Senadora Gilma Jiménez busca que se obligue al país a convocar a las urnas para tramitarlo.

El referendo que busca castigar hasta con cadena perpetua a los violadores de menores de edad "se va para una corte internacional", según se lo confirmó a EL TIEMPO la senadora del Partido Verde Gilma Jiménez, autora de la iniciativa.

La intención de la congresista es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que "se proteja el derecho a la participación" de las dos millones de personas que firmaron a favor de establecer esa sanción a través de un referendo.

"Notificados quedan los abusadores de los niños y las niñas. Esto aún no termina, vamos a seguir insistiendo en la prisión perpetua, esta vez desde una corte internacional", advirtió Jiménez.

La senadora dijo que en el país "hay personas interesadas en bloquear el referendo por medio de argucias jurídicas". Y agregó que no se opone al debate, "pero lo que no puede ocurrir es que una iniciativa respaldada por más de dos millones de firmas sea desconocida". (Lea también: Referendo contra violadores no se podría convocar directamente: CNE).

El contenido central del referendo, que comenzó a ser tramitado por la congresista verde el 15 de junio de 2008, busca incluir en la Constitución una dura sanción contra los abusadores de menores.

"Con relación a los delitos de homicidio doloso, violencia y explotación sexual, maltrato severo y secuestro, cometidos contra menor de 14 años de edad, o menos, con discapacidad física o mental, podrá aplicar la pena de hasta prisión perpetua de acuerdo con la ley", dice el texto.

El referendo de cadena perpetua fue aprobado por el Congreso en junio del 2009 y se remitió el mismo mes a control de la Corte Constitucional, pero el alto tribunal, en mayo del 2010, lo declaró inexequible por errores de procedimiento y lo regresó al Legislativo para que los corrigiera.

En marzo del 2011 el proyecto de referendo regresó al Congreso, pero solo surtió los dos primeros debates hasta que la Comisión Primera de la Cámara lo hundió (14 votos en contra y 10 a favor), en medio de una dura polémica, ya que los contradictores calificaron la propuesta de "populista".

La congresista le confirmó a este diario que aprovechará el receso legislativo, que va desde el 21 de junio al 19 de julio, para elevar un requerimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pedir que se obligue al Estado colombiano a convocar a las urnas para que "los colombianos tomen una decisión".

Por otra parte, según contaron fuentes cercanas a la congresista, Jiménez está trabajando en la forma de llevar a la Corte Penal Internacional el caso de Luis Alfredo Garavito, condenado y preso por violar y asesinar a más de 170 menores de edad en por lo menos 11 departamentos del país.

El argumento es que después de que se negara su extradición a Ecuador, podría quedar libre "en poco tiempo", por cumplir la pena de 24 años que pesa en su contra.

Las dudas de la iniciativa

Constitucionalistas consultados por EL TIEMPO coincidieron en que el recurso sí es viable, pero expresaron dudas de que la CIDH lo acepte.

Juan Manuel Charry dijo que "no es posible llevar a una corte internacional una decisión política, ya que estas cortes lo que protegen son derechos fundamentales en casos extremos, como un genocidio". Y Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional, señaló: "No creo que se esté vulnerando el derecho a la participación, el proyecto se ahogó en el Congreso. La demanda se puede presentar, pero otra cosa es que prospere".

DAVID FERNANDO MONTES
Especial para EL TIEMPO