Los cinco pueblos que más han sufrido por la guerra

Los cinco pueblos que más han sufrido por la guerra

Grupo de Memoria Histórica identificó los municipios más castigados por distintos actores armados.

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27 de julio 2013 , 08:00 p.m.

Doscientos son los municipios del país que con mayor rigor han sentido la violencia del conflicto armado, según consignó el Grupo de Memoria Histórica en la reconstrucción que hizo de los 54 años de guerra en Colombia, desde 1958. El informe, entregado al presidente Juan Manuel Santos el miércoles, recomienda que el Estado repare a estas poblaciones con una fuerte inversión social. 

A la cabeza de estos municipios están Apartadó, en el Urabá antioqueño; Tibú, en Norte de Santander; Barrancabermeja, en Santander; El Castillo, en el Meta, y Fundación, en el Magdalena.

En estos se vivieron todos los tipos de violencia y hubo una gran cantidad de víctimas, según el documento.

En algunas de las poblaciones afectadas por masacres, desapariciones forzadas, secuestros, falsos positivos, asesinatos selectivos, campos minados, torturas y violencia sexual, entre otras agresiones, sus habitantes han pedido como reparación cosas tan básicas como una carretera. Sin embargo, será el Gobierno con sus instituciones el que determine la mejor manera de resarcir a las víctimas en cada lugar. (Vea aquí fotografías de archivo publicadas en el informe).

Con ayuda de pobladores y organizaciones, EL TIEMPO recogió algunos de los hechos más graves de responsabilidad de paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, bandas y hasta agentes del Estado en las cinco poblaciones que encabezan el listado.

Apartadó, corazón del eje bananero de Urabá, padeció varias de las peores masacres que recuerde el país en medio del enfrentamiento entre los paramilitares y las Farc por el control de la zona.

En San José de Apartadó, una inspección de este municipio, nació la primera comunidad de paz del país, que, por resistirse a la presencia de cualquier actor armado, incluso el Ejército y la Policía, padeció violencia y fue siempre vista con sospecha.

En Tibú, epicentro hoy de protestas campesinas, no olvidan las constantes masacres protagonizadas por las autodefensas ni la barbarie con la que respondieron las Farc a la arremetida paramilitar. Uno de esos episodios fue la matanza de La Gabarra, donde las Farc asesinaron a 34 raspachines de coca porque supuestamente trabajaban para los ‘paras’. (Vea en datos "50 años de guerra" de Colombia).

A Barrancabermeja la marcó la masacre de 1998, cuando los paramilitares mataron a 7 personas y desaparecieron a 25, a las que señalaron de colaborar con la guerrilla del Eln.

Y en El Castillo, donde hay registradas 3.979 víctimas, la violencia provino de una mezcla de narcotráfico, guerrilla, paramilitares y terratenientes.

Apartadó: en el corazón del conflicto más radical

Entre el 21 y el 22 de febrero del 2005, con granadas, machete y cuchillo en mano, alrededor de 60 paramilitares –en complicidad con soldados de la Brigada XVII del Ejército– perpetraron la masacre de la comunidad de paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño.

Ese aterrador episodio, en el que murieron tres niños –uno de ellos de 18 meses– y cinco adultos, conmocionó al país y al mundo. Aunque no fue la matanza que dejó más víctimas en esta castigada región, sí causó una profunda huella en una población considerada símbolo de la resistencia civil contra los grupos armados.

Para el decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit, Jorge Giraldo, Apartadó es el municipio más violento por ser el principal centro urbano de Urabá, una región que fue escenario del conflicto armado en su expresión más sangrienta.

“Confluyeron las más grandes organizaciones guerrilleras (Farc y Epl) y paramilitares. Además, ganó cierta fama por las acciones irregulares de la Fuerza Pública”, dijo Giraldo.

Eso hizo, según él, que se convirtiera en el escenario de los “dos más importantes ‘politicidios’ del país: el de la Unión Patriótica (liderado por los ‘paras’) y el de los militantes de Esperanza, Paz y Libertad (movimiento nacido de la desmovilización del Epl, en 1991), ejecutado por miembros de las Farc”.

En el caso de la masacre de San José de Apartadó, a pesar de que muchas familias han retornado a sus parcelas, el temor aún detiene a otros desterrados.

“Mi abuela nos dejó una herencia por allá. Pero yo no vuelvo. Me da miedo; dicen que hay garantías, pero apenas uno llega lo sacan amenazado o muerto, y yo prefiero perder la tierra a la vida”, dice el hombre, de 44 años.

De acuerdo con Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, en el Urabá antioqueño hay registradas 96 masacres entre 1991 y el 2001, la época en que el conflicto tocó techo.

Durante esos años, los paramilitares incursionaron en la zona para arrebatarles a las guerrillas de las Farc y el Epl el control que ejercían en la región bananera desde los 80. La confrontación se prolongó casi hasta el 2006, cuando se completó el proceso de desmovilización de los paramilitares.

Otra masacre que marcó la historia de Apartadó fue la de La Chinita, como era más conocido el barrio Obrero. Es simbólica porque allí residían bananeros y desmovilizados del Epl. Ese 23 de enero de 1994, 37 personas fueron asesinadas en las calles donde minutos antes se celebraba un encuentro comunitario, en el que se recaudarían fondos para comprar cuadernos y lápices para los niños del sector. Los verdugos fueron guerrilleros y milicianos de las Farc.

Con el paso de los años, el conflicto ha ido cambiando y hoy se ha ensañado con quienes pretenden retornar a sus tierras. Ahora la restitución se juega en esta región una batalla clave y definitiva.

REDACCIÓN MEDELLÍN

Tibú y La Gabarra: la maldición de la coca

Conocida como la capital del Catatumbo, epicentro hoy de una protesta campesina que ya cumple 50 días, Tibú y su corregimiento La Gabarra, en Norte de Santander, han sufrido las consecuencias de estar en una zona rica en recursos naturales como el petróleo, y muy fértil para el negocio ilegal del narcotráfico. Este territorio, hoy bajo el azote de las bandas criminales y la guerrilla, vivió su mayor escalada de terror a principios de la década pasada, en un periodo de seis años en el que hubo siete masacres, perpetradas por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y las guerrillas de las Farc y el Eln.

La oleada violenta se inició el 29 de mayo de 1999 y tuvo su última incursión el 15 de junio del 2004. El balance fue devastador: 162 personas asesinadas durante ese periodo. Según los pobladores de la zona, desde marzo de 1999 se conocían las intenciones de Carlos Castaño, entonces líder de las Auc, de apoderarse del corregimiento de La Gabarra, en la frontera con Venezuela, y considerado en esa época el mayor productor de coca del país.

El sábado 29 de mayo comenzó la pesadilla para los 8.000 habitantes de este corregimiento. Ese día, un comando paramilitar instaló un retén en una carretera que conduce al pueblo, asesinó con lista en mano a ocho personas –a las que acusaba de ser auxiliadoras de la guerrilla– y desapareció a 16 más.

Dos meses después continuó la barbarie. El 17 de julio, los ‘paras’ masacraron en el establecimiento El Morichal, a pocos metros de la estación de Policía, a siete personas y se llevaron a otras 15. Solo aparecieron los cadáveres de seis.

El terror se agudizó el 21 de agosto. Ese día, a las 8:20 de la noche, unos 150 hombres de las Auc quitaron la luz y en dos horas recorrieron La Gabarra y sembraron muerte y desolación. El saldo: 36 muertos, 10 heridos y más de 50 familias desplazadas. Ocho meses después, ese mismo grupo armado acribilló a 25 personas en Tibú.

Pero en la violencia contra la población civil también participó la guerrilla. Tres incursiones de esos grupos entre los años 2001 y 2004 dejaron 64 raspachines muertos.

Además de las continuas masacres en el periodo entre 1999 y 2004, otro de los grandes flagelos de esta región ha sido el desplazamiento, que durante esos años afectó a más de 2.000 personas. De este drama da testimonio Martha Suárez*, quien en el 2002, dos años después de que los ‘paras’ desaparecieran a su hijo y de que un hermano y un cuñado suyos fueran asesinados, decidió abandonar su finca en la vereda La Isla y se asentó, junto con su esposo y sus cinco hijos, en el municipio El Zulia.

Suárez asegura que el número de desapariciones forzadas en la zona es mayor, y que no se conocen porque muchos de los familiares no han denunciado. “No acepto que digan que asesinaron o desaparecieron a personas por ser colaboradores de la guerrilla; en mi vereda éramos gente de bien, creyentes de Dios, que siempre obramos en su nombre”, afirma.

Según un informe de la Fundación Progresar, en el 2011 la cifra de desplazados en toda la región del Catatumbo ascendía a cerca de 99.000 personas.

* Nombre cambiado por seguridad

REDACCIÓN CÚCUTA

Barrancabermeja: 30 masacres en 15 años

El 16 de mayo de 1998, dos camionetas con 40 paramilitares se ‘pasearon’ por cuatro barrios del sector nororiental de Barrancabermeja –considerado históricamente como un fortín del Eln–, dejando a su paso siete personas asesinadas y 25 más desaparecidas, en la peor incursión armada que se ha registrado en el puerto petrolero. La masacre partió en dos la historia del conflicto en esta ciudad de 250.000 habitantes, ubicada en el corazón del Magdalena Medio, y epicentro de una guerra urbana.

“Acá hemos vivido todas las violencias: la política, la de los grupos armados, la del cartel de los hidrocarburos, y aunque en los últimos años se registró una disminución de asesinatos, amenazas y extorsiones, ahora tenemos presencia de las ‘bacrim’, que se disputan este territorio”, afirma el director de la ONG Corporación Nación, Francisco Campos. Esta entidad, adscrita al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, tiene documentada en los últimos 28 años la desaparición en Barrancabermeja de 359 personas, 24.025 expulsados y la llegada de 43.479 desplazados.

Marcada por el oro negro, la ciudad ha sido escenario de reivindicaciones obreras desde mediados del siglo pasado, padeció durante décadas la presencia del Eln y, por las disputas con la guerrilla, sufrió la cruel arremetida paramilitar. La confrontación tuvo su periodo más oscuro entre 1985 y el 2000.

La estela de muerte provocada por el enfrentamiento de esos dos grupos durante esos años dejó 179 asesinatos en 30 masacres, según los cálculos del Observatorio de Paz Integral. Pero las cifras de los últimos 53 años son más crueles. Los datos de la oficina regional de la Unidad de Víctimas señalan que, en la ciudad y en 20 municipios más del Magdalena Medio, el conflicto ha dejado 58.930 víctimas, de las cuales 5.000 fueron asesinadas y 45.000, desplazadas.

Pese a las constantes presiones, las víctimas y el tejido de organizaciones sociales locales han trabajado en la búsqueda de la verdad y el restablecimiento de los derechos humanos. “Hemos asumido muchas responsabilidades que, en mi caso, me generaron amenazas y me obligaron a salir de la ciudad, pero al igual que otros, regresamos para seguir trabajando”, asegura Luz Almanza, coordinadora de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos.

Pero todavía queda mucho camino por recorrer, según explica Rocío Campos, coordinadora del Colectivo 16 de Mayo y familiar de tres de las víctimas de la masacre de 1998.

“No podemos hablar de reparación integral, pues el dinero no compensa el daño de la desaparición de nuestros familiares”, dice Campos. Y pone un ejemplo: por la masacre de 1998 solo hay cinco paramilitares condenados y 24 miembros de la Policía y el Ejército investigados.

REDACCIÓN BUCARAMANGA

Fundación, un corredor estratégico y disputado

El municipio de Fundación (Magdalena) ha sido uno de los más golpeados por la presencia de las Farc, el Eln y, posteriormente, por los grupos paramilitares. Su talón de Aquiles: ser el corredor estratégico que conecta a la Sierra Nevada, Cesar y La Guajira.

La localidad se convirtió en el centro de una encarnizada disputa territorial, que se reflejó en una gran cantidad de homicidios selectivos. Entre los años 2003 y 2006 –según cifras de la Policía– se presentaron 239 asesinatos en este municipio de más de 50.000 habitantes.

La principal consecuencia de esta campaña de terror fue el desplazamiento. En el 2001 abandonaron la zona alrededor de 5.000 personas. Paradójicamente, ese mismo año Fundación recibió más de 12.000 desplazados, que huían de la violencia en otros rincones del Magdalena.

De la vereda Sacramento, en zona rural de Fundación, por ejemplo, huyeron unas 145 familias, dejando un pueblo fantasma. El retorno comenzó apenas hace cuatro años.

Otro fenómeno que se presentó fue el secuestro y el cobro de extorsiones. Fundación, conocido como ‘La esquina del progreso’, dejó de ser próspero. “El comercio se murió por el miedo. Los comerciantes y ganaderos pasaron de ser protegidos por algunos grupos ilegales a sufrir por las ‘vacunas’ y el robo de ganado”, contó una de las víctimas.

Tras la desmovilización del Bloque Norte de las Auc, en mayo del 2006, y el aumento del pie de fuerza del Ejército y la Policía, la situación de orden público ha mejorado. Fundación se encuentra hoy trabajando en el proceso de restitución de tierras. A la fecha se han presentado 95 solicitudes, que corresponden a más de 5.000 hectáreas. Hasta ahora, ninguna de estas solicitudes se ha hecho efectiva.

REDACCIÓN SANTA MARTA

El Castillo, con cerca de 4.000 víctimas

La carrera que Amparo Ferreira hizo hace 18 años desde el municipio de Ataco (Tolima) hasta El Castillo (Meta) para huir de la guerra entre las Farc y los ‘paras’ de nada le sirvió. Mientras que en el sur del Tolima las Farc le mataron a su hermano mayor y los paramilitares a un tío, en el 2004, en El Castillo, las Auc la tacharon de guerrillera y un año después le pasaron una moto por encima a su esposo, quien murió como consecuencia de las heridas. Amparo quedó viuda y con cinco hijos en un municipio en el que hoy, según la Unidad de Víctimas, viven 3.979 afectados por el conflicto, más de la mitad de los 6.385 habitantes que la Alcaldía certifica en su web.

En esta población del Ariari se registraron homicidios selectivos, masacres y desapariciones. Empezaron a mediados de los 80, cuando comenzó la persecución por la tierra contra los campesinos que habían llegado tres décadas atrás huyendo de la violencia bipartidista en la región andina.

Islena Rey, directora del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en el Meta, quien recorrió El Castillo y el sur del departamento para documentar el conflicto, afirma que los campesinos resultaron víctimas de “una mezcla peligrosa de narcos, paramilitares, políticos y terratenientes interesados en apropiarse de las tierras”. Entre las tragedias que nadie olvida en El Castillo está la de junio de 1988, cuando paramilitares acribillaron a 17 de los 18 ocupantes de un campero en Caño Sibao. Todos eran campesinos y militantes de la UP. Solo sobrevivió una niña de apenas ocho años.

Miguel Herrera Arciniegas
Villavicencio
REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS

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