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¿Quién controla a la Contralora?

La Constitución Nacional, que a veces se ocupa hasta de las buenas maneras, dice en su artículo 23 que "toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronto resolución". La contralora Sandra Morelli considera que el respeto es obligatorio en las peticiones de ciudadano a funcionario, pero no al revés. Por eso, al responder una comedida petición de datos que le formuló el 26 de diciembre pasado el ciudadano y periodista Ramiro Bejarano, lo ataca, lo agravia, proclama que él la odia, insulta la honorabilidad profesional de la cónyuge del solicitante y resucita un viejo proceso contra una hermana suya, pero oculta que la investigada fue exonerada de todo cargo.

Es la aplicación de un juego sucio que ya vimos en algún medio de comunicación, consistente en propinar doble castigo a quien alce la voz: atacar al atrevido y darles palo a personas de su familia. Es, también, la intimidante técnica de responder a un pellizco con un cañonazo: cuando los vecinos de la Contralora protestaron por el exceso de ruido en su apartamento, la funcionaria amenazó con conseguir la demolición del edificio de los quejosos. Hace tres meses, el director de Portafolio, Ricardo Ávila, discrepó de la Contraloría en un asunto ambiental, y ella le respondió con una injuria donde sugería que la columna de Ávila estaba fletada. Ni lo probó (era falso), ni rectificó (es soberbia).

Quizás la doctora Morelli copió la estrategia autoritaria de la presidenta argentina Cristina Kirchner. Hace unos meses, un anciano se quejó de que las restricciones de divisas en su país le impedían enviar los diez dólares que regalaba a sus nietos en los cumpleaños. La Presidenta, en un trino, lo llamó "tacaño" y ordenó que una entidad oficial investigara sus cuentas bancarias. Recientemente, el actor Ricardo Darín preguntó cómo han multiplicado los Kirchner por 2.000 por ciento su patrimonio personal en el poder. La respuesta de la Presidenta enrostró a Darín que fue acusado de contrabando hace 23 años, pero omitió aclarar que el popular actor fue declarado inocente.

La doctora Morelli exige al solicitante requisitos que ni la Constitución ni la ley piden, como exponer las ocupaciones profesionales de su familia -sembrando de este modo una falsa y perversa sospecha de incompatibilidades-, mientras se abstiene de declarar las suyas. No nos contó, por ejemplo, que la Cancillería, entidad que ella fiscaliza, renombró el 11 de septiembre del 2012 a su hermana Elisabetta Morelli como "consejera de Relaciones Exteriores" de la embajada de Colombia en Italia.

Curiosamente, los funcionarios que más cacarean como vigilantes -la Contralora y el Procurador- son los que más detestan que los vigilen. Este dedicó buena parte de su discurso de reposesión a atacar a los periodistas que discrepan de su ideología medieval, y aquella contesta con garrotazos a quien se atreva a rozarla, apoyada por el gran aparato de difusión que ha montado con periodistas y asesores de imagen a sueldo. Es una lástima que la Contralora se disperse en batallas innecesarias e injustas cuando ha librado guerras realmente duras y útiles.

La democracia confiere a la prensa un papel fiscalizador sobre los demás poderes públicos. En Colombia, la Constitución extiende este derecho y esta obligación a los ciudadanos. De allí que el artículo 74 señale que "Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley".

Los documentos que reunió Bejarano -pese a que le negaron ciertas informaciones sin citar ley alguna que lo autorizara- dejan claro que esa institución debe explicar muchos de sus cuantiosos gastos: contratos multimillonarios, múltiples abogados y asesores (alguno, hijo de un antiguo jefe; otra, hijastra de su hermana), dispendio, viajes, altos alquileres...

La colosal factura la pagan los colombianos. Por eso los funcionarios deben absolver sus preguntas. Y hacerlo con respetico.

Daniel Samper Pizano
cambalache@mail.ddnet.es

Publicación
eltiempo.com
Sección
Editorial - opinión
Fecha de publicación
3 de febrero de 2013
Autor
Daniel Samper Pizano

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