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'Santoyo sabía que apoyaba a asesinos': Fiscalía en condena de 13 años

Fallo reveló que fortuna de general (r.) es de US$1,3 millones. 'Me equivoqué', dijo el oficial.

Una Corte de Virginia (Estados Unidos) condenó al general (r.) Mauricio Santoyo a 13 años de cárcel y una multa de 125 mil dólares (unos 230 millones de pesos) por haber cooperado con grupos paramilitares en Colombia. (Lea también: Caso Santoyo, punta del iceberg del expediente gringo contra policías)

Santoyo, el primer general en la historia del país que es sentenciado por la justicia estadounidense, recibió la noticia de la condena en una sala de la Corte, donde estaban presentes su esposa y dos hijos, visiblemente conmovidos. “Reconozco que me equivoqué, que cometí errores. Estoy muy arrepentido y respondo por ellos. Le pido perdón a mi familia por la difícil situación que están viviendo”. dijo Santoyo poco antes de conocer el veredicto.

El general (r.) será enviado a Coleman, una prisión de mediana seguridad en el estado de Florida, donde purgará al menos una década de reclusión.

Santoyo, exedecán del expresidente Álvaro Uribe, recibió una sentencia mayor que la de los últimos capos extraditados a ese país.

Aunque Santoyo logró evitar una condena que pudo llegar a los 30 años, llama la atención que grandes capos como Víctor Patiño; Phanor Arizabaleta y Eduardo Restrepo Victoria, 'el Socio', tuvieron un tratamiento más benigno.

“Su caso es complejo porque durante muchos años hizo el bien como oficial. He tenido en cuenta eso y el hecho de que se entregó voluntariamente y ha cooperado con las autoridades. Creo que esta pena (13 años) es apropiada para disuadir a futuros criminales”, dijo el juez James Cacheris al leer la sentencia.

En cierta medida, Cacheris fue condescendiente con Santoyo pues su ofensa, otorgar apoyo material a grupos terroristas, implicaba una posible condena de más de 30 años y su encarcelamiento en una prisión de máxima seguridad. A Santoyo se le borró de su proceso el cargo de narcotráfico.

En agosto pasado, tras someterse a las autoridades de EE. UU., el general (r.) firmó un acuerdo con la Fiscalía en el que aceptó haber apoyado a grupos terroristas y que preveía, como máximo, 15 años de cárcel y una multa hasta de 250.000 dólares.

Durante la audiencia de sentencia, que se llevó a cabo en la Corte Este de Virginia, en la ciudad de Alexandría, muy cerca de Washington, el fiscal Neil McBride, que llevó adelante el caso, insistió en que se castigara a Santoyo con la más alta sentencia posible.

“Él sabía que estaba apoyando a narcos, asesinos y secuestradores y que con eso estaba poniendo en peligro a sus colegas policías y a otros. Creemos que es necesario imponer una sentencia que envíe el mensaje de que este tipo de traiciones será castigadas con dureza y no serán toleradas”, le dijo McBride al juez.

Su abogado, Óscar Rodríguez, pidió el castigo mínimo alegando que si bien Santoyo cometió un error, estaba asumiendo la responsabilidad plena por sus actos y de manera honorable. “Él (Santoyo) no es un terrorista. Fue un hombre de bien que cometió un error por el que está pagando caro”, dijo la defensa del general (r.).

En la audiencia también salieron a colación los ingresos y activos de la familia Santoyo, que sirvieron para establecer la multa. De acuerdo con los abogados, sus activos netos, incluidas propiedades, cuentas bancarias, acciones y otros, equivaldrían a 1,3 millones de dólares. El juez, sin embargo, tuvo en consideración a su esposa e hijos a la hora de fijar la sanción, que deberán ser pagados de manera inmediata.

De acuerdo con Rodríguez, Santoyo podría ver su sentencia reducida en un 15 por ciento por buena conducta (dos años menos) y quizá más si los fiscales determinan que ha cooperado plenamente con las autoridades, como está previsto en el acuerdo de culpabilidad que firmó en agosto.

El próximo capítulo de esta historia tiene que ver con las personas que pudo haber señalado.

El expediente Santoyo

 

El general (r.) Santoyo estuvo 30 años en la Policía, de donde se retiró en junio del 2009 luego de ocupar altos cargos, entre ellos jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y comandante del Gaula en Antioquia.

En agosto pasado, Santoyo firmó un acuerdo en el que aceptó que "conscientemente abusó de su cargo" para asesorar, apoyar y hasta suministrar personal a las Autodefensas.

"He consultado con mi abogado y entiendo completamente todos los derechos con respecto a este proceso. Acepto voluntariamente este acuerdo". decía el documento de 14 páginas firmado por Santoyo.

El 3 de julio pasado se entregó a la DEA, tras conocerse el requerimiento de extradición de la justicia de Estados Unidos.

En el acuerdo con la justicia de EE. UU., se comprometió a suministrar todos los "documentos, grabaciones o información" sobre las actividades criminales de su círculo cercano. En el acuerdo, firmado por el fiscal Neil MacBride y avalado por la Corte para el Distrito Este de Virginia, Santoyo aceptó someterse a pruebas de confiabilidad, como la del polígrafo, para garantizar que está diciendo la verdad, y a entregar todos los bienes a nombre suyo o de terceros que se compraron en los últimos 20 años con dinero de negocios ilegales.

Según las autoridades estadounidenses, el alto oficial cometió los delitos por los cuales se le acusa entre octubre del 2001 y noviembre del 2008, es decir, hasta un año antes de que se retirara de la Policía. En ese período, dice el expediente contra Santoyo, "miembros de alto nivel de las Autodefensas habrían pagado sustanciales sobornos al acusado a cambio de asistencia y apoyo en sus operaciones".

El documento precisa que Santoyo les daba información a los paramilitares sobre las investigaciones que autoridades nacionales y extranjeras estaban adelantando contra ellos, los alertaba sobre las operaciones de captura de sus integrantes y hasta llegó a avisarles cuáles teléfonos de la organización estaban interceptados por los investigadores.

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
Y REDACCIÓN JUSTICIA

Publicación
eltiempo.com
Sección
Justicia
Fecha de publicación
14 de diciembre de 2012
Autor
SERGIO GÓMEZ MASERI Y REDACCIÓN JUSTICIA

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