Editorial: El poder de las revocatorias

Editorial: El poder de las revocatorias


23 de mayo de 2013, 11:39 pm

En una democracia participativa como la que pretende ser Colombia desde su Constitución de 1991, no solo se les reconoce a los ciudadanos el derecho a ser piezas fundamentales en las principales decisiones del Estado, sino que, además, se los invita a estar pendientes –con espíritu crítico y en estado de alerta– de los múltiples procesos que se lleven a cabo en los gobiernos de turno, con la firme convicción de que en cada una de sus ejecutorias de cierta manera se está poniendo en juego el futuro de la sociedad.

La herramienta de la revocatoria del mandato, en boca de todos hoy por cuenta de las diez iniciativas en curso en el país –y, en particular, de aquella que un grupo de ciudadanos ha iniciado contra el Alcalde de Bogotá–, es, sin duda, uno de los mecanismos de participación más importantes creados por la Asamblea del 91, aunque aún está por verse su efectividad: de 130 intentos, solo 37 han alcanzado las urnas sin que ninguno haya logrado su objetivo.

Pero el panorama puede cambiar habida cuenta de que vivimos tiempos en los que se facilita la participación. Las redes sociales, que se han convertido en un canal de suma importancia para dar a conocer propuestas y problemas que de otro modo se perderían en ese río de todo lo que sucede en el mundo, le han ido abriendo paso a una generación que parece estar más atenta a lo que ocurre con sus instituciones, sus líderes y sus servicios. Esta es una realidad a todas luces positiva.

De ahí que sea algo fundamental que este renovado interés general por lo público no sea flor de un día. Para ello es perentorio darles un uso responsable a los mecanismos para canalizarlo, incluido este de la revocatoria.

Se trata de una tarea que tiene que ser mancomunada. Los ciudadanos deben actuar a conciencia a la hora de liderar un proceso de ese tipo. Por su parte, el Estado debe, a través de la Registraduría, mostrar el mayor rigor en la verificación de las rúbricas –tiene que firmar el 40 por ciento de los electores que votaron por el ganador–. Y los funcionarios con su permanencia en entredicho, si bien están en su derecho de dar argumentos a favor de su gestión, en ningún momento pueden cuestionar la herramienta, algo que es posible hacer con las palabras, pero también con el manejo que se les dé a las planillas que contienen las firmas y los datos de quienes respaldan el referendo revocatorio. En particular si, finalmente, se establece que la nueva ley de hábeas data le confiere a esta información una protección especial.

Y es que si algo no hay que poner en duda es el hecho de que los gobernantes están en sus cargos sobre la base de unas reglas del juego que todos tenemos que reconocer, y que su deber es permitir que estos exigentes procesos de participación se lleven a cabo sin persecuciones ni señalamientos infundados a los opositores, sin ambigüedades en los discursos, ni mucho menos derroches en el uso de los recursos públicos a la hora de exponer argumentos a favor de su gestión.

Un mecanismo de participación como el de la revocatoria es, pues, una prueba de fuego para la madurez de las instituciones, de los electores y de los elegidos. Es una herramienta que hay que defender, así nunca se llegue a usar. Los procesos en curso deben servir para recordarles a los ciudadanos que en una democracia no solo tienen el derecho a elegir, sino el deber de señalar a quienes han sido inferiores al mandato conferido. El poder, según buscaba la Constitución de 1991, tendría que estar en manos de todos.