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Para barrer al corrupto

Enrique Santos Molano
Eurípides pone en boca de la nodriza Fedra ('Hipólito', 428 a. C.) esta cogitación: "Hace ya largo tiempo que una noche reflexioné en las causas de la corrupción humana". Las conclusiones de esa meditación las desarrolla el gran trágico griego a lo largo de sus 19 tragedias, y pueden resumirse así: el elemento más corrupto y corruptible de los que existen en la Tierra es el ser humano; no todos los humanos son corruptos, ni siquiera lo es la mayoría, pero todos son susceptibles de corromperse. Las leyes nada pueden contra la corrupción. Las más de las veces están elaboradas por legisladores corruptos, y sirven a los propósitos de una sociedad corrupta. Los únicos que pueden combatir la acción de los corruptos son los honestos. Cuando una sociedad es gobernada por personas honradas, unas pocas leyes (o incluso ninguna) bastan para hacer la felicidad colectiva. Cuando gobiernan los corruptos, todas las leyes imaginables solo aprovecharán a los que mandan, y harán la infelicidad del común de los asociados.
Las actuaciones, justamente criticadas, de algunos magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fueron el pretexto para el escandaloso proyecto de reforma de la justicia, que indignó a la nación y que por fortuna se hundió, y el cual incluía, como supuesto elemento depurador, la eliminación del Consejo Superior, sin tener en cuenta que la Sala Administrativa ha sido, es, y se propone seguir siéndolo, un ejemplo de magistrados probos que velan por el funcionamiento adecuado de la rama judicial, inspirados, al parecer, por la sabiduría de Eurípides en cuanto a la necesidad de poner a personas honestas en el manejo de la cosa pública y, sobre todo, de la Justicia.
    
Hay que barrer al funcionario corrupto de todos los cargos públicos, si queremos un país viable. No será el disparatado estatuto anticorrupción (Ley 1474 del 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, y la efectividad del control de la gestión pública") el que ponga coto a la corrupción ni vuelva honrados a funcionarios que no lo son. Es la selección rigurosa, inexorable, la honestidad comprobada de cada funcionario que se escoja para el servicio público, de cada senador, representante, diputado o concejal que se elija por el voto popular, y que son los llamados a servirle al país de modelo de conducta, lo único que podrá frenar la corrupción y limpiar de corruptelas la burocracia. Con el Estatuto Anticorrupción harán los corruptos lo mismo que hacemos todos con el papel higiénico.
Un buen ejemplo de selección de funcionarios honestos, de magistrados verdaderamente honorables, nos lo suministra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, cuyo presidente, Néstor Raúl Correa Henao, propuso a la magistrada auxiliar Olga Yineth Merchán, de antecedentes intachables en todo sentido, como reemplazo temporal del magistrado Francisco Escobar Henríquez, mientras la Corte Suprema le elige el sustituto en propiedad. El magistrado Ricardo Monroy Church postuló para esa elección a uno de los juristas más acreditados del país, el doctor Eduardo Suescún, persona de honestidad cristalina, que ejerció con grande acierto y aplauso general el Ministerio de Justicia en la administración del presidente  Virgilio Barco, de quien fue también embajador en Suiza y Hungría.
El magistrado José Agustín Suárez Alba coadyuvó a la postulación del doctor Suescún, y en la última Sala Plena Administrativa propuso también a la Sala Disciplinaria proceder con el mismo criterio riguroso a la selección de quien vayan a postular como reemplazo, así mismo temporal, del magistrado Jorge Armando Otálora, elegido Defensor del Pueblo, y adujo a manera de ejemplo los nombres de los exdirectores del Departamento Nacional de Planeación, doctora Cecilia Montaño y doctor Esteban Piedrahíta Uribe (de sobra conocidos por su formación humanística asentada en una honestidad irreducible), a quienes visitó para ofrecerles la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que no pudieron aceptar por compromisos ya adquiridos.
Así, nivelando con estatura moral, académica, profesional y ética, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura abordó esos temas de la integración o renovación de sus miembros, tanto en su propia Sala como en sesión plenaria del Consejo -y en la visita oficial que hizo a las cortes la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, el pasado trece de septiembre-, para solicitarles a los nominadores fijar altos niveles (como los que puse de ejemplo) a la hora de proveer los reemplazos de Magistrados, y en el momento de integrar la terna de donde se habrá de elegir al Director Ejecutivo de la Rama Judicial.
                                       
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No mucho tengo que añadir a las objeciones críticas, recias y contundentes, que la prensa y la opinión han hecho contra la forma, entre ilegal e indelicada, como el Procurador General ha sido ternado para aspirar a su reelección; pero pienso que un jefe del Ministerio Público que ha perseguido en forma incansable a la senadora Piedad Córdoba, destituyéndola reiteradamente sin razón ni justicia (o sí, con mucha razón y justicia, pues no contaría con el voto de la senadora Córdoba para ser reelegido, sino con su oposición), y que no ha movido un dedo para sancionar al senador Eduardo Merlano por su mala conducta en el episodio del borrachímetro (el voto del senador Merlano está asegurado para reelegir al Procurador), no es persona que inspire confianza en el proceder imparcial que debe caracterizar a un funcionario de magna importancia como el Procurador General de la República.
Enrique Santos Molano
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