'Desminar el país podría ser pena alternativa para las Farc': Fiscal

'Desminar el país podría ser pena alternativa para las Farc': Fiscal

Para Montealegre, pensando en el posconflicto, existen formas de purgar penas distintas a la cárcel.

'Desminar el país podría ser pena alternativa para las Farc': Fiscal
15 de mayo de 2013, 03:38 am

Sobre la polémica que ha suscitado la posibilidad de que, ante una eventual firma de la paz con las Farc, los guerrilleros no paguen cárcel, ni siquiera por delitos de lesa humanidad, el fiscal general, Eduardo Montealegre, aseguró en el programa ‘Pregunta Yamid’, de CM&, que, aun en este escenario, no se puede decir que habrá impunidad. “No soy partidario de las amnistías absolutas e incondicionales”, dijo.

Afirmó que también es partidario de que haya penas alternativas dentro de la justicia transicional, aún para delitos de lesa humanidad.

Lo que se está buscando, según el Fiscal, es que la guerrilla “no necesariamente” pague sus delitos en prisión, sino que, en aplicación de la justicia transicional, purguen otras penas como en el caso de Angola.

“Obligar a los combatientes a que retiren todas las minas ‘quiebrapatas’ sembradas en el conflicto puede ser una de esas medidas”, dijo.

“¿Qué es más importante: tener en la cárcel a quienes han cometido graves violaciones de derechos humanos, pensando en el pasado, o pensar en el postconflicto, en el futuro de Colombia, desactivando las estructuras criminales?”, se preguntó.

Montealegre reiteró que, aunque el marco constitucional –que ya fue aprobado por el Congreso– permite que, aun en casos de graves violaciones de derechos humanos, se suspenda la pena, será la Corte Constitucional la que en últimas determine si esto es viable o no.

“Aquí no va a prevalecer ni la posición del Fiscal ni del Procurador. (...) La decisión definitiva sobre los límites de justicia transicional y hasta dónde podemos llegar en el proceso de paz es de la Corte Constitucional”, dijo Montealegre. Esta decisión se tomará en un mes.

Además, para Montealegre, en este caso lo que va a imperar por encima de la opinión de los ciudadanos es la decisión del alto tribunal. “No puede estar por encima el Estado de opinión”, afirmó.

REDACCIÓN JUSTICIA