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Viernes 24 de febrero de 2017

Polémica en España por llamado a que vecinos denuncien

Una aplicación para 'smartphones' permite delatar a ciudadanos que actúen de manera poco cívica.

Polémica en España por llamado a que vecinos denuncien

Los pasajeros que viajan en los trenes de la comunidad autónoma de Cataluña, en España, ahora tienen licencia para delatar. La empresa pública administradora del servicio, Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), lanzó a finales de julio un aplicación para teléfonos 'inteligentes' que permite a los usuarios denunciar a quienes ensucien asientos, fumen, lleven la música a todo volumen o se hayan colado sin pagar su pasaje.

La aplicación describe, mediante dibujos, los 12 comportamientos incívicos más frecuentes. Cuando un usuario quiere denunciar uno de estos, pulsa el dibujo correspondiente y de inmediato se emite una alerta (geoposicionada) al Centro de Comando Integrado de la FGC. Empleados de la compañía reciben el aviso, llaman la atención a los infractores y, si estos no corrigen su conducta, les pueden imponer multas de hasta 300 euros (casi 700.000 pesos).

En sus primeros 5 días de funcionamiento, la aplicación recibió 110 avisos: 21 por ciento de estos tenían que ver con pasajeros colados; 13 por ciento, con los que ensucian asientos y el 11 por ciento, con mendigos y músicos ambulantes.

Pero la iniciativa, que según tuiteó el presidente de la empresa pública "fue ideada por un usuario", no es la única medida que impulsa el Gobierno catalán de CiU (partido nacionalista de centroderecha) para que los ciudadanos se impliquen en la vigilancia de conductas que atenten contra la convivencia.

En abril, el Departamento de Interior del gobierno regional (responsable de la seguridad) colgó en su web las fotografías de 68 personas, a las que acusó de violencia callejera durante una jornada de huelga, para que los ciudadanos ayudaran a la Policía a identificarlas.

Y esta semana, el Departamento de Educación anunció que dará libre acceso a los datos de preinscripciones escolares, con el fin de que las personas que tengan sospechas sobre familias que estén mintiendo en sus solicitudes (se sabe de algunas que, por ejemplo, registran a sus hijos en escuelas públicas distintas a las de su barrio, algo prohibido en España) puedan verificar esta información y denunciar cualquier irregularidad.

¿Un Gran Hermano?

Pero aunque las autoridades y algunos ciudadanos defienden las bondades de la 'colaboración', las medidas han sido duramente criticadas por la oposición, colectivos sociales y expertos, que consideran que el Gobierno está entrando en una suerte de deriva orwelliana, en alusión al autor de la novela 1984, que introdujo el concepto del Gran Hermano o guardián de la sociedad que lo vigila todo.

Uno de esos críticos es Miquel Rubio, estudiante de educación social, de 28 años y promotor de una plataforma virtual que busca presionar para que la administración retire la aplicación que permite denunciar a los incívicos en los trenes. "¿Qué será lo próximo: aplicaciones para denunciar a indocumentados, gays, negros o gente gorda?", se pregunta en su página web, con la que ya ha recogido más de 12.000 firmas.

Rubio duda de que estas medidas impulsen la participación ciudadana: "Más bien se nos invita a que hagamos de policías, a que nos saquemos los ojos entre nosotros -afirma indignado-. El civismo se ha de fomentar desde la transmisión de valores sociales y, en este caso, mediante guías de buenas prácticas, por ejemplo".

En el mismo sentido se pronuncia la investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona Carolina Galais, para quien las políticas de delación son propias de un régimen totalitario: "Sería mucho más normal tratar de conseguir que los ciudadanos asuman como propias normas de comportamiento social deseables mediante la educación".

También, desde el Síndic de Greuges (la oficina del Defensor del Pueblo catalán) han anunciado que, aunque no se ha recibido ninguna queja formal en contra de la aplicación, están valorando la posibilidad de actuar de oficio, sobre todo porque consideran que la medida puede ser discriminatoria.

Pero la FGC, a la que la polémica ha tomado por sorpresa, puntualiza que "no se trata de un mecanismo de denuncia, sino de una alerta que pretende apoyar al usuario cívico".

Y en ese sentido, ha logrado algunos apoyos en redes sociales. "Los Grandes Hermanos son malos cuando alguien tiene algo qué esconder, porque cuando nos roban en el bus o en un vagón, damos gracias a esas cámaras de seguridad que han filmado el momento", tuiteó hace pocos días (@GCPessah.

'No son soplones'

En cuanto a la posibilidad de revisar datos ajenos en las preinscripciones escolares, el Departamento de Educación de Cataluña insiste en que la medida no pretende enfrentar a los padres ni fomentar ciudadanos 'soplones'.

"Esta iniciativa es una adaptación de una ley que ya estaba en vigor y que obliga a divulgar los datos de personas que participen en un proceso administrativo público -ha aclarado la directora general de Atención a la Familia y Comunidad Educativa, Meritxell Ruiz-. Además, los padres que tenían sospechas sobre datos fraudulentos ya tenían la posibilidad de hacer las denuncias; solo les hemos puesto las cosas más fáciles".

Aun así, las opiniones de los padres también están divididas. El presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cataluña (Fapac), Álex Castillo, manifestó su descontento: "No estamos a favor de los fraudes, pero a quien compete resolverlos es a la Administración, no a nosotros".

Pero la Asociación por la Transparencia en la Preinscripción Escolar (ATPE), también conformada por padres, aplaudió la iniciativa y afirma que la Administración debe fomentar todas las herramientas de prevención posibles para evitar que quienes incumplen normas se salgan con la suya. "Los tramposos deben saber que existen medios para denunciarlos", manifestaron esta semana mediante un comunicado.

Para Juan Carlos Villamizar, colombiano responsable de Migración y Ciudadanía del partido verde ICV, estas medidas solo promueven la conflictividad social porque "hacen prevalecer la imposición y el castigo sobre la educación y la persuasión".

Patrullas ciudadanas

Una de las iniciativas de vigilancia urbana más conocidas es es 'neighbourhood watching' (vigilantes civiles) , extendida por Reino Unido, EE. UU., Noruega y Australia. Son patrullas ciudadanas que, con el visto bueno de las autoridades, hacen ronda por sus barrios, ahuyentando a pequeños criminales. La comunidad se defiende de problemas sistemáticos (drogas, prostitución, robos) y aunque se pueden fortalecer vínculos vecinales, se les critica el fomento de la paranoia, la sensación de inseguridad y la xenofobia.

ZULMA SIERRA
Para EL TIEMPO

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