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Escándalo de Interbolsa

La quiebra estruendosa de la firma Interbolsa, dedicada a operaciones bursátiles y financieras, como su nombre lo indica, ha sacudido al país por su vasto radio de acción, por la confianza en ella depositada, por su elevado monto y por sus complicadas características.

A su función principal en una actividad de suyo aleatoria, sujeta a riesgos previsibles, agregó otras colaterales e intrincadas de intermediación financiera a través de una red de sociedades intercomunicadas en las que manejaba con intrepidez cuantiosos recursos del público. Su pasión de crecer y multiplicarse acabó por ponerla en aprietos y por llevarla, desesperadamente, a conseguir fondos de cortísimo plazo para subsistir.

El uso y abuso del mecanismo de los repos para conseguir dicha clase de préstamos, con respaldo en acciones de Fabricato, le falló por la frustración de su esperanza de valorización de dichas acciones, hasta acabar en un callejón sin salida. Dentro de él, la última tabla de salvación pareció ser la de tocar, también sin éxito, a la puerta de organismos del Estado en busca de créditos. Así acabó enredándose y dando palos de ciego, sin que faltara un aventurero italiano resuelto a lucrarse de la situación.

La red de empresas, en torno de su función primigenia de comisionista de Bolsa, ha dificultado la precisión de sus tentáculos y la comprobación de su licitud o ilicitud. Especialmente el fondo Premium de Curazao, regido por las leyes de esa isla, con el que mantenía estrechas relaciones y cierto grado de interdependencia. La ida y vuelta de los dineros ha despertado la sospecha de que pudo haber intentos de legitimar sumas mal habidas o ilícitamente manipuladas. Es capítulo tortuoso y oscuro que, como todos, toca investigar a las autoridades.

Dadas las proporciones y las circunstancias agravantes de la quiebra, el Gobierno tomó la administración de la firma y procedió a liquidarla. Es de suponer que abarcó la confusa galaxia mercantil, hasta donde le era viable dentro de su jurisdicción. En seis meses procurará restituir a los depositantes de buena fe sus pertenencias, siendo entendido que los títulos deben figurar a favor de los respectivos beneficiarios y no estar incorporados en azarosas carteras colectivas.

Competerá a las autoridades comprobar si se incurrió en delitos, si indebidamente se captaron dineros, si se manipuló el precio de acciones, si hubo asomos de "blanqueo", si el negocio bursátil se extralimitó y mezcló con otros de distintas índole, si hubo movimientos tácticos de última hora.

La Constitución Política de la República establece que corresponde al Presidente de la República ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros. Lo hace por conducto del Superintendente Financiero, a quien incumbe prevenir que en tal función se lesione a los inversionistas con malos manejos o se violen las leyes.

Pero cabe repetir, como lo advirtiera el Superintendente de Sociedades, que el Estado no se obliga a responder por las consecuencias naturales de un juego que, hasta cierto punto, implica suerte y azar, según suban o bajen las cotizaciones. Porque a la Bolsa y a sus contingencias también se juega. Otra cosa es que la codicia induzca a sus comisionistas a comprometerse en acciones desmedidas, temerarias o violatorias de claros preceptos legales.

La sola acumulación de tanto poder en tan pocos años, su precipitada diversificación y los indicios de ciego aventurerismo despiertan sospechas que urge esclarecer.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Editorial - opinión
Fecha de publicación
28 de noviembre de 2012
Autor
Abdón Espinosa Valderrama

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