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¿Deben las Farc tener cupo directo al Congreso?

Una idea similar se aplicó en 1991. Para algunos, deben ganar en las urnas su lugar en la política.

La reciente propuesta de entregar a las Farc, sin mediar elección y 'por tiempo limitado', las 14 curules en el Congreso que en los 80 pertenecían a la Unión Patriótica, revivió uno de los temas más polémicos del proceso de paz en La Habana: ¿debe la guerrilla recibir, por el sólo hecho de desmovilizarse, un lugar fijo en el legislativo? ¿Qué condiciones se les debe exigir para hacer política? (Los lectores de ELTIEMPO.COM también participaron en el debate. Lea sus opiniones aquí)
La idea fue lanzada inicialmente por León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación y miembro del grupo de memoria histórica: "Sería una acto de justicia y de reparación con esa colectividad y una señal importante de paz", dijo. Y se conoce precisamente cuando el Gobierno y las Farc concluyeron hace pocos días un nuevo ciclo de conversaciones en La Habana, precisamente sobre participación en política, el segundo punto de la agenda entre las partes.
En 1986 la Unión Patriótica, nacida de un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, había alcanzado una participación política significativa: tenía nueve senadores, cinco representantes a la Cámara, 23 alcaldías propias y 102 en coalición. Esto, además de 52 concejales y 14 diputados en todo el país.
Pero el exterminio y la persecución violenta de la que fue objeto, que le costó la vida a por lo menos tres mil de sus integrantes (la Fundación Manuel Cepeda Vargas dice que los muertos llegaron hasta 5 mil) hizo que la UP se extinguiera física y jurídicamente.
Ahora, con la reciente decisión del Consejo de Estado de devolverle la personería jurídica, es decir permitirle participar en las elecciones, la posibilidad de que esa colectividad sea el espacio de participación de las Farc, si tienen éxito los diálogos en La Habana, está latente.
Por eso, para Valencia, una forma ideal de aprovechar esa 'resurrección' sería enviar un mensaje de "reparación política" y darle de nuevo a ese partido las 14 curules que tenía en Senado y Cámara.
Esto se podría lograr por dos vías, explica Valencia. O a través de un decreto del presidente Santos apoyado en la Ley de Víctimas, un trámite relativamente rápido; o a través de un proyecto de ley en el Congreso, proceso más largo y dispendioso.
La herramienta de dar curules a desmovilizados no es nueva en el país. De hecho se había aplicado cuando, al nacer la Constitución de 1991, se incluyó el artículo transitorio 12, que permitía hacerlo por una sola vez. Esto se usó con la Corriente de Renovación Socialista, movimiento del que hacían parte desmovilizados del Eln.
"Se podrían entregar unas curules, ojalá por dos períodos o tres, para mantener la fuerza política antes de someterla a una elección. Todos sabemos que las Farc, en sus primeras presentaciones en las urnas, no tendrían ningún tipo de oportunidad de ganar representación", dijo Valencia a ELTIEMPO.COM.
Un mensaje contradictorio
Pero otros expertos, como el excomisionado de paz Camilo Gómez, creen que la idea de vincular a las Farc con la Unión Patriótica podría ser contradictoria, dado que, sostiene, la UP siempre intentó desligarse de ser considerada "el brazo político de las Farc", como fue llamada la colectividad en 1990 por el entonces ministro de Gobierno de Virgilio Barco, Carlos Lemos.
"En ese sentido, mal haríamos si ahora tratamos de repararlos permitiendo la entrada directa de personas de las Farc. Sería contradictorio con lo que han dicho anteriormente en la UP", opinó Gómez.
El excomisionado de paz cree que, si bien está claro que un resultado del proceso de paz debe ser la posibilidad de hacer política, deben hacerlo con ciertos requisitos: dejación total de las armas, garantía de reparación de las víctimas y "someterse a las reglas de la democracia". Es decir, presentarse a elecciones como cualquier otro partido, con los mismos derechos y deberes.
Esa es la misma idea que comparte el exgobernador Antonio Navarro Wolf. De hecho, durante el foro 'La mesa de La Habana', organizado en Medellín por la Universidad Eafit y reseñado por el diario El Colombiano, Navarro consideró que si las Farc quieren hacer política deben ganarse el favor del pueblo en las urnas, tal como lo hizo el M-19 una vez entregó las armas a finales de los 80. Agregó que no se puede pensar en darles todo gratis.
Incluso, en declaraciones a EL TIEMPOen junio de este año, recordó lo difícil que fue para el M-19 ganarse un lugar en la vida democrática: “Desde la primera campaña, después de firmar la paz, me han llamado guerrillero h. p. Me torturaron, me hicieron un consejo verbal de guerra, estuve preso, me arrojaron una granada cuando estaba negociando la paz, estoy sin una pierna, hablo gago y todavía dicen que me sacaron del monte y me volvieron congresista, ministro y gobernador. Hermano, esto se gana con apoyo ciudadano y votos limpios”, subrayó en ese momento el actual vocero del movimiento Progresistas.
Pero no solo eso. Parte del debate alrededor del proceso de paz, y de la propuesta de Valencia, es quiénes tendrían derecho a hacer política y quiénes no. Para Alfredo Rangel, director del Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, "los responsables de crímenes de lesa humanidad y delitos atroces no podrán ser elegibles para acceder al Congreso. Únicamente aquellos guerrilleros que sean condenados por el delito de rebelión".
Esto, dice Rangel, dejaría por fuera a todos los miembros del Secretariado y los jefes de bloque de las Farc. Pero permitiría que los combatientes de base, accedan a una curul.
Una vez cumplido ese requisito, se podría crear una "circunscripción especial de paz" en el Congreso, como la llamó Rangel, en la que tendrían asiento los desmovilizados de las Farc. "El número de curules es accesorio", consideró.
Sin embargo, es difícil creer que los comandantes o jefes de bloque de la guerrilla quieran quedarse por fuera de la política (de hecho, Iván Márquez fue militante de la UP en los años 80) y parece aún más complicado que un guerrillero raso pueda aspirar a tener éxito en las urnas.
"El tema de quiénes podrían participar y quiénes no hace parte de una discusión amplia que deberá ser resuelta en La Habana y es el tratamiento jurídico que tendrán los miembros de las Farc", dijo el politólogo Alejo Vargas.
¿Qué ha dicho la Unión Patriótica?
En la UP la idea tiene calado, pero hasta cierto punto. Omer Calderón, quien oficia como presidente de la UP, dijo este martes a la agencia Anncol sobre la propuesta de Valencia que ese partido luchará por la restitución de los espacios políticos que tenía, aunque dejó claro que ese movimiento no sólo fue integrado por desmovilizados de esa guerrilla sino por otros sectores sociales.
"Junto con el reclamo que hace la UP de la restitución de las curules, apoyamos la iniciativa de que como resultado de los acuerdos en La Habana, se le asigne una participación directa a las Farc en las corporaciones públicas del orden local, departamental y nacional", dijo Calderón según lo publicó Anncol.
Pero eso no significa que acepte de plano que esa guerrilla entre al Congreso a ocupar las curules de la UP. De hecho, el pasado 13 de junio, Calderón dijo en EL TIEMPO: "Nosotros no vamos a feriar nuestros avales. Que nadie nos confunda: una cosa es la Unión Patriótica y otra son las Farc; cada uno tiene su propio perfil”.
Pero Valencia asegura que su idea ya ha sido sondeada con altos directivos del Congreso. Y, revela, ha notado un buen ambiente para que se vuelva realidad. Eso sí, todo está amarrado a lo que ocurra durante los próximos meses en La Habana.
RAFAEL QUINTERO CERÓN
REDACCIÓN EL TIEMPO.COM
@thefugazi
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