Se podrían cargar hasta tres pastillas de droga sintética

Se podrían cargar hasta tres pastillas de droga sintética

Conozca detalles del nuevo proyecto del Gobierno para combatir las drogas.

Se podrían cargar hasta tres pastillas de droga sintética
30 de enero de 2013, 01:56 am

Con dos énfasis, el reconocimiento expreso de que el consumo de drogas es una enorme amenaza para el país y que la persecución penal solo será contra los traficantes, el Gobierno llevará al Congreso el proyecto que reforma, después de casi 30 años, el Estatuto de Estupefacientes.

El nuevo plan del Estado en la lucha contra el narcotráfico y sus efectos se llamará Estatuto Nacional de Drogas, y establece, por primera vez, la obligación de que todos los municipios destinen partidas para programas de prevención de consumo y tratamiento para adictos. (Lea: Gobierno propone establecer dosis mínima para drogas sintéticas).

Ese proceso se cumplirá en centros de atención para drogadictos -similares a los que propuso el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro-, en los que el servicio prestado se limitará al tratamiento de los adictos (es decir, no habrá, por cuenta del Estado, lugares para el consumo recreativo). El ingreso a esos tratamientos será voluntario, y en todo caso habrá absoluta reserva sobre los datos de los pacientes. (Conozca los efectos y los daños que generan el consumo de drogas sintéticas).

Las universidades deberán tener centros de asistencia para sus estudiantes o empleados con problemas de droga, y se establece la obligación de que las empresas con más de 25 trabajadores tengan un programa obligatorio de prevención de consumo.

El proyecto, que todavía está abierto a las sugerencias de cortes, academia y autoridades de la lucha antidrogas, pero cuyos lineamientos generales fueron conocidos por EL TIEMPO, define por primera vez las dosis mínimas de drogas sintéticas. (Lea además: Conservadores rechazan despenalizar drogas sintéticas).

Se podrán portar hasta 200 miligramos o tres comprimidos de derivados de las anfetaminas (excepto metanfetaminas, cuyo uso sigue prohibido). Sobre esto, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dijo: "La Corte Constitucional aún no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el asunto, y la propuesta en el nuevo estatuto parte de homologar la cantidad de droga ya permitida por decisión judicial, con una cantidad del mismo equivalente en drogas sintéticas".

Se mantienen las dosis autorizadas de cocaína (1 gramo) y de marihuana (20 gramos), pero las autoridades pueden recurrir a Medicina Legal cuando se encuentren frente a portadores de las variedades más concentradas. En esos casos, esa cantidad sí podría dar lugar a detención.

El Gobierno propone también que las penas para los que sean sorprendidos portando escopolamina o drogas similares vayan hasta los seis años de cárcel, además de las que correspondan por otros delitos cometidos en acciones en las que se utilicen esas sustancias.

El Estatuto sigue la línea marcada por la Corte Constitucional de mantener a salvo de castigos penales al consumidor, y plantea que los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, como los cultivadores e incluso los pequeños distribuidores, puedan recibir beneficios penales que incluso llegarían al principio de oportunidad, es decir, el fin del proceso en su contra.

En el primer caso, se aplicaría para los que se comprometan a erradicar voluntariamente el narcocultivo; y en el segundo, para los que colaboren efectivamente en el desmantelamiento de la red de narcotráfico a la que pertenecían. Este beneficio no se aplicará a mandos medios o capos.

El consumo en sitio público, como ya sucede en el país, está prohibido. O sea, se puede portar la dosis mínima, pero no consumirla en público. Quienes sean sorprendidos en esa actividad pueden ser retirados del lugar y sancionados, por ejemplo, con trabajo comunitario.

Aunque el proyecto parte de la base de que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, y por lo tanto a consumir droga si así lo decide, impone severas restricciones para proteger a los menores.

La medida más drástica es para los padres adictos o víctimas de "consumo problemático" (con alto riesgo para su integridad o de quienes los rodean), que podrían perder la custodia de sus hijos.

De hecho, el proyecto impone la obligación a padres y a tutores de "proteger del consumo" a los niños y adolescentes.

Precisamente, las penas para los traficantes serán más altas cuando hayan intentado "crear mercado" para la sustancia ilícita, por ejemplo cuando la distribuyan cerca de las escuelas.

Lo mismo pasará cuando el traficante sea una persona con ascendiente sobre los niños, como maestros. Los estudiantes que sean sorprendidos con droga o consumiendo podrían ser expulsados de las instituciones educativas.

Éxtasis, la última versión

Las anfetaminas son sustancias estimulantes del sistema nervioso central. Producen euforia, aumentan la alerta y el rendimiento, pero su uso deteriora el organismo.

Son sintéticos obtenidos tras manipular sustancias como la efedrina. Se producen hace décadas, pero su versiones más recientes se conocen como éxtasis.

Hasta 9 años por tráfico de medicinas restringidas

El Estatuto impone por primera vez cárcel para conductas que hasta ahora quedaban por fuera de la justicia.

Por ejemplo, los que trafiquen medicinas de uso restringido -que usualmente son desviadas para consumo recreativo- tendrán penas de entre cinco y 9 años. Veterinarios, médicos y odontólogos que faciliten ese desvío ilegal se exponen a cárcel de hasta 12 años.

La máxima pena por narcotráfico sigue en 30 años, con posibilidad de aumentarla en un cuarto (7,5 años) si hay hechos agravantes.

Entre ellos, la iniciativa incluye el narcotráfico a gran escala, la utilización de menores de edad para ese negocio ilícito, el suministro de medicamentos para dopaje en el deporte y cuando el traficante es educador en ejercicio.

Proyecto ya genera debate entre expertos

El médico Augusto Pérez, uno de los colombianos que más saben de consumo, considera que una de las principales fortalezas del nuevo estatuto es que "es realista".

"Por primera vez se asume el desafío de enfrentar el consumo, y plantea salidas a problemas que desbordaron el Estatuto de 1986", asegura.

Entre los avances, Pérez destaca la obligación de que los municipios destinen partidas para atender el problema de consumo. También, que se castigue severamente a los traficantes, especialmente a los que buscan 'crear mercados' en las cercanías de escuelas. "Es una trabajo serio que ha realizado el Ministerio de Justicia", señaló el experto.

Sobre la definición de dosis mínima de drogas sintéticas, autoridades consultadas por EL TIEMPO señalan que en la práctica los portadores no tienen sanción alguna. Que se establezca un marcador -200 miligramos o tres pastillas- dará por primera vez una guía para perseguir a los traficantes.

La propuesta, sin embargo, provocó reacciones. El senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, la calificó como "un retroceso" y anunció que su bancada se opondrá a ella.

Por su parte, Camilo Uribe, toxicólogo y miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), señaló que es necesario que el Estatuto defina cuáles sustancias entran en el escalafón de sintéticas, dado que varios medicamentos formulados se utilizan como sustancias sicoactivas.

Aunque asegura que regular estas drogas es reconocer un problema existente, también considera que fijar una dosis mínima podría desatar un mayor consumo.

"El problema no es la cantidad que se permite o se sanciona, sino la frecuencia con la que una persona con problemas de adicción consume. El reto es cómo establecer que la dosis mínima es la cantidad que no hace daño", explica Uribe.

El proyecto, en todo caso, sigue abierto a la discusión.

Este martes, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, lo presentó ante la Comisión Asesora de Política de Drogas, en la que tienen asiento el expresidente César Gaviria y el general (r.) Óscar Naranjo, exdirector de la Policía.

En las próximas semanas se tiene previsto realizar los últimos debates con cortes, academia y expertos para darle los últimos retoques al Estatuto de Drogas.

REDACCIÓN JUSTICIA.