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Niños indígenas, condenados a morir por desnutrición

La niña embera de la crónica de Salud Hernández-Mora podría ser devuelta a la comunidad.

El mismo día en que Bojayá conmemoraba la masacre que segara un centenar de vidas, un bebé de cuatro meses moría en el precario centro médico de la población chocoana, a orillas del Atrato, a causa de la desnutrición severa que arrastraba. Se llamaba Nilson y procedía de una comunidad embera. En abril, fueron Yoisy, de ocho meses, y Yorleny, de nueve, los que fallecieron en Quibdó por la misma causa. (Lea aquí: La historia de una niña indígena del Chocó que no sabía sonreír).

Son apenas un puñado los casos reportados, pero otros pequeños, la mayoría indígenas emberas, se apagan en silencio en sus míseros caseríos, ante la indiferencia de los suyos. Y un buen número de los que logran sobrevivir –el año pasado se conocieron 75 casos de desnutrición en el departamento– no superan la discapacidad intelectual y física que casi siempre acarrea un mal que resulta paradójico en unas tierras exuberantes.

“Los niños los traen al hospital cuando están moribundos. Bienestar (el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) se los quita a los padres, pero cuando se reponen, se los tienen que devolver a ellos mismos o a la comunidad, porque la norma 1098 del 2006 así lo decreta. Solo en tercer lugar se contempla la adopción y los indígenas casi nunca la aceptan, aunque el niño regrese a un entorno donde volverá a sufrir desnutrición y abandono”, señala Brinnay Córdoba, la buena gerente del agonizante Hospital San Francisco, al que intenta rescatar de años de corrupción y desidia.

“Llegó una menor desnutrida. Le advertimos a la comunidad que si la sacaban se moría, pero dijeron que se la llevaban con sus médicos tradicionales. No pudimos retenerla y la entregaron después de firmar un acta con la Defensoría, Bienestar y otros”, rememora. “Los niños que recibimos son la punta del iceberg, las comunidades están llenas de niños desnutridos”, indica el pediatra Pedro Luis Álvarez.

La niña que hallamos el 6 de abril en la comunidad Nambúa (Bojayá), abandonada por su papá y madrastra, y a quien pusimos en manos del ICBF, se encuentra en un hogar sustituto de Quibdó.

En el examen médico determinaron que, junto con la desnutrición severa, padece de paludismo, de una infección en la sangre y está invadida de parásitos que le hinchan el estómago; de ahí que le cueste ganar peso.

Pero el cambio obrado en solo semanas es asombroso. Desde los brazos de su mamá temporal, que la consiente y arregla con coquetería, me mira retadora, con sus grandes ojos negros y brillantes, marcando territorio. Por fin conoce lo que es amor, comer con regularidad, estar bañada, vestida, reír, jugar con otros niños y armar berrinches cuando no consigue un capricho.

Su futuro, sin embargo, sigue en suspenso. Está en manos del comisario de Familia de Bojayá, Francis Rentería, 25 años, y de las autoridades indígenas, que tienen la última palabra, aunque hasta la fecha ni el papá de la menor ni ningún miembro de su familia se haya interesado por ella.

El ICBF dará un dictamen en unos tres meses sobre su estado de salud y acerca de la pertinencia de devolverla a su comunidad o darla en adopción. Pero no es obligatorio seguir sus indicaciones, y la presión de los emberas suele imponerse contra las evidencias y la lógica.

“La ley es muy laxa, es una alcahuetería. Hay que pensar en el interés superior del niño, tomar una decisión pensando en él y no en los adultos –señala una funcionaria del ICBF de larga trayectoria–. Todavía está el Estado en deuda de articular de manera efectiva la jurisdicción ordinaria y la indígena”.

Según el director seccional de Fiscalías del Chocó, Juan Carlos Galeano, “hay desconocimiento de que la desnutrición es una forma de maltrato”.

Varios son los factores que recitan los expertos entrevistados en Quibdó, miembros de entidades y organismos dedicados a combatir el problema, y que se confabulan contra la felicidad y salud de los menores emberas desnutridos: comunidades lejanas, de difícil y costoso acceso por río, cada vez más débiles porque se dividen con frecuencia por diferencias entre los líderes; pobreza extrema en unos hogares atestados de niños; carencia de centros de salud; minería y coca que los desplazan y contaminan sus fuentes alimentarias; conflicto armado, mentalidad de mendigos en espera de subsidios; cultura de malos hábitos de higiene, de preponderancia de los adultos sobre los niños, al punto de que pueden comerse en solo dos días los suplementos alimenticios mensuales destinados a los pequeños.

Otro obstáculo es que para superar la desnutrición no basta con darles de comer, sino que requieren tratamiento médico. Pero cuando regresan a sus comunidades no pueden hacerles seguimiento, porque no cuentan con centro ni personal de Salud.

“Los que hay en la actualidad no funcionan. La forma de vida de los indígenas y sus costumbres no les permiten seguir nuestros programas, no les resuelven las carencias alimentarias, habría que poner en marcha otros procedimientos y, sobre todo, cambiar mentalidades”, opina una mujer que conoce al dedillo los programas.

Tampoco el Estado puede eludir su responsabilidad, y no solo por su legendaria incapacidad de llevar progreso al Chocó, enfangado en el atraso y la corrupción.

“Siempre empiezan los programas de complemento alimenticio con retraso de dos meses porque el Estado no libra el dinero al iniciarse el año”, denuncia una persona que trabaja con la Diócesis de Quibdó, una de las escasas instituciones confiables.

“El origen está en el hambre, por la improductividad de los territorios indígenas, no porque seamos perezosos como algunos dicen. No hay pescado ni cacería, nuestras tierras solo producen maíz, plátano y banano. El conflicto es otro factor, y los programas de seguridad alimentaria se convierten en intereses politiqueros. Además, lo que da Bienestar no siempre sirve. Una mujer me dijo que estuvo dos días cocinando lentejas, pero nunca se ablandaron”, asegura Arnobio Hachito Isarama, secretario general de la Asociación Orewa.

“Hay unas normas en la Reglamentación Indígena que señalan que debemos corregir a la persona que comete el delito de abandono del menor y castigarla. Pero no los damos en adopción, porque tiene otra connotación. Cuando la niña empiece a hablar, va a tener otra mentalidad distinta a la nuestra y no hablará embera”, afirma.

La cuestión no es de idioma, replico, ni siquiera habla y ya va para dos añitos.

“Es el papá el que tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros tenemos que hacer que cumpla”, insiste con firmeza. Su tesis la resume una enfermera: “La salud y la felicidad de la niña dependerán de las ganas del papá de corregirse”.

SALUD HERNÁNDEZ-MORA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
QUIBDÓ

Publicación
eltiempo.com
Sección
Colombia
Fecha de publicación
23 de mayo de 2013
Autor
SALUD HERNÁNDEZ-MORA

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