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El país aún no tiene idea del despojo de tierras cometido por las Farc

Se trata de tierras arrebatadas a sus dueños, la mayoría, en Meta y Caquetá.

El primero de enero entró en funcionamiento la Unidad de Consolidación y Reconstrucción Territorial, que tiene la misión de recuperar para el Estado zonas que por décadas han estado en manos de los grupos armados ilegales. EL TIEMPO habló con su director, Álvaro Balcázar, quien asegura que el país aún no tiene idea del despojo de tierras cometido por las Farc, especialmente en el suroriente. 

¿Qué es la Unidad de Consolidación?

Es una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Hace parte del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación y nuestra tarea es recuperar la presencia del Estado donde, por su ausencia, se incubó la amenaza de guerrillas, paramilitares y otras organizaciones ilegales. Estas llegaron de la mano de la barbarie, la violencia, los cultivos ilícitos y, recientemente, de la minería ilegal; todo porque el Estado no implantó allí sus capacidades para ejercer un efectivo control del territorio y fortalecer la democracia.

¿Cuáles son las zonas prioritarias para ustedes?

Montes de María, Catatumbo, Norte de Santander, el nudo de Paramillo (que incluye cinco municipios del sur de Córdoba y diez municipios del nororiente antioqueño o bajo Cauca), la zona de La Macarena-Caguán (seis municipios del sur del Meta, más seis municipios de Caquetá), la región de la cordillera Central (cuatro municipios del sur del Tolima, cinco del nordeste del Cauca y dos del sureste del Valle).

También están Tumaco y cuatro municipios fronterizos de Putumayo. Son regiones donde se sostiene el conflicto y permanecen los grupos armados por razones estratégicas, logísticas, operacionales, históricas y simbólicas.

El país acomete este año un reto histórico: devolverles a las víctimas las tierras que les robaron los paramilitares. ¿Qué se sabe del despojo cometido por las Farc?

Hemos recibido mucha información y el país tiene conocimiento del despojo que produjeron los paramilitares. Pero el despojo de las Farc es igual o peor. Los grupos guerrilleros basan su permanencia en el control del territorio. Esto no quiere decir que la gente esté del lado de las Farc. Es que, si no hay Estado que la proteja, la gente termina necesariamente haciendo lo que las Farc necesitan que hagan, no por su voluntad, sino presionada por la amenaza y la intimidación.

¿Cómo han hecho ese despojo?

Se han llevado a los niños, aunque sus padres no estén de acuerdo. Los ponen a cumplir ciertas funciones y la familia que se niega se tiene que ir. Cuando empezaron a acabarse los cultivos ilícitos, mucha gente quedó sin empleo y abandonó fincas que eran muy distantes y ahora las Farc están poniendo allí a personas que cumplen funciones logísticas y estratégicas. Esta es una especie de repoblamiento invisible.

¿Por qué no hay denuncias de esta situación?

A la gente le da miedo reclamar. Pero incluso si en este momento quisiéramos hacer actividades de restitución es muy difícil que la gente acepte que le devuelvan tierras en zonas donde las Farc todavía tienen el control del territorio. Por eso hay que estar sincronizados. Y no hemos visto que muchas organizaciones que protegen los derechos humanos visibilicen esas situaciones.

¿Cuál es la dimensión real del problema?

Hay que hacer un proceso coordinado de Fiscalía, Fuerza Pública, CTI e inteligencia para priorizar los casos de testaferrato evidentes. Hay grandes fincas y predios que toda la gente sabe de quién son, pero su judicialización es difícil porque no hay pruebas físicas y habría que recurrir a la denuncia de los ciudadanos.

Sin embargo, en nuestro régimen penal no está suficientemente protegido el anonimato del denunciante cuando se trata de una organización criminal, así que es difícil conseguir la denuncia contra las Farc, que son las primeras en enterarse.

¿Tienen cálculos de las tierras robadas por la guerrilla?

Podemos decir con toda seguridad que en los departamentos de Meta y Caquetá hay haciendas de entre 5.000 y 42.000 hectáreas que están en manos de testaferros.

¿Qué va a hacer el Estado?

Si no se desarticula la amenaza, va a ser difícil darle confianza al ciudadano. El miliciano se va debilitando cuando la estructura se repliega, va perdiendo capacidad de intimidación hasta que se vuelve inocuo.

¿Es esa la mayor dificultad en el proceso de consolidación?

Las Farc se han ido replegando a zonas selváticas con muy poca población. Esto nos da una oportunidad de ir llenando de Estado todo ese vacío. Mientras los grupos ilegales vayan siendo replegados, irán perdiendo capacidad para reordenar el territorio a su interés, para continuar haciendo despojo. Ellos pueden hacer despojo cuando se pasean como Pedro por su casa. Hay zonas emblemáticas como La Macarena donde falta mucho trabajo, especialmente en áreas donde mucha población campesina está influenciada por las Farc.

¿Y las otras zonas?

Indudablemente, la zona estratégica y fundamental, desde el punto de vista de la guerrilla, es La Macarena. Esta es la retaguardia estratégica de las Farc. Allí está más del 40 por ciento de la estructura armada del país. Desde el punto de vista de 'bacrim' y nuevas organizaciones criminales asociadas al narcotráfico, es claro que las regiones son el nudo de Paramillo y Tumaco. Y una región que toma un papel muy importante, para el futuro, es el Catatumbo.

Usted conoce muy bien La Macarena. ¿Cuál es la clave para una verdadera consolidación?

Necesitamos seguir mejorando la capacidad de sincronizar los esfuerzos que debe hacer el Estado. Esto es una lucha árbol por árbol, vereda por vereda y caño por caño. En la medida en que esto se logre, también es necesaria una oportuna presencia policial y judicial para desactivar la amenaza, porque la operación militar alcanza unos límites, pero luego queda maniatada cuando el enemigo ya no está armado, con fusiles y uniformes, sino disperso y soportado por el trabajo de los milicianos.

¿Es tan difícil hacerlo?

La gente no pide mucho, solo una escuela, un centro de salud, una carretera terciaria y un puente. Con eso ellos comienza a reconstruir su vida, pero eso es lo que falta. Necesitamos las facultades judiciales de la Policía para empezar a generar control territorial, jueces y fiscales para control institucional y la provisión de los más básicos bienes y servicios.

Seguridad y desarrollo, las claves

¿Cómo van a hacer para articular a todo el Estado?

En cada uno de los 51 municipios del programa va a haber una persona que será el rostro permanente ante la comunidad. A nivel nacional tenemos una estructura de apoyo, una especie de Contraloría, que revisará que el plan elaborado con alcaldes, gobernadores y la comunidad se está cumpliendo.

¿Qué papel jugarán los ministerios?

Para esa área hay otra dirección de articulación, encargada de que haya compromisos de los ministerios de Transporte, Educación, de Salud y Protección Social, Minas y Energías, Vías y Agricul- tura. Esta dirección no solo articula a las entidades del Estado sino que también articula a la cooperación internacional. No es para que vayan y compren las tierras, es para que intervengan y compren las cosechas, hagan desarrollos productivos, carreteras... Lo que la gente está pidiendo.

¿Es cierto que habrá un giro en el tema de cultivos ilícitos?

Precisamente, la tercera dirección se encargará de resolver el tema de cultivos ilícitos, que antes estaba en Acción Social. Ahora es parte de la Unidad de Consolidación y estará en manos del general retirado de la Armada Rafael Colón, quien ha hecho un trabajo enorme de sensibilización social. Por ahora, hemos empezado a hacer una erradicación sostenible de esos cultivos ilícitos.

Álvaro Balcázar, un experto en lo rural

El hombre encargado de consolidar siete regiones viene de la academia

Docente universitario, un consumado académico y enamorado de los retos que hay en el campo, Álvaro Balcázar, el responsable de consolidar las zonas ocupadas por los grupos armados, lleva 30 años dedicado a los estudios, trabajos e investigaciones sobre desarrollo rural.

También es experto en política agrícola, tecnología, comercio, finanzas rurales y políticas públicas, y es un duro crítico de lo que hacen y dejan de hacer los gobiernos frente al tema.

Hizo estudios sobre competitividad en la agricultura colombiana y posibilidades en comercio internacional, y conoce muy bien lo relativo a cultivos ilícitos, conflicto y desarrollo. Fue director de la Unidad de Desarrollo Agrario y de Planeación Nacional en los tres primeros años del gobierno Samper.

JINETH BEDOYA LIMA - SUBEDITORA DE JUSTICIA

Publicación
eltiempo.com
Sección
Justicia
Fecha de publicación
8 de enero de 2012
Autor
JINETH BEDOYA LIMA - SUBEDITORA DE JUSTICIA

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