acaso un juez o un procurador, que no son especialistas en el tema? ¡Eso no ocurre ni en las repúblicas bananeras!", escribe Perry.

Y las críticas de Perry van más allá: "(...) No me hago ilusiones, dados los antecedentes del personaje. Ha abusado de su cargo para imponer su particular ideología religiosa, desconociendo las normas constitucionales y los fallos de la Corte que no le gustan. Defendió el ‘carrusel’ de las pensiones, para congraciarse con quienes habrían de reelegirlo, y usó libérrimamente la nómina de la Procuraduría para asegurarse el voto mayoritario del Congreso. No sé qué lo motiva, pero no parece ser el interés público".

Bernal Cuellar criticó también el episodio en el que Ordóñez amenazó con sanciones a los notarios que legalizaran las uniones del mismo sexo en el país, en contravía con lo dictado al respecto por la Corte Constitucional. "Cuando uno ejerce este cargo, debe dejar a un lado sus posturas personales y concentrarse en el derecho", dijo Bernal.

Por eso, a juicio de los expertos consultados, debe dejarse claro el contrapeso, el control al que tendría que ser sometida la persona que asuma ese cargo. Y es ahí donde flaquea la Constitución, pues deja la puerta abierta para que se puedan cometer excesos. "Cuando uno encuentra que fue creada una entidad regentada por un individuo al que por ley se le ha dado poder absoluto de decidir, el problema no es del funcionario sino de un mal diseño del sistema democrático", consideró el politólogo Fernando Giraldo.

Francisco José Sintura, exfiscal general de la Nación, coincidió en que es necesario dejar claro quién controla y supervisa la labor del Procurador. "El problema está ahí. El control sobre el Procurador es político, cuando en realidad debe ser jurídico. No existe una instancia clara y solo el Congreso podría juzgarlo".

Es entonces cuando surgen voces que proponen limitar o modificar las funciones del Procurador a través de una reforma constitucional en el Congreso de la República. La idea, de hecho, fue insinuada por el propio gobierno el lunes, cuando el ministro Gómez Méndez afirmó que es necesario "revisar la norma constitucional que le permite (al Procurador) destituir a un funcionario que ha sido elegido por voto popular".

Bernal Cuéllar, sin embargo, cree que no se trata simplemente de reformar la Constitución sino de hacer valer los recursos que se tienen. Para este jurista, sí hay quién ronde al Procurador: la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Allí es la instancia pertinente a la que debe acudir un funcionario si siente que un fallo fue politizado o en contra del derecho.

"El tema no es si fue elegido por votos o no. El punto de equilibrio está en demostrar y denunciar ante la Corte que un fallo no fue en derecho. También se puede usar la tutela y la acción de nulidad. A mí, en el momento, me correspondió rendir descargos ante la Sala Plena ", señaló Bernal.

Pero Giraldo cree que, más allá de las instancias que pueda surtir quien ha sido afectado por una decisión de la Procuraduría, es necesario y urgente para la democracia equilibrar el poder del Procurador a través de una reforma juiciosa en el Congreso. "Actualmente, si se mira, el Procurador tiene más poder que el mismo Presidente. Y eso es algo absurdo en un sistema político como el nuestro", remató.

RAFAEL QUINTERO CERÓN
Redacción ELTIEMPO.COM
rafqui@eltiempo.com

Publicación
eltiempo.com
Sección
Política
Fecha de publicación
10 de diciembre de 2013
Autor
RAFAEL QUINTERO CERÓN

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