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Colombia busca nueva prueba que modifique fallo de La Haya

Manuel J. Cepeda, miembro del nuevo equipo del Gobierno para defender los intereses del país.

Aunque advierte que la Corte Internacional de La Haya (CIJ) no ha aceptado un recurso de esta magnitud, el constitucionalista Manuel José Cepeda reveló que Colombia examina el proceso con Nicaragua en busca de una “prueba nueva” que, a través de una demanda de “revisión”, pueda “cambiar el sentido del fallo” que le entregó miles de kilómetros cuadrados de mar Caribe a ese país centroamericano. (Lea: Colombia y Nicaragua abren canales de diálogo tras fallo de la CIJ).

Cepeda es uno de los arquitectos de la Constitución de 1991 y forma parte del nuevo equipo de abogados designado esta semana por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para examinar los alcances del fallo y plantear alternativas para defender los intereses colombianos en esa zona.

La comisión que el Gobierno acaba de nombrar para examinar las consecuencias del fallo de La Haya sobre los límites entre Nicaragua y Colombia inicia un trabajo nuevo. ¿Cómo encuentra la comisión ese escenario?

Se trata de un grupo de juristas de diversas especialidades. No trabajamos como comisión sino como equipo. Todos consideramos que el fallo tiene graves errores, omisiones, vacíos e inconsistencias. Además de opinar sobre las preguntas que nos han formulado el Presidente y la Canciller, estamos elaborando una interpretación oficial del fallo y estudiando los recursos que ofrece el derecho internacional. En especial, estamos analizando dos: una demanda de interpretación y una demanda de revisión. También analizamos si es pertinente o necesario un tratado.

¿Qué tipo de tratado sería?

Estamos analizando cuáles son los vacíos que dejó el fallo para identificar temas que podrían ser objeto de una negociación bilateral con Nicaragua. Por ejemplo, es evidente que los derechos de pesca no fueron valorados adecuadamente. Hay otros intereses de Colombia relativos a la protección de derechos de los sanandresanos y de los colombianos, así como el cumplimiento de obligaciones de tratados multilaterales como el caso de la lucha antinarcóticos. Pero es el Gobierno a quien corresponde señalar el camino a seguir.

¿Lo perdido en el Caribe es irrecuperable?

Entiendo el sentimiento de pérdida e indignación que nos embarga a todos los colombianos. Pero es importante aclarar que Nicaragua no ganó en el fallo ni un milímetro de mar territorial. Tampoco ganó soberanía. El fallo delimita áreas marítimas sobre las cuales Nicaragua no puede pretender ejercer soberanía. Tiene derechos de acceso a recursos, siendo el más importante el derecho a explotar recursos naturales. Sin embargo, esos derechos son limitados, por ejemplo, por las obligaciones derivadas del derecho ambiental, en especial en la Reserva de Biosfera Marina Seaflower, una de las más importantes del mundo.

¿Cómo se materializan esos derechos sobre la Biosfera Marina?

Es una reserva coralina de gran diversidad biológica. Fue declarada por la Unesco. En el logro de esta declaración los sanandresanos jugaron un papel determinante. Es la tercera más importante del mundo.

¿Hay para Colombia opciones distintas a acatar el fallo, toda vez que este ya está ejecutado?

El fallo surte efectos inmediatamente, pero su aplicación es muy compleja. Hay grandes obstáculos. Primero, obstáculos derivados del mismo fallo que tiene vacíos y contradicciones. Por ejemplo, en una parte afirma que el archipiélago genera plataforma continental y zona económica exclusiva, pero al hacer la delimitación marítima lo fracciona. Rompe su unidad como hábitat de los miles de colombianos que viven en el archipiélago. Además, solo le reconoce doce millas de mar territorial a los cayos. Segundo, el fallo no puede ser visto al margen de los derechos y deberes derivados de la Constitución y del derecho internacional. El mapa que dibujó la Corte debe armonizarse con esos derechos. Tercero, al modificar el fallo los límites marítimos de Colombia, es necesario aplicar el artículo 101 de la Constitución, según el cual los límites solo pueden ser modificados por tratado.

Usted habla de armonizar el mapa que la Corte produjo, ¿debe hacer uno nuevo?

Un ejemplo de armonización es el de garantizar que la delimitación no se convierta en un obstáculo para que los sanandresanos puedan ejercer sus derechos de libre circulación, desarrollar sus actividades pesqueras en condiciones de seguridad en todo el hábitat conformado por el archipiélago y que puedan acceder a los lugares donde tradicionalmente han estado.

¿Qué expectativas ciertas tiene Colombia por la vía de los recursos de revisión y aclaración?

La demanda de interpretación procede cuando hay un desacuerdo entre las partes sobre el sentido y alcance del fallo. Si se presenta la demanda sin cumplir esos requisitos, la Corte la niega rápidamente, como ya le sucedió a Colombia en el caso Haya de la Torre, en 1950. En en otros casos la Corte ha accedido a interpretar su fallo. Así lo hizo en la controversia entre Libia y Túnez, en 1985, cuando aclaró la ubicación de unas coordenadas. Un fallo con protuberantes vacíos y omisiones genera grandes dudas interpretativas que dificultan su aplicación. La demanda de revisión procede cuando hay una prueba nueva, no conocida por las partes, con la fuerza de cambiar el sentido del fallo. Se está estudiando cuál podría ser esa prueba. Para la demanda de interpretación no hay plazo; para la de revisión el término vence en 10 años. Nunca los países han logrado demostrar el hecho nuevo.

Hay quienes piden desacatar el fallo o desconocerlo. ¿Qué tan viable es ese escenario?

Ello es fruto de un ambiente muy emotivo y sensible. Comparto el sentimiento de indignación ante un fallo tan inequitativo e injusto. No obstante, vale la pena recordar lo que les ha pasado a otros países. Por ejemplo, Libia trató de eludir un fallo en el que perdió con Chad. Terminó cumpliéndolo después de un enorme costo internacional. Entonces, Libia estaba gobernada por un dictador que despreciaba el derecho. La tradición colombiana ha sido la contraria. Es fundamental obrar con prudencia y rigor, para que no se nos cierren esas puertas.

Más allá de aclaraciones y declaraciones, ¿sí hay ‘derecho a pataleo’?

Hay que ir más lejos. Lamentablemente los derechos de las personas no son tenidos en cuenta al hacer la delimitación marítima. La Corte descartó ese elemento porque estimó que no había circunstancias excepcionales, cuando en realidad sí las hay. De ahí la importancia de los derechos de pesca, ambientales, de navegación y de seguridad. También hay derecho a exigir el cumplimiento de deberes. Por ejemplo, el deber de impedir que el narcotráfico use las zonas delimitadas para incrementar su actividad delincuencial. Estos y otros temas pueden ser abordados por vía de acuerdos o un tratado.

¿Colombia puede permanecer con sus naves de defensa y las embarcaciones pesqueras en la zona en cuestión?

Sí. Mientras las naves de defensa colombianas y las embarcaciones pesqueras permanezcan por fuera del mar territorial de Nicaragua, que es una franja de solo doce millas náuticas desde su costa, no estarán desconociendo el fallo ni el derecho internacional del mar. Incluso, en esas doce millas puede haber “paso inocente”. No obstante, la regulación de los derechos de pesca está llena de complejidades. Según el derecho del mar, en la zona económica exclusiva de Nicaragua pueden pescar embarcaciones colombianas y de otras naciones para sacar “los excedentes de captura permisibles”. De ahí que sea prioritario llegar a arreglos o acuerdos sobre derechos de pesca.

Dejar la flagelación

“Es normal que tome tiempo asimilar los alcances de este tipo de fallos. Pero creo que Colombia debe dejar atrás la etapa de la autoflagelación y mirar al futuro para avanzar unidos en la defensa de los intereses nacionales”.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Política
Fecha de publicación
2 de diciembre de 2012
Autor

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