Hace unas semanas, la opinión nacional se indignaba porque un senador sin licencia de conducción y en aparente estado de embriaguez se negaba a practicar una prueba de alcoholemia, al amparo de su investidura. Esa misma opinión parece callar hoy frente a una reforma judicial que parece diseñada para estimular la impunidad.

El argumento del general Óscar Pérez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que pidió disculpas al senador Merlano y regañó al policía por haberlo detenido, repica aún en la conciencia del país y su imaginario ético: "No me importa si el senador iba en estado de embriaguez, pero aquí hay unos niveles de respeto que nunca se podrán perder".

Deberíamos restituir en su cargo al general Pérez, honrado ahora por el Congreso, mediante el artículo 16 de la reforma judicial.

El artículo establece que un congresista sólo podrá ser detenido cuando se le haya expedido resolución de acusación o se le capture en flagrancia. Buena parte de los legisladores investigados legislan en causa propia. Son jueces y parte, beneficiarios directos de la reforma.

"No ser juez y parte" es un aforismo filosófico, de absoluto sentido común, con aplicación jurídica. Significa que es injusto, inválido y, en derecho, ilegal que quien esté en potestad de hacerlo establezca leyes que sirvan a sus propios intereses, desprecie los de los demás y desatienda aquellos que demanda precisamente la justicia.

"Las resoluciones de un juez o de un órgano administrativo -dicen los que saben- no deben contener ningún atisbo, ninguna mácula de parcialidad, de favoritismo que beneficie en especial al juzgador o al órgano. No se trata sólo de alcanzar justicia sino de excluir previamente toda duda sobre la imparcialidad del juez, la licitud de la resolución, la corrección del proceso".

Esta sola reflexión bastaría para replantear en justicia la reforma que de la justicia misma hace el Congreso. Porque, léase bien, ¡jamás es neutral un implicado!

Hasta la fecha, 189 congresistas han sido investigados por relaciones con grupos al margen de la ley; 42 de ellos fueron condenados. Si esta reforma se hubiera adelantado unos años, todos los congresistas detenidos y condenados por sus vínculos con el paramilitarismo estarían todavía en el Congreso, fungiendo como padres de la patria. El país, sin duda, ha retrocedido 20 años.

Los congresistas habrían diseñado su reforma judicial para protegerse de investigaciones, acusaciones y condenas futuras. Con el fin de lograr la anuencia de las cortes, habrían ampliado el período de los magistrados a 12 años y a 70 su edad de retiro forzoso.

También, de ahora en adelante, el Presidente de la República, el Vicepresidente, el Procurador, el Fiscal y los magistrados de las altas cortes deberán ser procesados primero en lo político por el Congreso, antes de llegar a una instancia judicial en la Corte Suprema. O sea que no se podrá hablar tampoco de responsabilidad penal de los poderosos. Tú me proteges, yo te protejo.

Transformar la Comisión de Acusaciones del Congreso fue un objetivo claro de los legisladores en siete ocasiones anteriores. Coronaron en el octavo intento. En el pasado, con ocho votos de quince, la comisión entraba a juzgar al congresista. ¡Ahora se necesitarán 51 votos en sala plena!

La reforma favorece a los congresistas, debilitando el sistema para investigarlos y juzgarlos. La reforma estimula a que prosperen las conductas irregulares, sin sanción de ningún tipo. Se trata de un diseño para cultivar la camaradería entre las ramas del poder público. Para respetarse entre jerarquías. Tenía razón el general Pérez.

Heriberto Fiorillo