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Fiscalía exonera a ficha de los paramilitares en compra de tierras

La decisión ha generado controversia ya que va en contravía de las denuncias del Minagricultura.

Guido Vargas, uno de los protagonistas del traspaso de tierras en Urabá que terminaron en manos de los jefes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, acaba de ser exonerado por la Fiscalía en Medellín.

La decisión ha sido cuestionada porque va en contravía con las denuncias presentadas por el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Notariado sobre el despojo de más de 40 mil hectáreas en esa región. Apenas este viernes, magistrados de Justicia y Paz ordenaron anular las titulaciones fraudulentas de 15 predios, varios de los cuales aparecían a nombre de dos desmovilizados de las Auc.

Vargas, señalado por campesinos y por el mismo Salvatore Mancuso como intermediario en decenas de negocios de parcelas, es, según la decisión de la Fiscalía, "un buen vecino".  De hecho, el organismo investigador destacó "su carácter afable y servicial y su condición ampliamente demostrada de hombre honrado y trabajador".

Vargas y otras cinco personas a las que la Fiscalía acaba de precluirles una investigación por concierto para delinquir aparecen mencionados en el reciente informe de la Superintendencia de Notariado sobre despojo de tierras. Según las primeras investigaciones, fue él quien ayudó a formalizar la venta de tierras de desplazados por los  'paras' que terminaron vendiéndoles a sus victimarios.

ELTIEMPO.COM conoció la declaración de Mancuso ante Justicia y Paz, en la que asegura que fue "el comandante (Carlos) Castaño" quien le ordenó comprar fincas en la zona de Tulapas (Turbo) para montar un campamento paramilitar llamado '24': "Guido Vargas fue un muchacho comisionista de la región que me presentaron los comandantes Castaño para que fuese el encargado de comprar las tierras en la zona".

Según Mancuso, el dinero con el que se negoció lo entregó Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño y hoy prófuga de la justicia por el asesinato de la líder de tierras Yolanda Izquierdo.

"Se compraron 2 mil y pico de hectáreas, a veces se demoraban en entregar los dineros y hubo unos cheques que se devolvieron, un cheque de esos se recogió en efectivo. Por lo menos la plata se le entregó a Vargas para que lo recogiera en efectivo", dijo Mancuso.

En la decisión de la Fiscalía no se tuvo en cuenta la declaración de Mancuso a pesar de varias peticiones de ONG que representan a víctimas.  

El abogado Reinaldo Villalba aseguró que la Fiscalía les negó en algunos casos la práctica de las pruebas y en otros casos ni siquiera respondió a la solicitud.

Al ordenar el cierre del proceso, que fue ratificado en segunda instancia por un delegado ante el Tribunal de Medellín, el primer fiscal del caso asegura que halló "testimonios contradictorios sobre aspectos sustanciales" y que "la compra de tierras no bastaba para acusarlos (a Vargas y a otros cinco) por concierto para delinquir".

"Inicialmente los testigos dijeron ser constreñidos para abandonar y vender sus parcelas (...) pero esta perspectiva sufrió una modificación radical cuando los testigos, llamados de nuevo a declarar, cambiaron sus relatos y terminaron por reconocer que nadie los obligó a abandonar las tierras", dijo fiscal.

Según él, "fue la confrontación entre grupos armados (guerrilla, 'paras' y Ejército) y las muertes selectivas, lo que los obligó a desplazarse" y no la presión de las autodefensas para quedarse con sus parcelas.


Los otros que no serán investigados

La Fiscalía también se abstuvo de investigar a Fabián Darley Roldán Villa, Jorge Alfonso Eljach Zúñiga, Carlos Alberto Grajales, Nelson Enrique Cárdenas y Zulma Yidi Romero Cerquera por el delito de concierto para delinquir.

La mayoría aparecen como compradores de tierras masivas en el Urabá, según la Superintendencia de Notariado y Registro.

En el caso de Zula Yidi Romero, está relacionada con siete casos de compras masivas en Turbo y aparece como propietaria de doce predios que fueron entregados por paramilitares a Justicia y Paz para la reparación de las víctimas.

De hecho, aparece comprando nueve parcelas a través de poderes cuya legalidad está bajo investigación.
Carlos Alberto Grajales Gómez, al igual que Sor Teresa Gómez, aparece como apoderado para la venta de al menos siete predios en Turbo (Antioquia). Igual situación para Alfonso Eljach Zúñiga y Fabían Dorley Roldán.

REDACCIÓN JUSTICIA 

Publicación
eltiempo.com
Sección
Fecha de publicación
17 de septiembre de 2011
Autor
REDACCIÓN JUSTICIA

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