Fácil de obtener, ¿imposible de perder?

Fácil de obtener, ¿imposible de perder?


Fácil de obtener, ¿imposible de perder?
17 de abril de 2013, 12:09 am

En su último libro, The end of the power, Moisés Naím sostiene que en las sociedades modernas el poder "se ha vuelto más fácil de obtener, más difícil de usar y mucho más fácil de perder" (EL TIEMPO, 17 de marzo de 2013). Las conclusiones del destacado columnista tienen poca o ninguna vigencia entre nosotros. En primer lugar, porque sólo acceden fácilmente al poder político quienes pueden sufragar los cada día más elevados costos de las campañas o aprovechan las fallas de un sistema electoral que facilita y a veces promueve el fraude.

En Colombia tampoco es "difícil usar" el poder. Aunque su ejercicio está sujeto a diversos controles, ninguno de ellos satisface a cabalidad las quejas ciudadanas, porque casi siempre son lentos e ineficaces. Podría decirse que el poder es relativamente "fácil de perder", porque para llenar las limitaciones de la Fiscalía, la Procuraduría, las contralorías, las personerías y las veedurías, hemos creado múltiples formas de control-sanción.

Sin embargo, no cumplen sus propósitos, con excepción de la pérdida de la investidura, porque gracias a ella han sido condenados a muerte política perpetua decenas de congresistas y otros miembros de corporaciones públicas, razón por la que han perdido, igualmente, su condición de barones electorales (a veces la ejercen en cuerpo ajeno). Parecidos resultados producen algunas sentencias de la Corte Suprema y otros tribunales y juzgados y las sanciones disciplinarias de la Procuraduría que inhabilitan para el ejercicio de funciones públicas.

La moción de censura no ha cumplido su objetivo -hacer eficaz el control político que deben ejercer el Congreso, las asambleas y los concejos territoriales-, porque no ha "tumbado" ni siquiera a uno de los funcionarios a los que es aplicable (ministros, superintendentes, jefes de departamento administrativo y secretarios de gobernación y algunas alcaldías). A nivel seccional y local ha producido efectos perversos: diputados y concejales 'boletean' la administración amenazando con su aprobación si no se satisfacen sus exigencias burocráticas, presupuestales o contractuales.

Mención especial merece la revocatoria del mandato. La Constitución la establece para que el pueblo ejerza su soberanía, participe en la vida pública y sancione políticamente a los alcaldes y gobernadores que, dice la ley, no cumplan su programa de gobierno y/o causen generalizada insatisfacción ciudadana con sus desaciertos. A pesar de que tales situaciones son frecuentes, entre otras razones, porque buen número de municipios y departamentos ha caído en manos de roscas y camarillas que usan y abusan del poder, hasta ahora no ha sido aprobada en un solo caso, aunque se ha intentado en varias ocasiones, básicamente porque las leyes que la reglamentan ordenan requisitos difíciles de llenar.

También, porque los alcaldes utilizan todos los medios a su alcance para evitarla. El de Iza (Boyacá), días antes de la votación que definía su suerte, pidió a los campesinos en las veredas que no fueran al pueblo el domingo siguiente. Como respondían que debían hacerlo, porque tenían que comprar el mercado de la semana, les contestaba: para ahorrarles el viaje, les traje de regalo su 'mercadito'. Obviamente, las urnas no lograron el umbral requerido.

En las grandes ciudades los procedimientos son otros. Petro promovió la revocatoria de quien consideró "pésimo alcalde de Bogotá". Ahora acusa a quienes impulsan la suya de hacer parte de siniestra conspiración y declara que "corrupción mafiosa" lo quiere tumbar. Olvida que, en vez de agraviar e injuriar a sus contradictores, tiene la obligación legal de respetar y garantizar el ejercicio de fundamentales derechos ciudadanos.
Las conclusiones de Moisés Naím son, entonces, válidas en otras latitudes. No en una nación mulata, mestiza y tropical como la nuestra.

jcastro@cable.net.co