La minería depredadora

La minería depredadora


20 de abril de 2012, 02:06 am

La minería extractiva es, además de un problema económico y ambiental, un asunto político de gran trascendencia por cuanto implica tomar decisiones que comprometen a veces la integridad del país y afectan la vida de los ciudadanos. La minería del carbón en La Guajira y en el Cesar amerita un cuestionamiento serio; el extractivismo depredatorio va dejando, por ahora, escasos beneficios y muchos lastres. ¿A qué modelo de desarrollo le apunta el otorgamiento de licencias a granel? ¿A qué obedece el afán desbordado de obtener  permisos de explotación por parte de particulares, y del Gobierno por adjudicarlos? Todo, a espaldas de una ciudadanía cuya opinión no cuenta. Los pobladores, que tendrían derecho a beneficiarse de los recursos con los que la naturaleza los dotó, terminan desplazados, ilusionados con espejitos de bienestar y conformes con las migajas que les llegan a través de las regalías, buena parte de las cuales se "esfuma" en los entresijos de la corrupción. Es así por la debilidad institucional de la región, por falta de control político, fiscal y administrativo.
Mucho se habla en algunas esferas gubernamentales de desarrollo sostenible y sustentable. Conviene preguntarse: ¿Qué modelo inspiró la política minera? ¿Cuáles son y quién hizo los estudios de impacto ambiental de la minería a cielo abierto? ¿Qué recomiendan? ¿Quién vigila? El debate es necesario, lo contrario es aceptar las imposiciones del Gobierno y de las empresas transnacionales, que, en nombre de un falso desarrollo y del afán inversionista, andan desaforadas escarbando el último rincón para extraer, como sea, el carbón. Ya se habla de concentración de títulos mineros en pocas empresas y/o personas y de falta de rigor técnico en el análisis de la capacidad operativa y económica de los favorecidos con las licencias.

Desde luego, el apetito por los carbones colombianos está justificado, son los mejores del mundo, son minerales limpios, poco contaminados y de alto valor energético; así lo dicen los compradores y así lo anuncia en su página web la transnacional brasilera MPX, a la que le fueron adjudicadas 62.200 hectáreas en La Guajira; son tres minas a cielo abierto: Cañaverales, Papayal y San Benito, y otra mina subterránea en San Juan del Cesar. Las reservas probables alcanzan los 1.740 millones de toneladas. El propietario de la empresa ha dicho que los activos de estas minas son de un valor inestimable, pero los ha calculado entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. La producción se estima en 25 millones de toneladas anuales a partir del 2012, cifra que crecerá hasta 35 millones en el 2015 y se duplicará a partir del 2020. Con el volumen de reservas anotado, tienen para muchos años de buenas ganancias. Comparadas estas cifras con el monto de las regalías que percibirán el departamento y los municipios, se entiende la clase de negocios que hace el Estado colombiano en nombre de los guajiros.

La Guajira es el primer productor de gas y de carbón en Colombia desde hace varias décadas. Sin embargo, su PIB per cápita es inferior al promedio nacional y descendió notoriamente en la década del 60, cuando aumentaban las regalías; es un departamento con una deuda pública elevada y sus tasas de cobertura en salud y educación son inferiores al promedio nacional. Los encadenamientos productivos que generan las explotaciones carboníferas son pocos y limitados. El desempleo es muy alto y el contrabando, sobre todo el de gasolina, sigue siendo una importante fuente de ingresos para la mayoría de los jóvenes.
No hay que oponerse a la explotación de los recursos naturales ni pretender limitar la inversión nacional o extranjera. Pero tampoco puede permitirse que todo esto se dé a costa del deterioro ambiental y en perjuicio de la mayoría de los habitantes de la región. Urgen muchas rectificaciones y la acción ciudadana es vital para adelantar ese proceso.