Justicia y narcotráfico

Justicia y narcotráfico

Cada país tiene sus males y sus miserias. Bangladesh es un país azotado por las catástrofes naturales, en Bélgica hay dos comunidades que nunca se ponen de acuerdo, en Somalia la corrupción campea, en Israel hay una guerra religiosa y en Burundi, el Estado se encuentra colapsado. En Colombia tenemos muchos problemas, pero tal vez ninguno sea tan grave como el narcotráfico. Todos nuestros males tradicionales –la corrupción, la violencia, la injusticia, la inequitativa distribución de la tierra, la degradación de la política y la cultura de la ilegalidad– han empeorado con la llegada del narcotráfico.

29 de abril de 2008, 05:00 am

Contra ese flagelo terrible sólo hay una solución seria y definitiva: la legalización de la droga. Así se acabaría de un tajo con la riqueza del dinero ilegal. Pero como esa solución no depende sólo de Colombia, sino de un acuerdo internacional que estamos lejos de conseguir, tenemos que encontrar una solución nacional que detenga el accionar devastador de las mafias del narcotráfico. Esa solución es muy difícil de lograr, pero está inventada y no es otra que el fortalecimiento de la justicia.

Los narcotraficantes son actores racionales que se lanzan a la búsqueda del dinero ilegal porque están convencidos de que, en esa aventura, tienen más posibilidades de ganar que de perder (el delito paga). Lo que hay que hacer es invertir, en la mente de los delincuentes, esa creencia. Hay que lograr que perciban que pueden salir perdiendo y, por eso, que decidan no participar en el negocio. Si vieran que la justicia investiga y sanciona, lo pensarían dos veces antes lanzarse en su aventura antisocial.

A pesar de las buenas razones que obran en favor de esta solución nacional, en Colombia no existe consenso sobre la necesidad de fortalecer a la justicia y, menos aún, de respetar su independencia. La crisis actual del Congreso ha puesto en evidencia la ausencia de este consenso. No sólo una parte de la clase política ha empezado a poner en tela de juicio a la Corte Suprema, también lo han hecho algunos columnistas y analistas políticos. La semana pasada, por ejemplo, Fernando Londoño comparaba lo hecho por la Corte Suprema en los juicios de la ‘parapolítica’, ni más ni menos que con el régimen del terror de Robespierre. (Me consuelo pensando que lo dicho por el ex ministro se leerá como una demostración de su deleznable conocimiento del derecho y de la historia, más que como un ataque efectivo contra la Corte.) La justicia es la más débil de las ramas del poder público. No dispone, como las demás, de poder económico, ni político, ni militar. Sin embargo, con sus decisiones, los jueces están llamados a afectar a quienes tienen poder político, económico y militar. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pueden los jueces tener poder suficiente para someter a quien en principio tiene un poder superior? La respuesta es simple: con la sumisión de todo el aparato estatal al imperio de la ley. Esto supone que el Ejecutivo y el Legislativo son, no apenas aliados de los jueces en el cumplimiento de sus funciones, sino que representan un apoyo indispensable para los jueces, sin el cual no podrían actuar. Este es el consenso que hace falta hoy en Colombia.

Más vale que lo consigamos, si no queremos tener los males y las miserias que tiene Burundi.

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Esta columna dejará de aparecer en este periódico. Quiero agradecer a las directivas de EL TIEMPO, y de manera muy especial a Álvaro Sierra, por la invitación que me hicieron hace ya casi tres años para escribir en estas páginas y por el respeto que siempre tuvieron por mis opiniones. A mis amables lectores, los invito a leer mi nueva columna en el periódico El Espectador.

* Profesor de la Universidad Nacional e investigador de Dejusticia