NARCOTRÁFICO, CON

NARCOTRÁFICO, CON

El gobierno comunista de Cuba lanzó una campaña para castigar el narcotráfico y la supuesta colaboración con el gobierno de Estados Unidos

17 de febrero de 1999, 05:00 am

Esta es una manera de enfatizar su hostilidad a la delincuencia organizada y a las recientes modificaciones del embargo estadounidense.

Las acciones están contenidas en dos proyectos de ley, que cursan actualmente en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el parlamento del país.

Una de las leyes está diseñada para combatir el crimen, incluyendo robos armados, tráfico de drogas y prostitución. Estas actividades han caracterizado la apertura de la isla a la inversión y al turismo.

Propone la pena de muerte para los casos serios de tráfico de drogas, corrupción de menores y robos armados. El contrabando de inmigrantes y asaltos violentos a las personas y robos de propiedad podrían tener hasta cadena perpetua.

Si no incrementamos la represión contra estas formas de comportamiento, se podría afectar el turismo , expresó Juan Escalona, Juez Supremo de Cuba.

La otra ley busca proteger la independencia nacional y la economía cubana . Determina duras penas por tan sólo poseer información que puede ser considerada subversiva. Ayer se esperaba su aprobación.

La ley, que fue revelada en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, indica que los cambios al embargo estadounidense no dan señas de ningún cambio en política hacia nuestro país, porque se dirigen a acciones subversivas contra la revolución y mantienen intacto el bloqueo de hierro .

En enero, el presidente Bill Clinton anunció varias medidas, que incluían una ampliación del criterio de quien podía enviar dinero a Cuba, un incremento de los vuelos E.U.-Cuba y una autorización de la venta de alimentos estadounidenses a instituciones privadas en Cuba.

El borrador de la medida específicamente cita la ley Torricelli, promulgada en E.U. en 1992, que al parecer aprueba actividades antirrevolucionarias. También se refiere a la legislación Helms Burton, de 1996, que endureció el embargo, sancionando a las empresas que invierten en Cuba.

La nueva ley está dirigida contra la oferta, reproducción y circulación de información política de tipo contrarrevolucionario dentro de Cuba.

Cualquiera que suministre información a los estadounidenses puede ser acusado de reforzar el bloqueo contra Cuba y enfrenta términos de prisión de hasta 15 años. La pena es hasta de 20 años.

En una cláusula dirigida a restringir la información a los periodistas cubanos que critican al gobierno en sus artículos, la ley propone hasta ocho años de cárcel por colaborar con las estaciones de radio y TV de E.U. y los periódicos. De tajo se supone que esa información ayuda a la política de E.U.