CONTRA EL NARCOTRÁFICO

CONTRA EL NARCOTRÁFICO

El tema de la política antidrogas está nuevamente sobre el tapete y, valga la verdad, las herramientas jurídicas actuales utilizadas para combatir el fenómeno del narcotráfico, su aparato financiero y las secuelas de corrupción y violencia resultan insuficientes y evidencian un claro letargo en la política criminal para luchar contra la delincuencia organizada.

7 de julio de 1998, 05:00 am

La legislación orientada a obtener la extinción del dominio de bienes producto de actividad ilícita es insuficiente y exige un muy alto contenido probatorio, circunstancia que ha conducido a su muy precaria efectividad. La extradición sin retroactividad impide que aquellos delincuentes que han cometido delitos en el exterior antes de la vigencia de la Constitución de 1991 respondan ante la justicia de los países que los reclaman; la cooperación judicial internacional para el intercambio de información y de pruebas carece de instrumentos más expeditos que le garanticen mayores niveles de eficacia. Y, finalmente, las herramientas actuales para luchar contra las fuentes financieras del narcotráfico y la subversión, aún son incipientes y poco agresivas.

A lo anterior se suma la escasa severidad de las penas previstas para el tráfico de estupefacientes, en cuanto alcanzan niveles máximos de veinte años, que se ven sustancialmente reducidos por la acumulación exagerada y vergonzosa de una gran cantidad de rebajas de pena por confesión, sentencia anticipada, colaboración con la justicia, delación, trabajo y estudio durante la ejecución de la sentencia.

Y qué no decir de las penas para el cultivo, financiación o conservación de plantaciones de sustancias que producen dependencia, o las previstas para los eventos de destinación de inmuebles para la elaboración, almacenamiento, transporte o venta de las mismas sustancias, que escasamente alcanzan los doce años de prisión.

También resultan exiguas las sanciones contempladas por la ley para la introducción, tenencia o transporte de insumos químicos utilizados en la producción de cocaína o cualquier otra sustancia prohibida, que tienen un máximo de diez años de prisión, las que igualmente se ven disminuidas con ocasión de las múltiples rebajas de pena que la ley prevé a favor del delincuente.

Sin que queramos significar que mayores sanciones conducirán a reducir el problema criminal, sí es importante señalar que un sistema penal tan benigno sólo puede conducir al desconcierto ciudadano y a la falta de credibilidad en la administración de justicia.

Por ello, es necesario pensar en herramientas más imaginativas y efectivas, que permitan romper los anillos de silencio, complicidad y corrupción que se generan alrededor del narcotráfico.

Cuando se avecina una reforma penal para la expedición de un estatuto único para el sistema, es conveniente discutir acerca de la introducción de normas más agresivas que abran paso a medidas verdaderamente disuasivas, que tengan como efecto la reducción gradual del delito.

Es hora de estudiar la posibilidad de acumulación aritmética y no jurídica de las penas para los casos de delincuencia organizada, eliminando el sistema de concurso de delitos; esto es que, por cada delito, se pague una pena, que se suma a las impuestas para otros y que, en el caso del tráfico de estupefacientes, por cada envío se imponga una pena autónoma.

Debemos introducir reformas legislativas que determinen la imposición de penas más altas para las conductas que tienen que ver con el estatuto de estupefacientes y consagrar que, en tales casos, la acción penal no prescribirá, con lo que se garantiza que puedan ser materia de persecución en cualquier tiempo.

Igual imprescriptibilidad debe consagrarse para los delitos que tienen que ver con otros actos propios de delincuencia organizada, como el secuestro, la extorsión, el terrorismo, el lavado de activos y la rebelión.

Para superar las ventajas operacionales de los traficantes, es conveniente consagrar expresamente normas que faciliten la interceptación de operaciones de narcotráfico y que conduzcan a la incautación y destrucción de las drogas, por ejemplo, mediante la autorización de paso a remesas ilícitas de drogas, para que salgan del territorio o entren a él, con el conocimiento y supervisión de las autoridades (entregas vigiladas mediante operaciones encubiertas), a fin de identificar a todos los intervinientes en el tráfico ilegal. Esta técnica supone entonces que, por ejemplo, una vez recibida la noticia acerca del intento de una importación de narcóticos, se retarda el arresto de los correos o despachadores y se difiere la incautación de la sustancia con el fin de hacer el seguimiento hasta el último momento, para identificar a todos los actores del tráfico y sus destinatarios. Igual mecanismo para el caso de operaciones de lavado de activos.

Por otra parte, las reglas sobre cooperación judicial previstas en nuestra ley penal deben estar más a tono con la Convención de Viena de 1988, para facilitar el intercambio de información y de pruebas e, incluso, la remisión de actuaciones penales.

Debemos empezar a considerar el lavado de activos proveniente de actividad ilícita como un asunto que atañe y compromete severamente la seguridad y la economía nacionales y no como un problema exclusivo del sector financiero.

Todo lo anterior supone, naturalmente, un régimen más duro en materia penal, que no puede ser efectivo si no se acompaña de una estrategia de fortalecimiento y tecnificación de la justicia, que le permita mejores resultados de cara al siglo XXI.