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'Los militares también deben tener una justicia transicional'

Eduardo Montealegre le pide al Procurador que se suba al bus de la paz.

Fiscal, tengo tantas preguntas… Empiezo por esta: ¿A partir del 21 de junio los notarios estarán obligados a casar a las parejas gay?

De la decisión de la Corte Constitucional se desprende una interpretación razonable y plausible. Como el Congreso no legisló sobre el tema, el matrimonio entre homosexuales es una de las opciones posibles. Las parejas homosexuales podrán, a partir del 21 de junio, acudir ante notario para formalizar esa actuación propiamente como un vínculo contractual de matrimonio.

¿Será un matrimonio y podrá llamarse así?

De la sentencia de la Corte pueden surgir dos interpretaciones razonables, válidas ambas. Una, que cualquier notario puede casar a una pareja de homosexuales bajo el título de matrimonio, y por lo tanto ese notario está legitimado para elevar una escritura pública sin que cometa ningún ilícito ni desde el punto de vista disciplinario ni penal. Pero un notario también es libre de interpretar que no cabe el vínculo contractual llamado matrimonio, sino uno totalmente distinto.

¿Pero un notario puede negarse a casar a una pareja gay?

No. Lo que sí tiene es la opción de casar como matrimonio o de decir, dentro del margen de interpretación que brinda el fallo de la Corte, que no casa como matrimonio, sino bajo otra figura contractual. En cualquiera de las dos interpretaciones, obligatoriamente tendrá que formalizar esa relación.

¿Qué pasa si la Procuraduría no está de acuerdo con usted?

No sería viable una sanción disciplinaria para un notario que optara por la tesis de casar bajo la denominación de matrimonio en una notaría, a través de una escritura, a dos personas del mismo sexo.

¿Pero qué pasa si la Procuraduría decide sancionar a un notario que oficie un matrimonio entre gays?

Habría una extralimitación de poder y un abuso de autoridad. Una conducta de esa naturaleza por parte de la Procuraduría estaría ingresando en los campos del derecho penal y tendría que actuar la Fiscalía General de la Nación.

¿O sea que la interpretación aplicable será la de la Fiscalía y no la de la Procuraduría?

Hago simplemente un llamado respetuoso al doctor Ordóñez frente al gran debate que se aproxima sobre el matrimonio de los homosexuales y la posible conducta que asumirán los notarios. Sería muy grave para la institucionalidad del país poner a los notarios en un dilema trágico, al estilo de la tragedia griega, entre la espada divina del Procurador y la espada terrenal de la Fiscalía General de la Nación.

El matrimonio gay no es lo único que lo separa conceptualmente del Procurador. Ya se han enfrentado públicamente por el tema de la paz…

Tengo unas excelentes relaciones personales con el Procurador. Esta semana hasta desayunamos juntos. Pero tenemos concepciones muy diferentes del derecho y de la sociedad. De ninguna manera vamos a llevar esto al campo personal.

No parece. El día de la marcha, usted le hizo un plantón frente a la sede de la Procuraduría…

El propósito del plantón fue una invitación al Procurador General de la Nación para que se sume a este proceso de paz. Era una expresión no solo de Eduardo Montealegre, fiscal general, sino de Eduardo Montealegre exviceprocurador general de la Nación. Un llamado cordial para que el Procurador no pierda su rumbo de defensa de la sociedad, de las minorías, de los derechos humanos. Para que las concepciones muy respetables –religiosas y filosóficas– que tiene el Procurador General de la Nación no se confundan con el ejercicio de su función pública.

Si el Procurador dice que los crímenes de las Farc tienen que tener cárcel, como piensan muchos colombianos, ¿eso lo vuelve enemigo del proceso?

No creo que el hecho de que tenga una tesis diferente sobre el modelo de paz permita que lo graduemos de enemigo del proceso.

¿O sea que es válido que otros colombianos piensen como el Procurador sin que los gradúen de enemigos de la paz?

Una cosa es que unos no estén de acuerdo con el método, pero sí con el fin. La sociedad colombiana marchó para expresar que quiere la paz. Sobre los métodos de cómo llegar a ella hay divergencia. Queremos la solución negociada del conflicto. Por lo tanto, creo que el Procurador debió estar presente en esa marcha, así tuviera divergencias conceptuales sobre el camino para llegar a la paz.

¿No haber marchado convierte al Procurador en enemigo de la paz?

Para nada. No concebiría a ningún Procurador General de la Nación en contra de la paz. Él no está de acuerdo con el camino para buscar la paz, pero la marcha no era para avalar los caminos sino para mostrarles a las Farc que queremos una solución negociada.

Otra divergencia grande entre ustedes se da alrededor del Marco Jurídico para la Paz. Mientras usted colaboró en su diseño, el Procurador insiste en que es inconstitucional…

Esas diferencias las dirimirá la Corte Constitucional en julio de este año.

Lo que está demandado ante la Corte no es todo el texto del Marco Jurídico, sino el pedacito que faculta al Estado para juzgar a los “máximos responsables por los delitos más graves”. ¿Es decir que solo se juzgará a aquellos miembros de las Farc que señale el Estado?

Después de la Segunda Guerra Mundial y la instauración de tribunales como los de Nuremberg y Japón, ha venido creciendo un nuevo fenómeno de concepción del derecho que se ha denominado justicia transicional. Apunta a resolver los conflictos que se presentan en el interior de una sociedad entre valores muy importantes como el enfrentamiento entre el derecho a la paz y el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación. Las justicias transicionales son mecanismos jurídicos aceptados por el derecho internacional para superar conflictos armados y para dar pasos de la dictadura hacia la democracia.

¿Cabe que la Corte Penal Internacional lo interprete como impunidad?

Sería contradictorio que la CPI entendiera que se propicia la impunidad cuando se acude a un marco de justicia transicional, perfectamente aceptable y compatible con los estándares de los derechos humanos.

¿No es inconveniente que usted, el propio Fiscal, esté planteando de antemano la posibilidad de que las Farc no paguen cárcel, cuando apenas arranca el proceso?

Mi postura fue explicar los alcances del marco constitucional para la paz. En este momento el país, a través del Congreso, tomó una decisión constitucional de entender que en el caso de una negociación se puede llegar hasta la suspensión de penas y condenas, incluso por graves violaciones de los derechos humanos. El Congreso trazó los límites de la negociación. Otra cosa son los escenarios de discusión política y en su momento sabremos qué irá a hacer el Gobierno en la negociación y qué dirá el Congreso, si las circunstancias políticas ameritan llegar a ese extremo, y en ello no tendrá injerencia el Fiscal. La Constitución permite llegar hasta allá, pero puede que no lleguemos.

¿No es ingenuo pensar que si usted ya dijo que se puede llegar hasta allá, en La Habana no le van a coger la caña?

El camino para conseguir la paz todavía está lleno de obstáculos, como en los Olímpicos. La paz no dependerá exclusivamente de la voluntad política del Gobierno. Tiene que haber un examen de la Corte Constitucional y, en su momento, otro de organismos internacionales como la CPI. Políticamente puede haber unos acuerdos, unas voluntades, pero todavía el país tiene que determinar hasta dónde se puede y se quiere llegar. Las Farc no la tienen fácil.

¿Por qué dice que no la tienen fácil?

Las Farc creen que todavía estamos manejando el concepto de soberanía de los siglos XVIII y XIX, cuando los Estados tenían una libertad enorme de configuración de su marcos jurídicos. Eso ha sido modificado por el discurso de los derechos humanos. Puede que exista una voluntad política, pero las Farc no la tienen nada fácil frente a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema y, sobre todo, a los tribunales penales internacionales.

Nos sorprendió escucharle que estos tipos que nos han matado, secuestrado, bombardeado con cilindros, reclutado a nuestros menores, violado a nuestras mujeres, no han cometido delitos de lesa humanidad…

Aclaro que nunca dije que ellos no han cometido delitos de lesa humanidad, sino que no han sido condenados por ellos.

¿Eso no indica ineptitud de nuestra justicia y particularmente de la propia Fiscalía?

Mientras exista el marco jurídico actual seguiremos investigando como una hipótesis muy seria de trabajo que ellos hayan incurrido en delitos de lesa humanidad y en crímenes de guerra. Investigaremos, acusaremos y los llevaremos a juicio.

Con todo respeto: ¿cómo me habla de hipótesis sobre hechos tan evidentes? Pregúntele a cualquier colombiano lo que han hecho las Farc en este país…

Obviamente hay elementos muy serios que apuntan a que se den elementos de crímenes de lesa humanidad y de guerra en las conductas de las Farc. Homicidio, desplazamiento forzado, ataques sexuales y otras conductas muy graves frente a la dignidad humana.

¿Cuántos procesos hay abiertos contra las Farc?

Hay más de 900, por cerca de 1.000 casos de desaparición forzada y desplazamiento, conductas que implicarían delitos de lesa humanidad cuando se demuestra la sistematicidad y el ataque generalizado contra la población civil.

¿Eso está parado por cuenta del proceso de La Habana?

No. No vamos a paralizar las investigaciones de la Fiscalía por el hecho de las negociaciones de La Habana. La hipótesis de trabajo es muy seria sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, estos últimos cuando se han producido violaciones muy graves del DIH. En el marco de las hostilidades los combatientes no pueden involucrar a miembros de la población civil.

¿Los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra son indultables y amnistiables en el marco de una justicia transicional?

Sí. La Constitución colombiana permite que aunque se trate de ese tipo de delitos pueda llegarse hasta a suspender las condenas.

¿Quién resolverá si se suspenden?

Si se llega a un acuerdo de paz en La Habana, el Congreso podrá determinar, a través de una ley estatutaria, si esas sentencias pueden ser suspendidas.

Sería una decisión política…

Sí. Es una decisión política que en su momento tendrá que tomar el Congreso, pero que aún no está definida.

¿No es conveniente entonces que la ley estatutaria salga después de los acuerdos de paz?

Sí. La ley estatutaria debe ser producto y reflejo de los acuerdos de paz.

¿Qué seguridad tendremos de que lo que se acuerde en La Habana no lo van a tumbar después?

En este momento solo están demandadas unas expresiones y conceptos del marco constitucional para la paz, concretamente el criterio de la selectividad: el que permite centrar la investigación en los máximos responsables, y por los delitos más graves. Creo que por el bien del país, por el futuro del proceso de paz, la Corte Constitucional debe utilizar el mecanismo de integrar la unidad normativa, para que a pesar de que no estén demandados todos los parágrafos ni textos de la reforma la Corte se pronuncie integralmente sobre el marco para la paz. Sea cual sea la decisión, no podemos someter al país a que mensual y periódicamente se empiecen a demandar pedacitos y a desmoronarse un sistema concebido integralmente.

¿Qué pasa si la Corte solo tumba un pedazo?

Cada palabra, cada frase, cada coma tienen un significado específico. Si quita algo de eso, desarticula todo el sistema. Sería crear una gran inestabilidad jurídica para el país que la Corte solo se pronuncie sobre unos aspectos muy puntuales y quede la incertidumbre de si vendrán eventuales demandas sobre el resto del marco. La Corte, como órgano de cierre de la interpretación constitucional, debe decirle claramente al país, sin ambigüedades de ninguna naturaleza, cuál es el futuro de ese marco para la paz.

¿Usted es partidario de que paralelamente con el marco jurídico para la guerrilla haya una legislación especial para los delitos militares?

Como Fiscal General de la Nación, apoyo la tesis de que los militares tienen que entrar en el marco de la justicia transicional. Debemos pensar en mecanismos de penas alternativas, de suspensión de las penas en los casos en que determine el Congreso por hechos que estén estrechamente ligados con el conflicto, para los militares que han cometido graves violaciones de los derechos humanos. Si queremos construir una paz estable y duradera, hay que incluir a todos los actores del conflicto, y desde el punto de vista del DIH los militares lo son.

¿También dependerá de lo que diga el Congreso?

Sí. El Congreso determinará hasta dónde se llega con los militares. Así como le corresponde determinar hasta dónde se llega con la guerrilla.

¿Con una legislación aparte?

Creo que debe existir una legislación distinta. Una para la guerrilla y otra para la Fuerza Pública, que pueden ser totalmente diferentes en su estrategia y en su tratamiento de justicia transicional.

¿Por fin habrá decisiones por la corrupción en Estupefacientes?

Entre el lunes (hoy) y el martes la Fiscalía comenzará a imputar cargos de nuevos hechos a 8 personas. Ellas incluyen a Carlos Albornoz y a Ómar Figueroa. Vamos a insistir en que se profiera frente a algunos de ellos detención preventiva como medida de aseguramiento, dada la gravedad de los hechos. Y también vendrán imputaciones en el caso de Estupefacientes por un caso que se ha denominado ‘La granja 32’, una finca en la Sabana de Bogotá que se avaluó por debajo de todos los precios del mercado.

Salen unos informes terribles sobre algunos concejales de Bogotá, y ellos siguen sesionando como si nada….

Estamos avanzando. En mayo haremos imputaciones contra dos concejales sobre los cuales ya hay solicitud: José Juan Rodríguez e Hipólito Moreno. Y a partir del principio de oportunidad que ya se le concedió a Julio Gómez, avalado por un juez, desprenderemos nuevas investigaciones contra otros concejales.

¿A los hermanos Moreno se les puede conceder principio de oportunidad?

Sí. En la medida en que entreguen información que permita irradiar y seguir avanzando en el esclarecimiento de los hechos. Para ciertos delitos, no para todos, hay posibilidad de preacuerdo y de principio de oportunidad.

¿Incluso para los Nule?

Si nos dan más información –no solo sobre Bogotá sino a nivel nacional– de lo que se ha conocido como el ‘carrusel’ de la contratación, y hay reparación, las puertas siguen abiertas para un preacuerdo con los Nule. Pero sobre la base de cumplimiento efectivo de privación de la libertad.

¿Es cierto que se están realizando nuevas diligencias sobre el proceso 8.000 y el crimen de Álvaro Gómez?

Sí, y es cierto que se han practicado gran parte de las diligencias en EE. UU. Si encontramos testimonios creíbles, la Fiscalía abriría una nueva investigación sobre la base de evidencias serias y creíbles.

Interbolsa: ¿Cuándo sabremos qué pasó y quiénes son los responsables?

La Fiscalía ha tenido mucha diligencia desde que se presentaron los hechos el año pasado, con una labor conjunta con la Superintendencia Financiera y con muchas entidades del sector, así como con un grupo especial de fiscales y miembros de la policía judicial. A más tardar, finalizando mayo entregaremos los primeros resultados de la investigación.

¿Ya me puede decir si existieron conductas de tipo penal en Interbolsa?

Todo apunta a que sí, en el campo principalmente de manipulación de acciones y de administración desleal. En menos de un mes estaremos presentando las primeras imputaciones contra directivos de Interbolsa por esa gran defraudación.

¿Hay algún capítulo de funcionarios públicos que no estuvieron a la altura de la vigilancia sobre Interbolsa?

En este momento estamos muy centrados en el tema de directivos. Una vez culminada esta fase, y con imputaciones, porque hemos encontrado que sí hay conductas penales, examinaremos si hay lugar a iniciar o no investigaciones contra servidores públicos.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

Publicación
eltiempo.com
Sección
Política
Fecha de publicación
29 de abril de 2013
Autor
MARÍA ISABEL RUEDA

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