Una cruzada para salvar el Canal del Dique

Una cruzada para salvar el Canal del Dique

Hace tres años se rompió el canal que une el río Magdalena con Cartagena.

Una cruzada para salvar el Canal del Dique
1 de septiembre de 2013, 04:04 am

El fantasma de las inundaciones aparece cuando cae la lluvia. En Santa Lucía (Atlántico) ronda desde hace 33 meses cuando el rompimiento del Canal del Dique, a finales de noviembre del 2010, anegó 15 poblaciones. Aún quedan familias en albergues.

Aunque el nivel del agua bajó con el tiempo, ahora es el intenso calor el que ahoga a los damnificados de esta población, víctima de una tragedia que sumergió cerca de 40.000 hectáreas de tierras.

Un equipo periodístico de EL TIEMPO, con el apoyo de The Nature Conservancy (TNC), recorrió parte del canal para conocer los impactos de su mal manejo y cómo viven las poblaciones que dependen de él. Veintitrés estudios se han hecho para lograr un plan de manejo sostenible, dice José Yunis, representante para Colombia de TNC. Todos, fallidos.

Tatiana Mercado perdió su casa y vive con su hijo de 15 años y su compañera en uno de los albergues. La última ayuda que recibió fue hace unos 15 días: eran unas bolsas de leche. Lo que más la trasnocha es la incertidumbre de no saber si estará entre los beneficiarios del proyecto de vivienda que se está construyendo para los damnificados. Son unas casas blancas que se arman como legos, elevadas como palafitos, que resaltan por sus balcones y ventanales amplios.

“Vamos para tres años y no sé si pueda aguantar. Nos tienen olvidados”, dice con desgano. Atrás quedó la venta de pescado, actividad que representa el sustento de un 80 por ciento de los habitantes de las poblaciones en la zona de influencia del Dique.

Los rastros de agua en las fachadas de algunas casas en municipios como Campo de la Cruz (Atlántico) y María la Baja (Bolívar) y corregimientos de San Onofre (Sucre), como Boca Cerrada y Caño Correa, revelan hasta dónde subió el nivel. Todos comparten un drama que no acaba. Perdieron no solo sus casas y sus pertenencias, sino sus cosechas y sus tierras. Su ilusión se fue con el agua.

El impacto social que ha dejado el mal manejo por décadas del Canal del Dique es un saldo pendiente. Acciones concretas para mitigar los impactos sobre la población y los ecosistemas –amenazados por la sedimentación que este arrastra– urgen para prevenir mayores afectaciones.

El Gobierno se lanzó desde finales de julio en un intento más por frenar los destrozos que está causando en las Islas del Rosario, Barú y la bahía de Barbacoas, y en los pueblos. Cuesta 52.060 millones de pesos la primera etapa, que es de estudios y diseños. El encargado será un consorcio conformado por la empresa holandesa Royal Haskoning DHV y la firma colombiana Gómez Cajiao.

Una vez listo el diagnóstico, la ejecución –una segunda etapa que impactará a 1,5 millones de personas que viven en su mayoría de la pesca y la agricultura en 18 municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre– marcará el destino del canal. Puede ser el último, el definitivo o uno más en la lista.

La gente desea volver a cultivar. Retomar las faenas de pesca con la tranquilidad de regresar a casa y disfrutar del sonido de la lluvia, sin preocuparse por tapar agujeros y asegurar puertas, techos y ventanas.

“El Gobierno ya puso plata y ha dicho que para solucionar (etapa de ejecución) pondrá un billón 200 mil pesos”, señala Yunis.

Para el exministro de Medio Ambiente José Vicente Mogollón, “ha habido pocos estudios serios porque los gobiernos andan deprisa. Este es importante porque tiene 24 meses y un presupuesto adecuado”. Yunis lo define como “un reto de nación, no de gobierno”.

Sobre el papel se asoma tan complejo como la propia construcción del Dique en la época de la colonia, que tras cientos de años de trabajos resultó en un canal artificial del río Magdalena. De 270 curvas, en su inicio, pasó a 50, ya en el siglo XX, lo que lo convirtió en una autopista fluvial de 114,5 kilómetros, que nace en Calamar (Bolívar) y desemboca en el mar Caribe, en la bahía de Cartagena, y aumentó su caudal y con ello el flujo de sedimentos.

Corales, en 'jaque'

La acelerada sedimentación ha aumentado la extensión del Dique desde 1984 en tres kilómetros, dentro de la bahía de Cartagena. Para Yunis, “los impactos más brutales se dieron en el siglo XX, en un lapso de 70 años”. Evidenciarlos es simple desde el avión que lleva a Cartagena: en la desembocadura, el color del mar, un verde profundo, perdió su encanto y ahora luce distorsionado y con un aspecto similar al del chocolate que se bebe en una taza.

Alejados de los términos técnicos, los pescadores sienten el impacto. “El bagre que salía mucho hoy casi no aparece. En cambio, conocimos el róbalo”, dice Darío Ávila, un veterano pescador y agricultor que vive en Caño Correa.

La utilidad del río para la navegación también sufrió cambios. Por las aguas dulces del Dique desde el año 58 lo más importante que se mueve es el crudo entre las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena.

Y esa agua rica en nutrientes que es la del río desemboca en la bahía de Cartagena, pero cada vez llega más lejos mar adentro. Ya alcanzó los arrecifes de coral en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, y si no se soluciona el problema se convertirá en un chorro directo.

“Hemos tenido algunas secuelas de ese bombazo del canal del Dique (un incremento en el caudal en época de lluvias que genera mayor carga sedimentaria) en la zona de isla Tesoro –a unos 50 minutos en lancha desde la bahía de Cartagena–, que aunque está alejada y es la menos afectada, se ve influenciada”, dice el capitán de Corbeta Carlos Martínez, director del Parque.

El costo ambiental de mantenerse esta afectación sería incalculable. “Los corales albergan la mayor diversidad del Caribe y garantizan la seguridad alimentaria de las personas que viven en el litoral. A eso se suma que son un atractivo turístico de vital importancia para Cartagena y sus poblaciones vecinas, en las que su economía gira en torno al turismo”, explica el capitán Martínez.

Cifras del año pasado muestran que 422.500 personas ingresaron al Parque, dejando utilidades superiores a los 2.500 millones de pesos. Ese dinero, sin sumar lo que perciben los vendedores de pescado, los guías y hasta los hoteleros del comercio local, se devalúa al enfrentarlo con los costos del dragado que al año genera el Dique: un desangre económico supera los 6 millones de dólares.

“Hoy tienen que dragar en Calamar todos los años 750.000 metros cúbicos de arena y en la bahía de Cartagena 450.000 metros cúbicos de lodo, lo que suma un 1’200.000 metros cúbicos. Cifras registradas del año pasado que citaban a Cormagdalena mostraban que para esta labor se destinan 12.200 millones de pesos”, dice el exministro Mogollón.

En medio de esa realidad emerge la posibilidad de solucionar la problemática del Dique, que aún se ve con la turbidez que lo identifica cuando se une con el mar.

Para aclararla, privados vienen trabajando en un comité en cabeza de la Cámara de Comercio, y en el que participan fuerzas vivas de Cartagena y organizaciones ambientales, como TNC.

Diversos actores debatirán desde el jueves en Cartagena ideas que corrijan el cauce de esta situación. Allí se cumplirá el segundo Foro Mundial del Medio Ambiente, donde se espera la presentación del consorcio Royal Haskoning DHV y Gómez Cajiao, en la que socializará su proyecto de restauración, una luz para tratar las aguas de un problema que crece como un río en invierno.

Foro buscará soluciones

El 5 de septiembre se realizará en Cartagena el II Foro Mundial de Medio Ambiente, donde se presentará el consorcio conformado por la empresa holandesa Royal Haskoning DHV y la firma colombiana Gómez Cajiao, encargado de los estudios y diseños para las obras de recuperación del canal. Allí se planteará un comité de seguimiento para discutir los avances del mismo. Participarán, entre otros, el Ministro de Ambiente, la Gerente del Fondo de Adaptación, la Directora de la ANLA, la Contralora General y el Gobernador de Bolívar.

NICOLÁS CONGOTE GUTIÉRREZ
Enviado especial de EL TIEMPO
Cartagena