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Más de 100.000 casos represados por paro judicial

Cese de actividades entra a su tercera semana sin solución. Hay pérdidas por $100 mil millones.

El paro judicial, que hoy completa 17 días, le ha costado al país cerca de 100.000 millones de pesos. Eso es lo que valen los sueldos de los más de 40.000 funcionarios y empleados de la Rama durante los días de cese de actividades y los gastos de funcionamiento de los despachos y juzgados, que siguen marcando a pesar de que no se atiende a nadie.

Además, es casi la misma plata -140.000 millones- que se aprobó en el Congreso para empezar a nivelar los salarios en el 2013. Por cuenta de la protesta ya son 107.000 las decisiones represadas y que han afectado el curso de casos tan sonados como los del 'carrusel' de la contratación y la muerte de Luis Andrés Colmenares. Las audiencias no realizadas llegan a las 19.000 y hay 80.000 casos que debían entrar al sistema judicial en estas dos semanas y que siguen a la espera.

Mientras en complejos como los de Paloquemao algunos funcionarios pasan los días jugando 'solitario' en sus computadores, como pudieron verificarlo periodistas de este diario, miles de colombianos siguen esperando que el Gobierno y los sindicatos se pongan de acuerdo para solucionar un lío que completa ya 20 años sin solución.

En todo el país, sin embargo, siguen atendiendo los fiscales y jueces encargados de tramitar capturas y libertades, que son las decisiones más apremiantes.

Aunque el vicepresidente Angelino Garzón empezó a impulsar acercamientos entre las partes, las posiciones siguen aún muy distanciadas al arrancar la tercera semana de paro judicial.

Y si bien el Gobierno acepta que se debe cumplir el compromiso de nivelar los sueldos de los empleados con respecto a los de los altos magistrados, como lo ordena una ley de 1992 (ver nota anexa), su propuesta para ponerse al día sigue proyectada a 15 años, mientras que los sindicatos de la Rama insisten en que se concrete en la quinta parte de ese tiempo. El abismo es enorme porque, mientras los sueldos de magistrados han tenido aumentos del 80 por ciento (en 1998), los de los empleados y jueces han crecido casi siempre al ritmo de la inflación.

De hecho, ni siquiera hay consenso sobre la plata que valdría nivelar los salarios. El cálculo de la Judicatura de 758.000 millones no incluye la situación de los fiscales y empleados de la Fiscalía, que también se sumaron al paro.

En departamentos como el del Valle, donde la protesta es respaldada por unos 5.500 funcionarios, varias de las más sonadas citas con la justicia han quedado en veremos.

En ese grupo están casos como el del exministro de Hacienda Antonio José Urdinola, quien afronta una investigación por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado y estafa, en un lío familiar de negocios de predios.

Lo mismo ha ocurrido con el exsenador Juan Carlos Martínez, quien es procesado por el intento de fraude que se advirtió en las elecciones atípicas para la gobernación del Valle. El político, a quien se le debe definir una nueva medida de aseguramiento, ha tenido que regresar en dos ocasiones a Bogotá.

Con reportería de las redacciones de Cali y Medellín.

Volverán a la mesa

Asonal y gobierno harán sus propuestas

Dos comisiones, una del Gobierno y otra de Asonal, explorarán posibles soluciones del paro en el sector de la justicia, que hoy completa 17 días.

Así se acordó tras una reunión entre el vicepresidente Angelino Garzón y líderes del sindicato de trabajadores de la Rama Judicial ayer en la Vicepresidencia.

Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal, destacó el hecho de que se reanuden "las negociaciones, que habían quedado rotas" desde el miércoles. "De nuevo empezamos a hacer acercamientos que permitan conocer propuestas finales de cada una de las partes."

Nivelación: 20 años de una ley incumplida

Más de 4.000 jueces y 20.000 empleados de los despachos judiciales llevan 20 años esperando a que el Gobierno haga efectiva una ley que ordena nivelar el abismo salarial frente a lo que ganan los magistrados de las altas cortes y tribunales del país.

Desde su aprobación en 1992, la ley se ha aplicado una sola vez, en 1998, pero solo cubrió a los magistrados de tribunal. Sus sueldos subieron 80 por ciento con relación a lo que recibe un miembro de las altas cortes.

Pero los beneficios para los jueces y empleados no han llegado. Hoy, un juez gana máximo cinco millones y medio pesos de salario, mientras que un magistrado recibe entre 19 y 24 millones.

Para reducir esa brecha salarial, según cálculos de la Judicatura, el Estado debe destinar 780.000 millones de pesos. Con estos recursos se beneficiarían 4.561 jueces y 20.939 empleados de despachos judiciales. Sin embargo, la cifra aumenta si se tiene en cuenta que también se debe aplicar a cerca de 20.000 fiscales y auxiliares, lo que daría una cifra superior al
billón y medio de pesos.

Minjusticia insiste en que el paro es ilegal

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dijo que, si bien la nivelación puede durar 15 años, el Gobierno hará reconocimiento económico a la Rama Judicial desde el 2013.

Asonal dice que van 20 años de incumplimientos del Gobierno. ¿Qué le responden?

Que es cierto. Pero es un tema de gran impacto fiscal. Es una nivelación que cobija a 48.000 funcionarios y empleados, no solo a jueces y fiscales. El Gobierno tiene que cumplir prioridades.

Queremos nivelarlos, pero la disposición tiene que estar atada a un estudio macroeconómico. Esperamos que el paro sea levantado.
Lo único que ha hecho este Gobierno es hacerles un reconocimiento dentro de la sostenibilidad fiscal.

¿Insistirán en ilegalidad del paro?

Estamos recopilando toda la información para efectos de formular la demanda y declarar la ilegalidad.

¿Qué disposición tiene Hacienda?

El Ministro de Hacienda, con quien hemos tenido el mejor diálogo, hizo las cuentas y le dijo al Presidente: 'Esto se puede a hacer en 15 años'. La idea no es que se levante este paro y que en un año estemos igual. Planteamos una solución sostenida, definitiva y responsable.

¿Cuánto cuesta la nivelación?

No está establecido. Les hemos dicho que se establezca en una mesa técnica de 60 días el monto y el tiempo. Un estudio dice que vale 758.000 millones, pero no existe un estudio para la Fiscalía. Y no es solo pagarles un poco más; al subir el salario suben los parafiscales, cesantías, primas de servicio, pensiones.

El reajuste debe ser retroactivo, dice Asonal

Nelson Cantillo, presidente de Asonal, dijo que el problema de la nivelación salarial ha pasado por cuatro presidentes y que llegó el momento de una solución definitiva.

¿Cuál es el punto clave que impide levantar el paro?

El Gobierno dice que el tiempo para hacer efectiva la nivelación es de 20 años y nosotros creemos que en tres años ese proceso debe estar terminado.

¿Con esa diferencia no se van a poder poner de acuerdo?

Todo está por negociar, no hay inamovibles, pero necesitamos ver resultados. Por ejemplo, pedimos retroactividad; eso ya es un punto de conciliación.

¿Quién responde por los efectos de este paro sobre la administración de justicia?

La gente no tiene la culpa de esto, pero nosotros tampoco. Este es un conflicto de 20 años, les hemos hecho paro a todos los gobiernos y no nos han querido cumplir. Esto ni siquiera es contra el actual Gobierno, pero ya se nos llenó la copa, y ahora le toca al presidente Santos resolver.

¿Pero se ha dicho que no hay plata para pagar todo eso?

Pero si hay plata para gastar en otras cosas. Los trabajadores de la justicia tienen derecho a sueldos dignos.

¿Cómo explicar esas aspiraciones con los sueldos tan altos de los magistrados?

Los aumentos los fijó el Congreso a través de proyectos avalados por el Gobierno. No los inventamos nosotros.

 

Publicación
eltiempo.com
Sección
Justicia
Fecha de publicación
27 de octubre de 2012
Autor

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