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Caso Santo Domingo pone a pensar a Colombia cómo responder a procesos

Así lo piensa Adriana Guillén, directora de la Agencia Jurídica del Estado

Guillén afirma que el caso debe llevar a replantear la forma como el país afronta los procesos en su contra en el Sistema Interamericano.

Según Guillén, en el fallo se le da un espaldarazo a la justicia colombiana, pues expresamente señala que las instancias internas han operado. Ese punto, agrega, debe ser clave para futuras defensas, pues la Corte –que es un mecanismo que solo opera cuando la justicia interna no ha dado resultados– advierte que asume la competencia porque el mismo Estado cuestionó a su justicia.

“Creo que la Defensa se hizo de buena fe –asegura–. Pero el resultado nos invita a replantear la estrategia en casos que están ad portas de ser fallados en la Corte Interamericana (...) Al Sistema hay que ir como un Estado unido. Aquí hubo fragmentación entre las Fuerzas Militares y la justicia colombiana y eso no debe ocurrir nuevamente”.

Guillén advierte que para Colombia no es opción pensar en retirarse de los tratados del Sistema.

¿Por qué dice que el fallo es benigno?

Hay sorpresa en la Corte, como si en Colombia no hubieran entendido lo que pasó: por primera vez dieron un espaldarazo a la justicia interna. Se ha dado una mala interpretación del fallo que dice que en efecto el Estado es responsable por violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la vivienda. Ellos concluyen que corresponde a la jurisdicción interna determinar de quién es la responsabilidad, que se atienen a lo probado dentro de las instancias de la justicia ordinaria y que el Estado, en términos generales, debe responder por acción o por omisión, no importa si el hecho lo produjo un actor armado ilegal o una fuerza del Estado ya que se incumplió con el deber de precaución. Independientemente de que fuera justa la persecución que se estaba haciendo de grupos armados al margen de la Ley no se previó que podía haber población civil. Acá hay dos caras de la moneda: una donde las fuerzas quedan debilitadas y otra donde la justicia sale fortalecida.

¿Por qué la Corte Interamericana, que es complementaria a la justicia de los Estados, termina interviniendo en el caso Santo Domingo, cuando reconoce que sí se ha hecho justicia Colombia?

La competencia de la Corte se habilita solo cuando no actúa la justicia interna, y es contradictorio porque dicen que sí funcionó esa justicia. Al respecto lo que el fallo explica es que no tendrían por qué pronunciarse sobre esto si en los alegatos el Estado no hubiera puesto en tela de juicio las decisiones de la justicia interna. Ante la Corte no fue claro ese punto.

¿Falló algo en la defensa de Colombia?

Creo que la Defensa se hizo de buena fe. La situación de defensa del caso Santo Domingo nos invita a replantear la defensa del Estado en casos que están ad portas de ser fallados en la Corte Interamericana. De manera, que sea una estrategia que no desconozca los diferentes sectores del Estado, es decir, que vayamos como un Estado unido y no fragmentado. Acá se presentó una fragmentación entre las Fuerzas Militares y la justicia colombiana y eso no debe ocurrir nuevamente. Debemos buscar que la estrategia sea avalada por las diferentes carteras, la Ministra de Justicia, la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Agencia. Lo próximo será someter la estrategia de defensa del caso de Palacio de Justicia, que está ante la Corte, a la decisión de nuestro órgano de mayor jerarquía que es nuestro Consejo Directivo, en donde tienen asiento estos sectores, de manera que el agente esté notificado de lo que el Estado quiere en su defensa. En el caso del Palacio, aunque ya se presentó una respuesta, aún se puede replantear la línea de defensa en la primera audiencia.

Si mañana la justicia dice que la responsabilidad fue de la guerrilla, ¿Colombia buscaría a través de algún mecanismo una revisión?

Se podría intentar, pero pasaría lo que siempre pasa y es que nos van a decir que no revisan. Y terminarían contestando lo que dice su sentencia y es que ellos nunca dijeron que la responsabilidad estaba en cabeza de la Fuerza Aérea. Pero se puede intentar.

¿Cómo será ese reconocimiento internacional de responsabilidad del Estado que ordena la Corte?

Leído integralmente, como lo entiendo, es que el Estado debe reconocer que omitió deber de precaución. Que no significa reconocer en cabeza de quién, porque no lo puede hacer hasta que la justicia interna lo establezca. Por eso dice que el Consejo de Estado está atendiendo los patrones generales establecidos por el Sistema Interamericano. No se está limitando a reparación pecuniaria si no que está utilizando otras formas de reparación, en este caso órdenes de perdón, que hace la Sección Tercera del Consejo de Estado. Cuando rescato esto del fallo es porque al menos en equidad, la labor de nuestros jueces está siendo tenida en cuenta por nuestras instancias internacionales y no lo podemos esconder. Esto no quiere decir que el hecho de que exista una reparación administrativa impida que la justicia penal haga su tarea, que determine si hay responsabilidad o no de la Fuerza Aérea o del señor ‘Grannobles’. La Corte Suprema de Justicia tiene que entrar a revisar aquí todas las pruebas. Y si nuestra justicia llega a concluir que esos pilotos no obraron con dolo, eso quiere decir que no se caen las reparaciones. Las reparaciones no se hacen con relación a un título de responsabilidad particular si no a un comportamiento del Estado general. El Estado debió cuidar que se protegiera la vida de esos 17 ciudadanos y no lo hizo.

¿Esto pone en riesgo la pertenencia de Colombia al Sistema Interamericano?

Eso no puede ser una alternativa para Colombia. Debemos ser respetuosos del ordenamiento interno internacional como lo hemos sido siempre. La prueba de ello es que el Presidente de la República invitó a la Corte Interamericana para que sesionara en Colombia en los primeros meses del año entrante. De manera que si un Presidente invita a la Corte es porque está reconociendo la competencia de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Lo que sí debo señalar es que el Presidente de la República le hizo un llamado respetuoso al Presidente de la Corte Interamericana para revisar los reglamentos de la Corte. Estos se diseñaron en 1979, en una época donde en Latinoamérica existían muchas dictaduras y donde los Derechos Humanos eran altamente vulnerados. De manera que es un reglamento que no permite mucho margen de acción a los Estados y eso fue lo que solicitó el Presidente: que se revisen esos estatutos de manera que los fallos de la Corte puedan ser revisados, o que se dé una instancia de un recurso adicional, porque a veces los Estados consideran que no tienen suficientes garantías.

REDACCIÓN JUSTICIA

Publicación
eltiempo.com
Sección
Fecha de publicación
23 de diciembre de 2012
Autor
REDACCIÓN JUSTICIA

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