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Cigarrillos del presidente de Paraguay inundan a Colombia

Bandas criminales manejan su venta en la Costa y Antioquia para lavar dinero.

UNIDAD INVESTIGATIVA
‘Ramiro’ y ‘Marquitos’ son hoy los principales competidores en Colombia de las poderosas multinacionales tabacaleras Philip Morris y British American Tobacco (BAT).
En el 2012, entre ambos vendieron 2.240 millones de cigarrillos –especialmente marca Ibiza, Marine y Rumba–, equivalentes al 14 por ciento del mercado nacional. Y este año se espera que su participación ascienda al 20 por ciento, suma elevada si se tiene en cuenta que, al año, los colombianos consumen cerca de 17.000 millones de cigarrillos.
Su rápido ascenso radica en que comercializan la cajetilla a 700 pesos, la mitad de lo que vale una caja de Marlboro o de President. Además, que detrás de su red de distribución está la ‘Oficina de Envigado’ y la banda de ‘los Urabeños’, que controlan su venta en 38 barrios de Medellín, en Chocó, Córdoba y la Costa Atlántica.
Según la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), a cargo del general Gustavo Moreno, la banda se conoce como ‘Caribe’, y el año pasado capturaron a 12 de ellos.
“El contrabando está completamente ligado a las bandas locales y son el eslabón de una gran organización criminal internacional”, aseguró el gerente del programa Antioquia Legal, Rubén Fernández, cuyo departamento es el más golpeado.
Según la Dian, por cuenta del contrabando del cigarrillos, se dejan de recibir 16 millones de dólares al año en impuestos.
EL TIEMPO revisó los reportes de decomisos y comprobó que gran parte de las cajetillas incautadas en 2012 –5 millones– son Ibiza y Merines. Además, que salieron de la Tabacalera del Este, una fábrica paraguaya cuyo dueño es el electo presidente, Horacio Cartes, quien asume el poder en agosto.
Líos desde hace rato
Las cajetillas no tienen las exigencias legales para ser comercializadas en América Latina, como el pictograma sobre los efectos del tabaco y datos de origen y destino.
Además, en el 2004, esa misma tabacalera fue acusada, por una comisión legislativa de Brasil, de contrabandear cigarrillos por la triple frontera: Argentina, Brasil y Paraguay. Y a Cartes, de 56 años, se le vinculó con el ingreso ilegal de remesas.
De hecho, un WikiLeaks de la embajada de EE. UU. en Argentina, revelado en 2011, señala que la DEA lo indagaba hacía cuatro años por lavado y contrabando.
Ahora, informes de inteligencia indican que cajetillas decomisadas en Colombia salen legalmente de esa tabacalera y pasan por Aruba y Curazao. Los principales importadores son Universal Brands, Altac, Tabacal S.A. y Transimex.
EL TIEMPO las rastreó y estableció que todas están ligadas a la familia Mansur. Se trata del mismo clan que, en el 2000, se vio envuelto en una investigación transnacional por contrabando de cigarrillos, en supuesto asocio con multinacionales que hoy se declaran víctimas de ese mercado negro.
Dos de sus miembros, Álex y Erick Mansur, fueron procesados por lavado en EE. UU., y volvieron a Aruba tras pagar una fianza.
Registros de Aduana demuestran que comercializadoras en Maicao (La Guajira) les compran los cigarrillos a los Mansur.
En teoría, la mercancía es reexportada desde la zona especial aduanera que allí funciona. Pero, “parte de las cajetillas terminan camufladas en buses y carros que salen hacia Antioquia y la Costa por las mismas rutas que usa el narcotráfico”, dice un investigador.
Si esas cajetillas se compran legalmente en Paraguay, ¿por qué no traen especificaciones de ley? ¿Qué eslabón de la cadena desvía la mercancía a la mafia?
En Colombia nadie tiene esas respuestas. Pero directivas de la Tabacalera del Este niegan cualquier ilegalidad.
Nota diplomática
La Federación Nacional de Departamentos, de la mano de la Polfa y de la Dian, invierten millonarios recursos humanos, económicos y de investigación para neutralizar a esa red. De hecho, impulsan una ley anticontrabando para endurecer penas. Pero mientras funcionan esas medidas, los gobernadores acordaron pedirle al Gobierno que envíe una nota diplomática a Paraguay para que indague qué está pasando.
Al respecto, el embajador de ese país en Colombia, Ricardo Scavone, dijo que aun no ha recibido ningún requerimiento. Pero que, una vez se formule, hará gestiones para verificar si hay alguna deficiencia en la actuación de sus autoridades.
‘Las ventas son lícitas’
El gerente de la Tabacalera de Este, José Ortiz, le aseguró a EL TIEMPO que todas sus ventas son lícitas y dijo desconocer el comercio ilegal de sus marcas en Colombia. Sobre sus compradores en Curazao, se negó a dar datos, por razones de seguridad. Y agregó que Horacio Cartes, presidente electo, no tiene procesos pendientes y ha desvirtuado todos los señalamientos: “Nuestras cajetillas salen con todas las especificaciones de ley y no tenemos información sobre requerimientos de autoridades de su país”. Altac, firma de los Mansur, dijo que respondería esos interrogantes. Pero al cierre de la edición no lo habían hecho.
Rechazo
Felipe Muñoz
Jefe del programa Anticontrabando de la Federación de Departamentos
“Este no es solo un problema de supervivencia de los departamentos, aunque la mitad de sus ingresos son por el impuesto al consumo. También es de seguridad, gobernabilidad y de salud pública. El país deja de recibir recursos para ese sector”.
Jorge Cabrera Jaramillo
Director asuntos corp. de BAT
“A pesar del aumento de las incautaciones, los esfuerzos de la Polfa y del proyecto de Ley anticontrabando, se deben tomar medidas más fuertes contra este flagelo que les roba millones de pesos a los colombianos y financia bandas criminales”.
Humberto Mora
Dir asuntos corp. de Coltabaco
“El efecto de este contrabando es dramático, no solo por los ingresos que dejamos de recibir las firmas legales, que sí pagamos impuestos, sino porque pone en riesgo 24 mil empleos que genera el cultivo de tabaco en Colombia”.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
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