'Utilizan un error para esconder cosas', dice secretaria de Judicatura

'Utilizan un error para esconder cosas', dice secretaria de Judicatura

Yira Olarte Ávila, vinculada al escándalo del carrusel de pensiones en el tribunal, se defiende.

8 de mayo de 2012, 05:43 am

Yira Lucia Olarte Ávila, la secretaria de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura implicada en el caso, desmintió las supuestas falsedades en actas de las sesiones para nombrar funcionarios.
 
"He sido objeto de una falsa denuncia. Están utilizando ese error humano para esconder otras cosas. Se están utilizando a los medios de comunicación para decir mentiras y presionar", dijo Olarte. 

La Fiscalía investiga su actuación en el nombramiento de seis funcionarios en varias seccionales de la Judicatura, que, según denuncias, supuestamente se efectuaron sin contar con la aprobación de los siete magistrados de la Sala Disciplinaria de ese tribunal.
 
La funcionaria, quien ya rindió interrogatorio ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema que tiene a su cargo el caso, ha asegurado que las omisiones sobre los nombramientos encontradas en algunas actas obedecen a omisiones involuntarias.
 
El caso fue denunciado por la magistrada María Mercedes López ante la Fiscalía. Ella dijo que sus colaboradores descubrieron las inconsistencias en las actas mientras depuraba el archivo de su despacho. En esos documentos no figuran los nombramientos de al menos seis personas. Sin embargo, sus designaciones se apoyan en esas sesiones.
 
El caso fue hecho público por el fiscal general Eduardo Montealegre después de comunicarlo al presidente Juan Manuel Santos, los presidentes de las cortes y los congresistas, reunidos en la cumbre de poderes que se realizó para destrabar el proyecto de reforma a la justicia.
 
La Fiscalía ha encontrado evidencias para establecer que, al parecer, también se esté ante un carrusel de pensiones, pues dos de las personas nombradas permanecieron en sus cargos por corto tiempo, lo que les permitió incrementar sus pensiones, las cuales tramitaron después de renunciar.
 
En su primera aparición pública desde que se produjo el escándalo, la secretaria Olarte aseguró que las renuncias de los funcionarios y los nombres de quienes van a llenar estas vacantes siempre se han llevado a la Sala para su aprobación.
 
"Todas las decisiones de los magistrados se toman en sala. Y cuando se sale de una Sala se tiene que ejecutar las decisiones de los magistrados y a elaborar las actas, no hay posibilidad de que se haga un nombramiento sin que no esté autorizado por la Sala, ya sea por las mayorías o por unanimidad", explicó Olarte.
 
También aclaró que las actas no son actos administrativos válidos para materializar las decisiones de los magistrados, solo son registros detallados de las sesiones.
 
"Se cometió un error de transcripción en las actas, pero los actos administrativos que se derivaron de ellas fueron firmados y ejecutados debidamente. Además, las actas salieron muchísimo tiempo después de que se cumplieran esos actos administrativos.
 
Según Olarte, la magistrada auxiliar Luz Elena Aranceti, quien labora en el despacho María Mercedes López, fue presionada por su superior para que declarara en su contra. "Ella misma me lo dijo, me llamó y me advirtió que así la echaran no iba a declarar en contra mía".
 
Olarte aseguró que tiene los documentos para demostrar también que la magistrada María Mercedes López estuvo presente en la mayoría de las sesiones en las que se informaron de las vacantes y se designaron a los reemplazos denunciados como falsos.
 
"Ella (la magistrada López) estuvo presente en las sesiones que ahora denuncia y desde la fecha de los nombramientos hasta ahora jamás hizo algún reparo u observación por esas decisiones. Me extraña que la denunciante venga a reparar en un error cuatro años después", indicó Olarte
 
"Lo que quiero dejar en claro es que no hay falsedad en las actas, no hay espacios en blanco, no hay decisiones contrarias a la voluntad de la sala o escondidas a algún magistrado.

REDACCIÓN JUSTICIA