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Ultimátum al Gobierno en caso Curvaradó

Redacción El Tiempo
La Corte Constitucional le acaba de dar un plazo perentorio de dos meses al gobierno Santos para que solucione de una vez por todas la situación de desplazamiento de decenas de familias afrodescendientes en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó).
En una decisión revelada por EL TIEMPO, el alto tribunal le ordenó al Ministerio del Interior culminar antes del 9 de marzo el censo de los desplazados de las más de 17 mil hectáreas que, en el 2000, terminaron en manos de paramilitares y de empresarios palmeros, varios de ellos fugitivos. El censo se había iniciado en el gobierno Uribe pero, tras la denuncia de la inclusión de falsos desplazados, el proceso se paralizó dos años.
Por eso, el alto tribunal también conminó al Incoder a que, antes del 18 de abril, tenga plenamente detectados a los tenedores de mala fe de esas tierras para que salgan de la zona y esta quede saneada jurídicamente para el retorno de sus dueños.
Esa misma semana, el Gobierno le deberá entregar un informe pormenorizado a la Comisión de Seguimiento de la sentencia T- 025 del 2004 (sobre desplazamiento) en el que queden establecidas las responsabilidades y acciones que cumplirán los ministerios de Defensa, del Interior y de Agricultura, el Incoder, la Agencia Presidencial para la Prosperidad y la Superintendencia de Notariado para garantizar la devolución de las tierras y la seguridad de la población, que denuncia nuevas amenazas.
Piden responsables
En la misma decisión -suscrita por los magistrados Luis Ernesto Vargas, Nilson Pinilla y Juan Carlos Henao-, también se le pide a la Fiscalía entregar los resultados de las investigaciones sobre desplazamiento forzado y acelerar expedientes rezagados acerca de este mismo tema.
Finalmente, se conmina a la Contraloría a que entregue un informe fiscal de la manera como el Gobierno ha manejado los recursos para asegurar el retorno de estas familias.
Redacción El Tiempo
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