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Naomi Wolf advierte sobre peligros de ley Cispa, sucesora de ley Sopa

Consejera de las campañas presidenciales de Bill Clinton y Al Gore, explica qué se viene con Cispa.

Nueva York. Casi nadie leyó la Ley de Intercambio y Protección de Información de Inteligencia Cibernética o Ley Cispa (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, su nombre en inglés) antes de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos la aprobara de manera apurada el 24 de abril y la enviara al Senado. (Lea también: Internet: la SOPA hierve).

Cispa es la sucesora de la Sopa, el proyecto de ley antipiratería recientemente derrotado después de una fuerte protesta ciudadana y de empresas de Internet.

La ley Sopa, concebida con la finalidad de proteger a la industria del entretenimiento estadounidense, hubiese atado las manos de proveedores de contenido y usuarios y dado lugar a la proliferación de imitaciones de dicha legislación a lo largo y ancho del mundo, desde Canadá y el Reino Unido hasta Israel y Australia.

Ahora, con la Cispa, la represión de la libertad en Internet viene disfrazada de un proyecto de ley dirigido a luchar contra el terrorismo cibernético, que debería provocarles pesadillas a los ejecutivos de Internet y a los demás líderes empresariales. Sin embargo, en esta ocasión las firmas más importantes de la red y de la tecnología en general, incluidas Facebook y Microsoft, arroparon la iniciativa, con el argumento de que crearía un procedimiento claro para tramitar las solicitudes de información que les hace el Gobierno. (Lea acá: Se 'enfría' la SOPA, pero se calienta la 'ciberguerra').

Microsoft, al menos, retiró su apoyo de manera tardía, después de reconocer que la ley permitiría que el Ejecutivo de Estados Unidos obligue a cualquier empresa de Internet a entregar datos sobre las actividades en línea de sus usuarios.

Pero el proyecto presenta peligros mucho más alarmantes que los ya mencionados. Por ejemplo, "el jefe de un departamento o de una agencia del Gobierno Federal que recibe información sobre una amenaza cibernética (...) deberá proporcionarla al Centro para la Ciberseguridad Nacional e Integración de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN)". No es necesaria una amenaza real.

Además, lo que se considera "información sobre una amenaza" se define en forma tan amplia que puede significar cualquier cosa. "Independientemente de toda otra disposición legal" (reza la propuesta), el Gobierno puede basarse en "los sistemas de ciberseguridad para identificar y obtener información sobre una amenaza cibernética".

El vago concepto de "información sobre una amenaza cibernética" no solo permite que el DSN investigue a cualquier persona. Al incluir información concerniente a la "vulnerabilidad de un sistema o de una red de un gobierno o de una entidad privada" y a "un robo o a una apropiación indebida de información privada o del Gobierno, de propiedad intelectual o de información personal identificable", la iniciativa parece estar dirigida a poner en la mira a los denunciantes de irregularidades y a atentar contra el periodismo investigativo.

El respetado sitio web de tecnología Techdirt ha calificado el documento como una "locura" (insanity): "La Cispa ya no se puede llamar un proyecto de ley de ciberseguridad. El Gobierno obtendría la capacidad de buscar información (...) con fines de investigar a ciudadanos estadounidenses. Dicha investigación se llevaría a cabo con total inmunidad frente a las disposiciones que protegen la privacidad, siempre y cuando se pueda aducir que alguien perpetró un crimen de ciberseguridad".

En efecto, el Departamento de Seguridad Nacional puede revisar los datos transmitidos vía Internet sin restricciones y sin importar lo que llegue a encontrar en última instancia. En este sentido, los líderes empresariales que creen que este proyecto tiene como objetivo a los terroristas -o a lo sumo a los activistas y documentalistas nacionales que puedan dificultar sus operaciones- deben tener cuidado con lo que desean.

De hecho, debido a que la definición de ciberterrorismo es tan amplia y subjetiva, los ejecutivos estadounidenses que apoyan la Cispa corren el riesgo de exponerse ante el poder que obtendría el DSN para escudriñar su vida personal, emitir emplazamientos para obtener sus registros bancarios y perturbar sus comunicaciones electrónicas.

La ley otorgaría al Departamento de Seguridad Nacional un control similar sobre la vida personal y financiera de cualquier persona que hace negocios en EE. UU. o con empresas estadounidenses, un poder que el Gobierno ya ha intentado hacer valer al emitir un emplazamiento para que le entreguen los registros bancarios de la legisladora islandesa Birgitta Jónsdóttir (promotora de la libertad de prensa en la red).

Miedo a la vigilancia

Todas las personas tienen secretos: aventuras amorosas, problemas de abuso de sustancias, diagnósticos relacionados con su salud mental, preferencias sexuales heterodoxas o charlas cuestionables con sus contadores. En una sociedad civil fuerte, estos asuntos mantienen un carácter privado, como es lo correcto. En una sociedad vigilada, dichos asuntos se convierten en ventajas estratégicas.

Tengo miedo a los impactos que causaría la vigilancia doméstica sin restricciones, por razones específicas: he trabajado en dos campañas presidenciales y vi de primera mano las tácticas habituales -no violentas, pero aún así con inclinaciones mafiosas- de los altos ámbitos políticos. No escaseaban la vigilancia ni el espionaje telefónico, contratados de manera privada.

De forma rutinaria, las campañas introducían a espías -pasantes, personal doméstico o incluso amantes- en el campo adversario y dedicaban un gran número de horas-hombre al escrutinio detallado de registros privados para investigar a sus contrincantes. Habitualmente, los resultados de estas investigaciones se usaban tras bambalinas para amedrentar y coaccionar a las personas que estaban en la mira. (Siga este enlace para leer: El impulsador de SOPA quiere que Internet tenga su 'Gran Hermano').

La mayoría de estos "escándalos" nunca salieron a la luz -el objetivo no era develarlos, sino ejercer presión-. La Cispa otorgaría el mismo poder al DSN. Los líderes empresariales de Estados Unidos pueden pensar que son inmunes, pero la definición del proyecto de ley de lo que es una "amenaza" es tan vaga -no distingue entre lo que es una amenaza contra Internet y cualquier amenaza al azar, incluso metafórica, en Internet- que el Departamento de Seguridad Nacional puede seguirle el rastro a cualquiera que diga algo que fastidie a alguien que está en un cubículo.

Si la Cispa se convierte en ley, colocándose al lado de la recientemente promulgada Ley de Autorización de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act), que le da al Gobierno el poder de detener a cualquier estadounidense por cualquier cosa, las libertades civiles fundamentales se verán amenazadas, en una forma que ninguna democracia puede tolerar.

Y, debido a que gran parte de la libertad en Internet se deriva de la libertad de expresión que hasta hace poco caracterizaba a Estados Unidos, la promulgación de la Cispa plantea una amenaza similar en todo el mundo. (Lea acá: ¿Es la ley de derechos de autor para el TLC la 'ley Lleras recargada'?).

La buena noticia es que el presidente Barack Obama ha prometido vetarla. La mala noticia es que él hizo una promesa similar -y posteriormente la rompió- en relación con la Ley de Autorización de la Defensa Nacional.

NAOMI WOLF
(San Francisco, 1962) Escritora y activista

Project Syndicate
Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.

Publicación
eltiempo.com
Sección
Ciencia y tecnología
Fecha de publicación
21 de mayo de 2012
Autor
NAOMI WOLF

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