Se trata, en verdad, de la mejor estrategia antiguerrilla.

    No pocas veces se ha dicho, debatido y aun reconocido que la solución a buena parte de la problemática colombiana debe pasar, necesaria e indefectiblemente, por acabar con la concentración en la propiedad de la tierra.

    Desde luego, se han dado avances considerables en la delimitación del concepto para señalar que el tema no se refiere solo al reparto de tierras, sino también a su uso racional, al empleo de tecnologías, el tipo de asociación y el mercadeo.

    Durante la llamada 'revolución en marcha', el liberalismo, con López Pumarejo a la cabeza, logró la primera y tal vez más importante ley agraria del siglo XX, estatuto que permitía a los campesinos no propietarios de tierra adquirirlas con base en la explotación económica.

    Se estableció, entonces, que las tierras ociosas podían pasar a manos del Estado. Fue conformado un grupo de "jueces de tierras" para cumplir esa revolución que, como era obvio, contó con la férrea oposición de los terratenientes.

    Luego, el auge del narcotráfico, el paramilitarismo y también de la guerrilla produjo lo que se conoció como la "contrarrevolución agraria", que generó la concentración de la tierra en manos de grupos criminales sin Dios ni ley; es decir, los mismos que, a sangre y fuego, provocaron el mayor desplazamiento conocido en la propiedad rural, inclusive superior al que ya se había producido durante la llamada violencia liberal-conservadora.

    El gobierno de Virgilio Barco, dentro de la estrategia de lucha contra el narcotráfico, concibió la política de "extinción de dominio" de los bienes adquiridos ilícitamente.

    En su momento se dijo, con razón, que su aplicación plena permitirá adelantar en Colombia las reformas agraria y urbana. Pero, lamentablemente, el Estado en su conjunto no fue capaz de utilizar en forma adecuada tan revolucionaria herramienta, y ya se sabe que esos bienes ilícitamente adquiridos, o bien no fueron tocados, o si lo fueron, como era de esperarse, terminaron saliendo, por la puerta de atrás, a manos de los mismos delincuentes o de meros avivatos, en muchas ocasiones con el concurso de autoridades públicas.

    El gobierno Santos, con la valiente dirección del ministro Juan Camilo Restrepo, impulsó, al lado de la ley de víctimas, la de tierras, ambas encaminadas a recuperar -ya no para el Estado, sino para los campesinos desplazados y despojados de esas tierras- la propiedad sobre las mismas.

    En Córdoba se produjo el primer acto simbólico al devolver importantes extensiones de terreno a sus verdaderos propietarios. Además, quedó clara la decidida voluntad del Gobierno para combatir, con la fuerza legítima del Estado, a todos aquellos que, mediante asesinatos, amenazas o intimidaciones, buscan impedir el cumplimiento de la ley.

    Como ocurrió en 1936, pronto serán nombrados los primeros jueces agrarios encargados de hacer efectivo aquel ordenamiento.

    Con la extinción del dominio de las tierras de narcos, paramilitares y guerrilleros, más el regreso de las mismas a sus legítimos dueños, se retoma el hilo histórico de la 'revolución en marcha'.

    Aquí Estado y sociedad deben actuar unidos para impedir que los poderosos criminales se le atraviesen al cumplimiento de una ley con cuya observancia podremos estar asistiendo a otra auténtica "revolución silenciosa".

    Y es que así, más allá del estricto acatamiento de la ley, con todas sus bondades, se le quitará a la guerrilla una de sus "banderas" falaces y populistas: ¡dizque lograr la reivindicación campesina!

    Sin caer en lo que López Michelsen llamaba la "revolución por contrato", el Gobierno puede ir arrebatándole a la subversión las consignas que esgrimía como pretexto para la insurrección armada.

    Se trata, en verdad, de la mejor estrategia antiguerrilla. La más indicada en procura de la paz.