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Así se imparte la justicia indígena

Este año, 25 casos contra indígenas pasaron a la justicia ordinaria.

Mientras el estudiante Nicolás Castro se expone a pasar entre entre 6 y 15 años en la cárcel por las amenazas de muerte contra un hijo del ex presidente Álvaro Uribe a través de Facebook, un indígena del Cauca pagó con 60 fuetazos haber regado el rumor de que un mandatario de Jambaló tenía nexos con los paramilitares.

Ese fue el castigo por un acto que, según las autoridades del pueblo paez, era equivalente a instigar a la muerte, pues la guerrilla declaró como objetivo militar al calumniado. Y el calumniador no pudo tumbar el castigo ni con tutela, pues la Corte Constitucional consideró que la pena era legal y que debía cumplirse.

La justicia indígena, plenamente reconocida por la Constitución, pasó esta semana por un polémico choque. Los cinco años de detención que pagaría un paez que abusó sexualmente de cinco mujeres, tres de ellas hijas suyas, llevó a que mujeres de las mismas comunidades del Cauca protestaran por primera vez y pidieran una condena severa.

"Son 87 etnias diferentes, todas con reglas propias para aplicar justicia. Por eso son frecuentes los choques entre la justicia ordinaria y la indígena", dice Diego Bolívar, coordinador de programas de capacitación del Consejo Superior de la Judicatura.

Entre hechizos y cepos

Este año, la Judicatura ha resuelto 28 conflictos de competencias: 25 terminaron en manos de la justicia ordinaria. Es el caso de un indígena en Cumbal (Nariño) que violó a un niño con síndrome de Down. El caso terminó en manos de un juez, al considerarse que el delito era ajeno a las tradiciones indígenas y que debía darse prelación al derecho de los niños a tener una protección especial.

La abogada kankuama Ana Manuela Ochoa Arias, de la Organización Nacional Indígena (Onic), asegura que gracias a la Carta del 91 la justicia indígena ganó espacio. Sin embargo, dice que son muchos los casos que terminan en la Corte Constitucional, por tutelas que pretenden frenar castigos señalados de ser demasiado crueles -el cepo- o muy blandos -los hechizos-.

"Nos hemos encontrado con delitos que no conocíamos, como pertenecer a grupos armados ilegales y el tráfico de droga. Los estamos castigando", dice Ochoa. Pero muchos casos se salen de sus manos. Eso les pasó a varios nukak, en Guaviare, que enfrentan un "juicio de blancos" por narcotráfico. Ellos dicen que solo estaban trabajando.

En ese 'diálogo' entre dos justicias que ven el mundo diferente -la de los pueblos busca restablecer el equilibrio; la otra, castigar delitos- no faltan los desencuentros.

En proceso están varias disputas de patria potestad (custodia de los hijos) sobre menores de madres wayús y padres 'blancos'. En esa cultura, en La Guajira, la línea materna predomina, y si llega a faltar la madre quien tiene derechos sobre el hijo es el familiar más próximo a ella, no el papá. "Ven el mundo de otra manera, y nadie puede decir que su justicia es mejor o peor que la nuestra", dice un abogado que ha trabajado en varios casos de indígenas.
En la Sierra Nevada, el ejemplo de los padres y abuelos es determinante a la hora de juzgar las faltas cometidas por un kogui.

En el Tolima se creó el único tribunal de segunda instancia para evitar arbitrariedades de algunos cabildos. Y Muchos matrimonios embera-chamí, en Chocó y Risaralda, que tienen gemelos o bebés con deformidades optan por abandonar sus comunidades, pues entre ellos esos nacimientos son considerados como maldiciones.
"No existen los códigos. La fuente del derecho indígena son los mitos, las creencias y las costumbres. Las decisiones se toman en comunidad", dice Ochoa Arias.

Castigos crueles como la pena de muerte o cortar la mano de quienes roban son mito, explica Bolívar. Pero entre los ticuna, en el Amazonas, todavía es posible que se aplique, para delitos muy graves, el castigo de amarrar a los culpables a troncos de árboles y exponerlos a las picadas de la 'taganana', hormiga cuyas toxinas pueden ser mortales.

'Condena puede ser revisada'

Popayán. Líderes indígenas del Cauca anunciaron una nueva audiencia en septiembre a 'Toño', el hombre condenado a cinco años de detención por haber violado a cinco menores, tres de ellas sus hijas.

Jesús Chávez, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), aseguró que la pena no está confirmada y, sin descartar que el caso termine en la justicia ordinaria, dice que todas las autoridades están revisando el proceso. "En la justicia indígena los procedimientos no se pueden mirar en la misma dimensión que en la ley ordinaria. Hay otras connotaciones y otros procedimientos", resaltó. Según Chávez, al igual que con la justicia 'occidental', las autoridades tradicionales "no condenan de entrada, sino que se cumple la etapa de la investigación, verificación y recolección de testigos".

Por su parte, Marta Chocué, gobernadora del resguardo Las Mercedes, en Caldono, explicó que 'Toño' en este momento "no habla con nadie, realiza unos tipos de sanación y está prácticamente aislado".

Diana Perafán, integrante del Proyecto para la Prevención del Abuso Sexual en Comunidades Indígenas, indicó que "no es el único caso" de abusos sexuales en estas comunidades y que esta situación "desarmoniza y genera alteraciones en el tejido social" de esos pueblos.

'Ha faltado voluntad'

Opinó ex constituyente Lorenzo Muelas

El Artículo 246 de la Constitución establece que "las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos", siempre que no sean contrarios a la ley o la Carta Política.

Y agrega que "la ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional". Dicha ley no ha sido aprobada en los 20 años de vigencia de la Constitución. A juicio del ex constituyente y ex congresista indígena Lorenzo Muelas, ha habido "falta de voluntad" de parte de las comunidades.

"Habría que llegar a ellas para consultar y luego llevar al Congreso un proyecto", aseguró.

Muelas recordó que en el país hay más de 100 pueblos indígenas a los que habría que consultar "para no caer en una ley que tenga solo generalidades".

Germán Carlosama López, senador del Movimiento Autoridades Indígenas, dijo que se trabaja para que en el proyecto de reforma de la justicia que va a discutir el Congreso se incluyan criterios de armonización entre la jurisdicción indígena y el sistema judicial nacional.

GERMÁN JIMÉNEZ
REDACCIÓN JUSTICIA
gerjim@eltiempo.com

Publicación
eltiempo.com
Sección
Fecha de publicación
28 de agosto de 2011
Autor
GERMÁN JIMÉNEZ

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