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Martes 6 de diciembre de 2016

Consultas con minorías étnicas 'paralizan' la agenda estatal

Indígenas y afrodescendientes, las comunidades que más complejidad le han dado al proceso.

Por: DANIEL VALERO

La falta de reglas claras para realizar consultas previas con las minorías étnicas se convirtió en un problema, hasta ahora insoluble, que tiene “paralizada” parte de la agenda del país y puede afectar el desarrollo.

Esta situación, calificada por el Ejecutivo como “crítica”, tiene frenadas iniciativas legislativas claves, como la ley de desarrollo rural o las reformas del Código Minero y de las CAR, las cuales no pueden ser tramitadas por el Congreso hasta que las comunidades indígenas y afrodescendientes den su visto bueno.

El mismo panorama se observa en infraestructura, pues proyectos vitales para el desarrollo, como el tramo 3 de la Ruta del Sol –que pasa cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta– y muchos otros, no pueden comenzar a construirse hasta que las minorías los acepten como viables.

Igual ocurre con la academia. Científicos y docentes han visto afectados sus proyectos, porque cualquier investigación que implique utilizar recursos en asentamientos de minorías debe ser consultada y obtener aprobación.

La consulta previa es un derecho fundamental de las minorías étnicas consagrado en la Constitución y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Colombia. Pero estas comunidades han querido convertir la consulta en una especie de “veto” y escenario de “negociación”, lo cual ha desembocado en parálisis de procesos.

Por lo menos cinco ministerios (Interior, Agricultura, Ambiente, Minas y Transporte) están pendientes del tema, porque sus labores son las más afectadas.

Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, resumió la postura del Gobierno. Dijo que las consultas previas se convirtieron en algo “laberíntico, interminable y costosísimo que ha hecho crisis”, y que “prácticamente está paralizando la gestión estatal, tanto la legislativa como la administrativa”.

La preocupación no es gratuita. Se han invertido años en tratar de hacer esas consultas sin ningún resultado concreto, y los costos sí son muy altos. Hasta ahora los gastos para intentar la consulta de una sola ley superan los $ 4.000 millones, recursos que se destinan al pago de hotel para los representantes de las minorías, alimentación y traslado, entre otros, y como no hay términos fijos, esto puede ser indefinido.

EL TIEMPO estableció que los procesos de consulta para varios proyectos de ley se han visto frustrados por hechos inexplicables, como que en una ocasión los miembros de una comunidad indígena se pararon de la mesa porque consideraron que el menú del almuerzo, ofrecido por un ministerio, no estaba a la altura de su dignidad.

En otra ocasión miembros de otra comunidad tuvieron que ser llevados a Cartagena, con todos los gastos pagados, pero cuando se daba inicio a la discusión, estos exigieron viáticos de $ 350.000 diarios para trasladarse a hacer unas preconsultas con sus bases y avanzar en la agenda.

Otro factor que influyó para llegar a este estado de cosas son las decisiones judiciales. Por ejemplo, las adoptadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Este miércoles, un grupo de ministros acudirá a la Corte Constitucional para buscar salidas a esta maraña jurídica. El mismo día los indígenas tienen una nueva cita para tratar de definir la metodología de tales consultas.

Piden reformas

Tanto en el Gobierno como en las minorías coinciden en la necesidad de reglamentar este proceso. Juan Gabriel Uribe, ministro de Ambiente, pidió establecer “etapas y escalas para dar resultados”.

Y aunque los indígenas están de acuerdo con establecer un protocolo sobre consultas, rechazan las propuestas de reglamentación del Gobierno. Juvenal Arrieta, secretario de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), aseguró que lo planteado por el Ejecutivo “limita, restringe y le quita alcance al derecho de consulta previa”.

Daniel Mera, director de la Fundación Color de Colombia (de afros), dijo que “la verdad es que las consultas previas no están funcionando bien, por lo que es un avance que las comunidades hablen abiertamente del tema y no se cohíban por lo que es políticamente correcto”.

Esta postura la respaldó Miguel Galvis, del Instituto de Pensamiento Étnico, Social y Político (Ipesp). Enfatizó que “es el Gobierno el que no ha querido definir la política pública de manera consultada con las minorías, lo que le tranca algunos proyectos”.

Claro que una ley para reglamentar la metodología de las consultas previas necesariamente requiere ser consultada a las comunidades.

El Gobierno no pretende desconocer los derechos de las minorías, pero tampoco comparte que esto se haya convertido en un obstáculo para el desarrollo del país.

Freno a la agenda legislativa

Si algo ha afectado la consulta previa a las comunidades étnicas es la agenda legislativa. En este momento están frenados cuatro proyectos de ley claves para el Gobierno: ley de desarrollo rural, la reforma de las corporaciones autónomas regionales (CAR), la reforma del Código Minero y el decreto de acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales. El Ejecutivo tenía presupuestado presentarlos el año pasado al Congreso, pero tan demorado ha sido el trámite de consulta que ninguno de ellos llegará al Legislativo en las sesiones ordinarias, que empiezan en marzo. De hecho, la iniciativa legislativa del Gobierno va con pausa para evitar la consulta.

Estancadas obras de infraestructura

La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, afirmó: “En este momento tenemos más de 30 proyectos estratégicos en trámite de consulta previa y venimos trabajando especialmente en 18”.

Entre ellos está el tramo 3 de la Ruta del Sol, que pasa cerca de la Sierra Nevada; la Confederación Indígena Tayrona dice que no se sienta a consultar ningún proyecto hasta que el Presidente los reciba.

También se cuenta la doble calzada Buga-Buenaventura, que lleva más de tres años de retraso porque falta consultar con algunos afros ubicados en sectores por donde está proyectada la vía.

Los problemas del sector minero

El Ministerio de Minas y Energía también ha expresado varias preocupaciones por lo que está pasando con las consultas previas a las minorías étnicas. De hecho, en esa cartera consideran que el sector minero-energético puede estar “expuesto a incertidumbres en las reglas de juego”, lo que puede “desincentivar la inversión en el país”.

Uno de los ejemplos en este campo –según ese despacho– es la consulta previa que la compañía minera CCX ha intentado realizar en algunas regiones del país, ya que con algunos pueblos indígenas ha tenido avances, pero con otros el proceso “simplemente no avanza”.

Los reclamos de la academia

El sector académico también se ha visto afectado por las consultas previas. Si bien en este campo son conscientes de que es un derecho fundamental, expresan quejas por los procesos de investigación que se han frenado. Por ejemplo, en la Universidad Nacional casi no logran iniciar una investigación sobre palma, porque debían consultar a por lo menos 400 comunidades étnicas, proceso que podría costar cerca de 250 millones de pesos.

Gloria Galeano, investigadora de la Nacional, aseguró que “hay cosas para mejorar”, en la medida en que la investigación “que realizamos no es para afectar a las comunidades sino para ayudarlas en su desarrollo”.

Los fallos de la Corte Constitucional

El mayor impacto judicial en las consultas previas proviene de la Corte Constitucional, que al defender derechos fundamentales les ha dado la razón a las minorías étnicas en varios aspectos. No obstante, el entramado jurisprudencial ha puesto freno a estos procesos que tienen estancados valiosos proyectos. En la sentencia T-823, de octubre de 2012, al resolver la tutela de una comunidad afro del Valle, ordenó cambiar el sistema de conformación de la consultiva de negritudes. Con ese fallo, este órgano lo deben conformar todos los consejos comunitarios de afros, tengan o no título colectivo de tierras. Además, el 4 de diciembre emitió un auto en el que ordenó suspender todas las consultas con afros hasta que no se conforme esa instancia.

La preocupación del Gobierno Nacional

FERNANDO CARRILLO
Ministro del Interior
“Las consultas previas deben ser un factor de aceleración del desarrollo y no deben estar en un punto muerto. Esperamos una metodología y un cronograma”.

JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
“Para que un proyecto sea ley debe tener cuatro debates, pero cuando toca consultarlo tiene por lo menos 44: 20 con los indígenas, 20 con los afros y 4 en el Congreso”.

JUAN GABRIEL URIBE
Ministro de Ambiente
“La consulta previa es un paso importante, pero debe tener una serie de escalas y de etapas claras y concretas para poder generar resultados”.

FEDERICO RENJIFO
Ministro de Minas
“Las consultas previas son un proceso para reconocer la identidad de las minorías étnicas, pero no pueden convertirse en un chantaje”.

CECILIA ÁLVAREZ
Ministra de Transporte
“Hemos tenido procesos de consulta previa que han tardado cuatro meses y otros que se han demorado hasta cuatro años”.

DANIEL VALERO
Redacción Política

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