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'Si no dice matrimonio, no lo vamos a aceptar': pareja LGBTI

Elizabeth Castillo y Claudia Zea fueron de las primeras en entregar su solicitud de matrimonio.

Ellas ya están casadas. Eso dicen y eso creen. Se casaron en una ceremonia realizada el pasado 25 de mayo en el Jardín Botánico de Bogotá, junto a sus familias y sus amigos cercanos; ese día intercambiaron votos y anillos con ópalo y forma de luna que cada una lleva en el dedo pulgar de su mano izquierda. (Vea acá imágenes de las parejas que solicitaron el matrimonio igualitario).

Y aunque sienten que están casadas, fueron de las primeras parejas homosexuales en llegar el jueves al edificio de reparto judicial en el centro bogotano a solicitar, por escrito, el matrimonio civil. Con ese nombre: matrimonio. No con otro. (Lea acá: Choque de trenes entre Fiscal y Procurador por bodas gays)

Elizabeth Castillo y Claudia Zea son pareja desde hace cuatro años. Elizabeth es abogada de la Universidad de Caldas y una de las activistas de los derechos de la comunidad LGBTI más reconocidas en el país; Claudia es psicóloga y trabaja en el área de permanencia estudiantil de una universidad bogotana. Tres razones las llevaron a buscar el matrimonio: la primera es el amor, claro; la segunda es de carácter legal, con el propósito de proteger los derechos de cada una de ellas; la tercero es de afirmación: “Somos iguales –dicen–. Como cualquier pareja en el país”.

Como cualquiera, sí, aunque con una ruta más difícil. Han tenido que aguantar un escupitajo en la calle lanzado por alguien que no soporta ver a dos personas del mismo sexo tomadas de la mano, por ejemplo. O los adjetivos en medio de discursos dados en recintos elegantes. “Que somos mujerzuelas, inanes, no aptas para ser madres. Todo el tiempo. Ta-ta-ta. Insulto tras otro. Nos produce tristeza. Hemos llorado mucho. Pero ese no es el mensaje que queremos transmitir, sino el de la lucha por los derechos”, dice Castillo.

Elizabeth y Claudia hablan de esto en la sala de su casa. Al lado, en una mesita, hay un portarretratos: se ven ellas dos y sus dos hijos. El hijo de Elizabeth tiene 22 años y está estudiando música; el de Claudia, también universitario, acaba de cumplir 21. “Nosotros –la comunidad LGBTI– no buscamos el derecho al matrimonio para poder adoptar, como muchos creen. Entre otras cosas, porque muchos ya tenemos hijos”.

Elizabeth y Claudia, 42 y 39 años, ya compraron un carro en conjunto. Tienen planes de adquirir un inmueble, pero prefieren definir antes los asuntos legales. Es mejor que todo quede claro, dicen. “Y si una pareja en Colombia quiere un régimen legal claro, eso se llama matrimonio. Es lo que vamos a hacer”, agregan, casi en coro.

Por eso llegaron el jueves a la oficina judicial convencidas de que están abriendo un camino importante. Esperan que les sea asignado un juez que decida unirlas en matrimonio (“dentro del marco legal colombiano, puede hacerlo”, dicen) y no les entregue el nombre de unión solemne.

“De ninguna manera vamos a reconocer algo que no se llame contrato civil de matrimonio. Dicen que la unión solemne no se diferencia en nada al matrimonio civil, entonces ¿por qué no se llaman igual? Con eso están creando un apartheid. Lo están inventado solo para nosotros”, afirma Castillo.

Para Claudia y Elizabeth, el tema de los derechos ha sido un asunto de vida. Reconocen que ha habido avances importantes. Cómo no, dicen, si hace poco más de treinta años ser homosexual en Colombia era un delito, incluido en el Código Penal. “¡Hasta 1980, implicaba cárcel! –dice Elizabeth–. Desde que empecé mi trabajo de activista hasta ahora, ha sido como ir de la noche al día”.

“El hecho de que la gente ya entienda que existe el grupo de población LGBTI ya es un gran avance”, agrega Claudia. Ambas viven el día a día en busca de que el tema sea visibilizado. “Somos una familia –dicen–. La Corte Constitucional lo ha reiterado”. Y es seguro que lo son: viven como una, sin necesidad de que un magistrado lo tenga que dejar por escrito.

Elizabeth y Claudia escogieron una cena para contarles a sus padres que habían decidido casarse. “Yo estaba sudando”, recuerda Claudia. “Ella tuvo que pedir mi mano porque soy la niña de la casa”, dice Elizabeth. Todos las apoyaron. La mamá de Claudia estaba feliz porque su hija “iba a sentar cabeza”. Ellas ya hicieron su ritual personal de unión. Ahora les falta tener en sus manos el papel que lo ratifique. “Puede que nos demoremos. Pero lo vamos a conseguir”.

El Fiscal contradice al Procurador sobre las uniones gays

La posibilidad de que a partir de hoy los jueces o notarios puedan casar a parejas del mismo sexo –ante la falta de legislación del Congreso sobre el tema– provocó un nuevo choque entre Procuraduría y Fiscalía.

El fiscal Eduardo Montealegre le dijo ayer a EL TIEMPO que la Procuraduría no podrá investigar disciplinariamente a los notarios que decidan llamar matrimonio a las uniones de las parejas del mismo sexo. Mucho menos a los jueces, sobre quienes no tiene competencia.

Montealegre señaló, en contravía de lo que ha sostenido el Ministerio Público, que ante la inexistencia de una ley sobre las uniones gays, los notarios y jueces civiles están en libertad de interpretar la sentencia de la Corte Constitucional que les da vía libre para formalizarlas a partir de hoy.

“No es viable una sanción disciplinaria para un notario que opte por la tesis de casar bajo la denominación de matrimonio a través de una escritura a parejas del mismo sexo”, dijo el Fiscal. Y advirtió: “Eso (la sanción disciplinaria) sería una extralimitación de poder y un abuso de autoridad. Una conducta de esa naturaleza por parte de la Procuraduría estaría ingresando en los campos del derecho penal, y allí tendría que actuar la Fiscalía”.

La Procuraduría afirma que “esas uniones en ningún caso se pueden llamar matrimonio”. Les advirtió a los notarios y a los jueces que les estaba permitido acudir a la objeción de conciencia para negarse a solemnizar estos vínculos.

En contravía, el Fiscal dijo que no es posible apelar a la objeción de conciencia.

En Bogotá, parejas homosexuales pusieron su confianza en jueces

En el acto en el que tres parejas del mismo sexo radicaron la solicitud de matrimonio civil en el edificio de juzgados del centro de Bogotá –acompañadas por los más importantes activistas gays del país– hubo un mensaje claro: la confianza que esta comunidad tiene en la independencia y claridad jurídica de los jueces.

Marcela Sánchez, directora de la ONG Colombia Diversa, recordó que ayer se venció el plazo que dio la Corte Constitucional para que el Congreso legislara sobre la formalización de estas uniones mediante un vínculo contractual, que además las debe reconocer como familias. Como el Congreso no legisló, según la sentencia de la Corte (la C-577), estas parejas ya pueden acudir ante jueces y notarios para formalizar sus uniones.

Sin embargo, fueron a los juzgados porque no confían en el documento de contrato solemne elaborado para este fin por la Superintendencia de Notariado y Registro.

“Confiamos en los jueces, que aunque no han dicho si nos van a casar o no; suelen darles una mejor interpretación a las sentencias judiciales”, añadió Sánchez, quien dijo que esperan que en las próximas semanas se conozca la decisión sobre las solicitudes hechas por las tres parejas que ayer acudieron al complejo judicial.

Si la respuesta es negativa, instaurarán tutelas. “Si no hay matrimonio, seguiremos con esta batalla jurídica”, anotó Sánchez.

El abogado y activista Germán Rincón Perfetti hizo un llamado a las parejas del mismo sexo para que no vayan a firmar el contrato diseñado en las notarías. “Ese documento de los notarios es antiderechos e inconstitucional. Si una pareja que vive en unión marital de hecho hoy –derecho que se tiene desde el 2007–, que tiene toda una serie de garantías aseguradas, firma ese documento, entra en un vacío jurídico”, afirmó el jurista.

Las primeras tres parejas que solicitaron que las casaran, dos de mujeres y una de hombres, estuvieron acompañadas de familiares y amigos. Llevaban flores y lucían camisetas con leyendas alusivas al matrimonio igualitario. Una de estas era la de Sandra Rojas y Adriana González, quienes llevan ocho años de relación.

“Esperamos la independencia judicial. Queremos vivir tranquilas y sin discriminación, y el matrimonio nos da esa garantía”, expresó Sandra.

REDACCIÓN EL TIEMPO

Publicación
eltiempo.com
Sección
Política
Fecha de publicación
21 de junio de 2013
Autor
REDACCIÓN EL TIEMPO

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