Por presuntamente causar un detrimento patrimonial de 89.139 millones de pesos en la prórroga de las licencias de los dos canales de televisión privada, la Contraloría imputó cargos de responsabilidad fiscal a los canales Caracol TV y RCN, y a cinco excomisionados de televisión.

La decisión quedó fijada en el auto 601911, del 16 de mayo del 2012, en el que llama a juicio a Alberto Guzmán, Zulma Casas, Ana María Vásquez, Eduardo Osorio y Rafael María Samudio Lizcano, todos exmiembros de la desaparecida Comisión Nacional de Televisión (CNTV), y a las directivas de los dos canales privados.

De acuerdo con la Contraloría, si bien la Comisión había tasado el valor de la prórroga de las licencias en 528.734 millones de pesos, los canales terminaron pagando solo 294.472 millones.

Esto, porque en las cuentas se sumó el valor que debía pagar un tercer canal que estaba en proceso de licitación, adjudicación que nunca prosperó. Sin embargo, y pese a que dicho canal no entró a operar, el valor de la prórroga no fue ajustado a la situación "real y actual de un mercado duopólico".

Agrega que el no pago "conllevó a que el Estado dejara de recibir una parte relevante de la valoración del mercado de televisión".

También fueron vinculadas, en calidad de terceros garantes, las aseguradoras Segurexpo Seguros de Crédito y Cumplimiento Bancoldex-Grupo Cesce, Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. y Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Confianza.

La Contraloría considera que al no entrar un tercer canal seguirá el detrimento, derivado de la exclusividad de los canales.