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Editorial: Las tareas del nuevo fuero

Luego de un agitado tránsito por el Congreso, el acto legislativo que reforma el fuero militar es una realidad. Y aunque aún resta la etapa de conciliación y desde ya se esperan no pocas demandas ante la Corte Constitucional, se puede decir que este es uno de los hechos más sobresalientes de una legislatura con un balance por ahora discreto en cuanto a proyectos de gran trascendencia aprobados.

El debate fue intenso ante las voces que hicieron públicos sólidos reparos. El principal giró en torno a la impunidad que podría recaer sobre actuaciones de miembros de la Fuerza Pública acusados de graves delitos. Tales críticas, en su mayoría, se fundamentaban en juiciosos recuentos de casos en los que la justicia penal militar no obró con la severidad y objetividad que le correspondía, cuando, en primera instancia, procesó a implicados en 'falsos positivos'. Había temor de que enquistados patrones de impunidad no se corrigieran.

Consecuencia de estas objeciones fue la lista de siete conductas delictivas que no serán cubiertas por el fuero. De igual forma, quedó claro, mediante un párrafo transitorio, que aquellos procesos por estos delitos actualmente en curso y en manos de fiscales de derechos humanos permanecerán bajo su competencia.

Como ya se ha dicho desde estos renglones, se trata de una reforma necesaria, que no fue ni mucho menos fruto de la improvisación. Y así como su aprobación cumple con expectativas de vieja data de la Fuerza Pública, al mismo tiempo representa para sus integrantes un reto mayúsculo, una responsabilidad, frente a la cual el estamento castrense no puede ser inferior.
Por un lado, deberán terminar las especulaciones y murmullos sobre temores por acciones judiciales que estarían frenando el accionar de soldados y policías a la hora de hacerle frente a la subversión. El contar con reglas claras, el saber que en el campo de batalla estarán bajo la órbita del Derecho Internacional Humanitario refuerzan la natural obligación de proceder con total transparencia para que, en ningún momento, se transmita el mensaje de que se les está sacando ventaja a las últimas disposiciones.

La otra gran tarea que se asoma es la de darle forma a una nueva justicia penal militar independiente, eficiente e imparcial, de acuerdo con las pautas que se formularán en la ley estatutaria que el Gobierno presentará el año entrante al Legislativo. En esta materia, los antecedentes no son buenos y son justificadas las prevenciones de quienes insisten en que los jueces militares, por motivos de subordinación jerárquica y solidaridad de cuerpo, entre otros, no ofrecen garantías suficientes. Se deberán corregir estos lastres.

El siguiente capítulo vendrá, pues, por cuenta de la citada ley estatutaria, que tendrá que poner también el candado definitivo a posibles rendijas, por las que algunos casos que deben ser de competencia de la justicia ordinaria se puedan colar a la penal militar. El ente acusatorio deberá, a su vez, obrar con eficiencia para que, en el año de plazo que se estableció, se alcance a despejar el futuro de los 7.810 procesos hoy en curso contra militares. Urge, por último, tener luces sobre los alcances de lo aprobado en lo que concierne a la lucha contra las 'bacrim'.

Así las cosas, el fuero no es una patente de corso. Hay motivos para estar tranquilos: atrocidades como la del teniente Raúl Muñoz y casos como los de los 'falsos positivos', de cumplirse con lo aprobado, no quedarán en la impunidad. La reforma aporta una claridad que hacía falta. El reto ahora es evitar que una iniciativa bien intencionada se desvíe. Para esto serán necesarios los ojos vigilantes del mismo Estado, pero, sobre todo, los de la sociedad entera.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Opinión
Fecha de publicación
13 de diciembre de 2012
Autor
Editorial

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