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El oro del suroeste antioqueño enfrenta a mineros con sociedad civil

Organizaciones manifiestan que un cambio de vocación económica generaría inestabilidad en la zona.

En Jericó, la renta de un apartamento pasó de 150 mil pesos a 350 mil en los últimos dos años. Los propietarios quieren arrendarles a los "nuevos ricos del pueblo": los geólogos e ingenieros de la minera.
De igual manera, en esta nueva cosecha las fincas de café -primer renglón económico de la zona- han tenido dificultades para conseguir trabajadores.
Antiguos caficultores que se ganaban el mínimo, ahora captan más de un millón de pesos ayudando en las labores de exploración que adelanta desde hace cuatro años la  Anglogold Ashanti  en la vereda Quebradona.
"El apoyo económico de la multinacional a instituciones del pueblo, como la Alcaldía, ha hecho que no se piense en las consecuencias sociales y ambientales que traería una eventual explotación a cielo abierto, cuando empiecen a usar cianuro y mercurio y dañen la capa vegetal de algunas zonas", afirmó Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó.
Esta misma preocupación la comparten varias organizaciones en Caramanta, Támesis, Valparaíso y Jardín, donde diversas empresas sobrevuelan, tienen hombres recolectando minerales por quebradas y fincas, y en muchos casos han instalado plataformas para hacer perforaciones de más de 300 metros para extraer muestras.
Según Claudia Cadavid, secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia, si bien más del 90 por ciento del territorio del Suroeste está entre solicitado y titulado para exploraciones, las estadísticas muestran que menos del uno por ciento, cuando tienen suerte, se explota.
"Es una situación preocupante. La legislación considera la minería como una actividad de interés público y no consulta a los particulares. Cualquiera puede acceder a un título. La exploración en zona rural no necesita autorización del municipio. Nuestra tarea, con Corantioquia, es proteger el medio ambiente", agregó Cadavid.
La funcionaria precisó que hasta el 3 de noviembre Antioquia tiene la delegación en titulación y contratación minera y que esperan que el Gobierno se las prorrogue para poder vigilar que no se afecten las vocaciones económicas y que las empresas hagan la recuperación del terreno si no encuentran nada.
El temor de la población
En Caramanta tienen asiento tres empresas. A mitad de año Corantioquia ordenó la suspensión de actividades de exploración a la compañía canadiense  Caramanta Conde Mine  por hacer uso ilegal de los recursos naturales de un Distrito de Manejo Integral (DMI).
Noelia Flórez, presidenta de la Asociación Agropecuaria de Caramanta, denunció también que la  Tolima Gold Mine  estaba vertiendo aguas contaminadas a la quebrada Chirapotó y en la plataforma (área de seis metros cuadrados donde se instala el taladro de seis centímetros de diámetro) había aceite derramado. "Los denunciamos ante Corantioquia y lo que hicieron fue pasarse al otro lado del río", expresó  Flórez.
Flórez también reconoció que la multinacional  Solvista, que tiene dos plataformas en el corregimiento Barro Blanco, de Caramanta, ha sido más responsable con el uso del agua, Esto les ha permitido recorrer la zona de influencia y conocer sus proyectos. 
"Solvista  tiene solicitadas varias fuentes de agua y nos opusimos a que utilizaran la quebrada Organales, que abastece a Barro Blanco. En algún momento encontramos desperdicios de sus empleados, pero ya lo corrigieron", afirmó la líder comunitaria.
Por su parte, en Támesis, donde también hay títulos de exploración inactivos, en dos ocasiones que la  Solvista  ha ido a socializar su proyecto en el Concejo, organizaciones sociales y ambientales han salido a marchar porque, según Herman Vergara, líder del Cinturón Occidental Ambiental, nunca han sido mineros y no lo quieren ser. 
"Los tamesinos somos agricultores. Toda la población está sensibilizada, desde el más pequeño hasta el anciano. O que me digan ¿Dónde hay minería ecológica? ¿En qué municipio minero hay calidad de vida? Además, siempre llega la prostitución y la delincuencia", agregó Dora Hincapié, vocera del Comité por la Defensa del Territorio del municipio de Támesis. 
'Hacemos minería responsable y también somos ambientalistas'
Solvista es una sociedad colombiana que cuenta con capital extranjero. Está registrada en la Bolsa de Toronto y tiene tituladas cerca de 20.000 hectáreas para exploración en el Suroeste.
El gerente general, José David Castellanos, afirmó que el proceso de exploración y factibilidad puede tardar más de 10 años y que, en caso de encontrar oro en un sector que podría ser de ocho hectáreas, evalúan su rentabilidad, y piden un crédito a bancos internacionales, no sin antes certificar que cumplen las normas ambientales.
"La banca deja un porcentaje en fideicomiso para garantizar el cierre de la mina una vez termine la explotación. No afectamos la producción agrícola que haya alrededor pues se hace de manera organizada, con las licencias ambientales", precisó.
Castellanos agregó que son muy vigilados y que las cuencas solicitadas son solo para caminarlas. Para las perforaciones cuentan con permiso de Corantioquia para tomar 1,5 litros por segundo de la quebrada, que no afectan a los habitantes y que luego regresan tratados a través de unos tanques con trampas de grasa y lodo.
"Entre 2010 y 2013 invertiremos 18 millones de dólares en exploración. Parte de esos recursos quedan en la región. Tenemos 50 empleados y contratamos el transporte y la comida en la zona. También orientaremos a la gente para que se capacite y puedan laborar en una eventual explotación", dijo el gerente.
OSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ A.
Enviado especial de EL TIEMPO
Suroeste de Antioquia
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