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¿Qué pasa con el control político en Bogotá?

Un grupo de estudiantes de maestría de la Universidad de los Andes presentó esta semana en una clase los elementos de un estudio de caso sobre el 'carrusel' de la contratación en Bogotá. La discusión que siguió fue muy interesante. Una de las conclusiones fue la de que nada ni nadie evitaron que este triste episodio de la historia bogotana tuviera lugar.

Todos los controles anticorrupción fallaron. Los de la sociedad civil, el Concejo, los medios de comunicación y la clase dirigente de Bogotá. El atraco fue multimillonario, sus costos, muy altos y las consecuencias, muy graves. Lo sucedido mostró, infortunadamente, que en Bogotá cualquier cosa puede ocurrir ante la indiferencia de sus habitantes.

Esto es preocupante. No solamente por la corrupción, sino porque, a la hora de la verdad, el alcalde y su equipo de gobierno no tienen ningún tipo de freno; sus iniciativas no surgen de estudios previos, no tienen discusión y no hay contrapeso de parte de los bogotanos.
A finales de agosto, por ejemplo, el Alcalde anunció en una rueda de prensa que habría un "operador público para el aseo de Bogotá" y que se comprarían rápidamente 70 u 80 camiones recolectores y equipos con tal fin.

Algunas voces aisladas opinaron que la experiencia del pasado con la empresa pública de aseo había sido fatal. Pero el proyecto continúa su marcha. Se olvida que, a finales de los años 80, en una ciudad que se había convertido en un verdadero muladar, el alcalde Andrés Pastrana procedió a liquidar la Edis, un foco de clientelismo, corrupción e ineficiencia. Se adjudicaron, entonces, dos zonas exclusivas a las primeras dos empresas privadas de aseo. El cambio se sintió para bien. ¿Por qué echar reverso ahora en vez de avanzar sobre lo ya recorrido?

Una decisión arbitraria fue la de cerrar la llave del acueducto a los municipios de la Sabana. Es increíble que en una ciudad que ha desbordado sus linderos administrativos no se proceda a conformar un área metropolitana. Y que, por el contrario, su administración entre en conflicto con los municipios que la rodean, lo que afecta a sus habitantes y a las empresas productivas allí localizadas.

Considerar a Bogotá dentro de la región y acomodar los mecanismos institucionales para que ello sea posible es la decisión institucional más trascendental que tienen por delante las autoridades y los políticos de Bogotá, Cundinamarca y la Nación. Ojalá desde la Casa de Nariño se haga entrar en razón al alcalde.
Unos ingenieros contaban en estos días que Bogotá es ya una ciudad de alta densidad, lo cual implica, forzosamente, que su expansión hacia la región va a continuar.

Con mayor razón si se prevé que en 30 años la población del área metropolitana de Bogotá alcanzará unos 12 millones de habitantes. Lo que significa planear el desarrollo de la ciudad como se hacía en los años 50 y 60 del siglo pasado. La improvisación no puede continuar.

También a fines de agosto el Alcalde informó que se había "abierto un proceso mediante el cual se espera que los empresarios construyan 88 kilómetros de corredores férreos en Bogotá, entre ellos el metro ligero o tranvía de la emblemática carrera 7a., sin que el Distrito desembolse recursos" ('Tranvía en la 7a. lo harían privados', EL TIEMPO, 24 de agosto del 2012, p. 10). ¿En dónde están los estudios que justifiquen la viabilidad de un proyecto de esta naturaleza, valorado en 2,7 billones de pesos?

El control político y social es fundamental en Bogotá. No para obstaculizar las tareas del gobierno, sino para asegurar el bienestar de los ciudadanos, defendiendo los logros del pasado y ejecutando proyectos que nos conduzcan a un mejor futuro.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Editorial - opinión
Fecha de publicación
21 de septiembre de 2012
Autor
Carlos Caballero Argáez

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