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Un juez de Colombia resuelve 448 casos al año; uno de EE. UU., 3.135

La Contraloría ubica al país como uno de los más ineficientes en la administración de justicia.

Aunque en el 2009 y el 2010, por primera vez en la historia del país, los jueces resolvieron más casos de los que ingresaron a sus despachos (5'075.000 sentencias frente a 4' 650.000 casos), la justicia colombiana sigue arrastrando un inventario represado de 2,9 millones de procesos que 'duermen' en los anaqueles. (Vea galería con casos polémicos de la justicia colombiana).

Ninguno de los tres objetivos que la Rama Judicial se impuso en el 2007 -reducir el tiempo que dura un proceso a menos de la mitad, aumentar la productividad de los jueces en un 40 por ciento y reducir el inventario represado en un 70 por ciento- se alcanzó.

Por el contrario, la congestión judicial suma 500.000 casos más que hace una década.

Este crítico balance aparece en un informe reservado de la Contraloría, que ubica a Colombia como uno de los países menos eficientes en materia de administración de justicia en América.

Incluso, naciones que tienen menos jueces, como Chile, Brasil y Perú, logran entre tres y cuatro veces más sentencias por despacho que en Colombia . Y la productividad de un juez en Estados Unidos es siete veces la de uno de sus pares colombianos (ver infografía).

Colombia tiene hoy 4.861 jueces; es decir, 11 por cada 100.000 habitantes. También en Estados Unidos los jueces son 11 por cada 100.000 habitantes.

Fiscalía tiene trancón de un millón de casos

La situación es todavía más complicada porque la Fiscalía tiene un millón de casos en los que no ha podido avanzar, y que en consecuencia no han llegado ante los jueces.

Si bien el estudio de la Contraloría señala que la justicia ordinaria ha logrado bajar en 54 días el promedio de lo que dura un juicio en primera instancia, frente a los 655 que demoraba un caso promedio en el 2006, el tiempo establecido por el Código de Procedimiento sigue excedido en más de dos meses. Esto, obviamente, no se compara en nada con los cinco años y medio que se tomaba un caso hace diez.

Hoy, las más demoradas siguen siendo las demandas contra el Estado. Duran en promedio 1.143 días, es decir, más de tres veces los 330 días que establece la ley.

La justicia encargada de investigar y sancionar las malas prácticas de jueces, fiscales y abogados, en cabeza de la cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es la que sale peor librada del examen de la Contraloría.

Esas investigaciones deben resolverse en no más de 220 días, pero el promedio para llegar a una decisión no baja de 625 días. Esa jurisdicción tiene hoy 32.135 casos represados, casi 11.000 más que en el 2004, a pesar de que son los despachos que más plata le cuestan al país.

Así, en promedio, un juez disciplinario y su equipo le valen al año a Colombia 252 millones de pesos. Un despacho de la justicia penal gasta 207 millones, mientras que uno del contencioso administrativo implica una inversión de 190 millones de pesos al año.

Un caso emblemático que no progresa

A pesar de que el escándalo por los 'falsos positivos' de Soacha puso a Colombia en la mira de las organizaciones de Derechos Humanos, y provocó la más grande purga militar en la historia del país, tuvieron que pasar más de tres años para que la justicia empezara a imponer condenas. (Lea también: 1.741 víctimas dejan los 'falsos positivos' en los últimos 27 años

Y aunque los casos se llevan a cabo bajo el nuevo sistema penal acusatorio, que es mucho más ágil que el antiguo sistema penal, solo tres han llegado a etapa de juicio.

Uno de ellos fue el de Faír Leonardo Porras, un joven que sufría un retardo mental. Fue reclutado en Soacha y presentado días después como un peligroso extorsionista muerto en combate en Ocaña. Seis militares, entre ellos dos oficiales, fueron sentenciados por ese crimen.

Otros 16 procesos, por dilaciones atribuidas a la defensa de los militares, siguen en etapa de investigación y marcan, para el sistema de justicia, un retraso que ya se acerca a los dos años.
Mientras tanto, la mayoría de los señalados responsables de los 'falsos positivos' sigue en libertad.

Congestión de años

Reforma de justicia no resuelve el lío

Una de las mayores críticas al proyecto de reforma de la Justicia que avanza en el Congreso es que no resuelve el problema de la congestión judicial, que lleva décadas. La norma, en todo caso, sí tiene un artículo referente al tema: el que les da a abogados y funcionarios facultades para que actúen excepcionalmente en procesos civiles atrasados, para ayudar a descongestionar.

La Rama Judicial, en cabeza de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, se opone. Considera que es una "privatización" de la justicia y que, además, sería inocua porque las decisiones serían apeladas y resueltas en todo caso por el sistema judicial. Insisten, como Asonal, en que la salida es nombrar más jueces.

El 30% de juzgados no tiene Internet

La Contraloría resalta que de 1,4 billones de pesos que recibía la Rama Judicial en el 2004, se pasó, en el 2011, a 1,8 billones. Para el 2012, el presupuesto llega a los 2,2 billones.

Aunque la gestión de la Sala Administrativa de la Judicatura ha sido importante para lograr mejor infraestructura para la administración de justicia, sigue habiendo problemas. El 30 por ciento de los más de 4.000 juzgados del país no tiene, por ejemplo, una conexión a Internet, y más de la mitad de los funcionarios no tiene correo institucional.

En una auditoría, la Contraloría encontró posibles irregularidades de dos expresidentes de la Judicatura, José Alfredo Escobar y Hernando Torres, en contratos relacionados con la construcción de palacios de Justicia en el país.

La situación es particularmente complicada en Cali, donde un atentado terrorista de las Farc destruyó la sede de la justicia, en septiembre del 2008. Casi cuatro años después, los jueces de la capital del Valle trabajan en condiciones de hacinamiento.

A la justicia le hace falta plata: Asonal

Nelson Cantillo, presidente de Asonal Judicial -el sindicato de los trabajadores de la rama-, asegura que la justicia en Colombia es lenta, no por culpa de los funcionarios sino porque el sistema "no permite celeridad". Pide aumento de recursos y advierte que la situación de los jueces puede llegar a ser caótica.

¿Qué dice del informe de la Contraloría y de la comparación con otros países?

Este es un mal endémico, que se ha venido incrementando por la improvisación de las políticas sobre la justicia. Asonal ha denunciado que el problema no es de producción, sino de calidad.
Producción sin calidad es sinónimo de impunidad. Se tienen que atacar las causas del problema y no a los jueces; aquí hay jueces de primera y tercera categoría y no todos tienen los recursos para sacar adelante los procesos.

Es decir que los procesos sí avanzan lento...

Sí, porque la estructura así lo define, no por culpa de los funcionarios. Ellos no tienen herramientas para cumplir sus tareas.
El sistema no permite celeridad, la planta de personal es insuficiente para evacuar los procesos. Hay jueces que tienen mil procesos.

¿El cuello de botella está en los jueces?

No, toda la rama va lenta. El Legislativo ha actuado con improvisación en cuanto a las políticas de la Rama Judicial, se toman decisiones que no atacan la congestión y se mantiene la ausencia de un presupuesto digno que incluya aumento de personas y recursos.

Pero han incrementado presupuesto y personas...

No lo suficiente. El dinero no aumenta en la proporción de los procesos ni en concordancia con la necesidad de un acceso más rápido a la justicia. Los jueces intentan cumplir. El nivel de suicidios en la rama es alto por cuenta del estrés que sufren los funcionarios. No hay persona que aguante esa carga laboral, eso no pasa en otros sectores.

¿Cuál es la solución a corto o mediano plazo para resolver lentitud en los procesos?

Los jueces están preparados para enfrentar los procesos. No podemos hablar de incapacidad. Si el Estado se compromete con la justicia y se aumenta el presupuesto y el personal, seguramente esto será más rápido. En Bogotá hay un edificio de juzgados de 10 pisos, no hay ascensores ni baños, mucho menos elementos de trabajo. Si eso pasa en la capital, ¡imagínese cómo está el resto del país!

¿Entonces el problema es de plata?

Pues la plata ayudaría a solucionar los problemas. Necesitamos un aumento del presupuesto mínimo del 7 por ciento. Con eso se puede empezar a creer en un verdadero compromiso con la justicia.

REDACCIÓN JUSTICIA

Publicación
eltiempo.com
Sección
Justicia
Fecha de publicación
18 de abril de 2012
Autor
REDACCIÓN JUSTICIA

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