Procurador vs. Fiscal

Procurador vs. Fiscal


Procurador vs. Fiscal
13 de mayo de 2013, 11:31 pm

A nadie le conviene el enfrentamiento que están teniendo el Procurador y el Fiscal General por cuenta del “modelo” de justicia que se debe aplicar como consecuencia de las negociaciones del Gobierno con las Farc en La Habana. A menos que se esté beneficiando del statu quo de la guerra, a nadie le sirve que estén enfrentados el organismo responsable de la defensa del interés público con el encargado de la investigación, calificación y acusación de las infracciones del Código Penal.

El enfrentamiento es inconveniente por tres razones básicas:

1) Envía señales equivocadas a los ciudadanos, lo que crea un estado de incertidumbre y confusión en la sociedad. El hecho de que se digan cosas tales como que el marco jurídico para la paz es “una caricatura que privilegia a los victimarios y sacrifica a las víctimas en el altar de la impunidad” no solo hace que los colombianos no entiendan la importancia que tiene el que se haya optado por un camino de justicia transicional para finalizar el conflicto armado. También les está haciendo creer que, incluso, los peores delitos cometidos por guerrilleros y militares van a terminar indultados o amnistiados y –lo peor– que quienes los cometieron van a poder participar en política. Y eso no es cierto.

2) Está creando un ambiente de desconfianza en la comunidad internacional sobre la capacidad que tiene el Estado colombiano para tramitar adecuadamente el final del conflicto armado.
Para los encargados de la justicia internacional y los derechos humanos, el que se recurra a argumentos más políticos que jurídicos y que las diferencias interpretativas sean en temas tan sustantivos está comenzando a plantear dudas sobre la competencia que tienen la justicia y el Estado colombianos para juzgar y castigar a los responsables de los crímenes cometidos en el conflicto armado, así como para garantizar el respeto a los derechos de las víctimas.

El problema se va a agravar cuando esa preocupación internacional se extienda hacia los ámbitos políticos y financieros del exterior. Aquí, los señalamientos y la estigmatización del Estado colombiano se van a traducir ya no en el cierre de los espacios políticos, sino en la mayor dificultad y el encarecimiento de los flujos de crédito que la banca privada o la multilateral pueda hacer al país.

3) Es evidente que el enfrentamiento –y, sobre todo, los términos a los que ha llegado– no solo ha profundizado aún más la politización del proceso de negociación para el fin del conflicto con las Farc, al llevar al terreno institucional un asunto tan crítico como el vínculo que la negociación en La Habana tiene con la reelección presidencial, sino que ha polarizado aún más a la sociedad colombiana, entre el extremo de los que están señalados de ser amigos de la guerrilla y están dispuestos a entregarle todo a cambio de paz, y los calificados como enemigos, que están en el lado opuesto.

Sin importar las tensiones que tengan, Procurador y Fiscal deben comprometerse en la tarea pedagógica de hacer entender las ventajas de haber optado por un régimen de justicia transicional para terminar el conflicto armado, así como explicar que solo los delitos políticos (sedición, rebelión y asonada) pueden ser objeto de indulto o amnistía. Y que, de acuerdo con los estándares internacionales, los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos contra los combatientes y la población civil no prescriben ni pueden quedar impunes.

Si no son castigados por las autoridades colombianas, lo serán por la Corte Penal Internacional. Es la mejor señal institucional que pueden dar, independientemente de sus diferencias.

Pedro Medellín Torres