Agricultura y narcotráfico

Agricultura y narcotráfico

Varios funcionarios del Gobierno, del más alto nivel, algunos políticos y uno que otro columnista han tratado de vender la idea de que el narcotráfico en Colombia ha progresado por la crisis de la agricultura, y en algunos casos lo atribuyen a los efectos de la Apertura económica en el campo. El Gobierno, frecuentemente, defiende los subsidios y la orientación de su política agropecuaria con el argumento de que es una respuesta al narcotráfico y reitera que esta actividad ilegal ha surgido por el rezago del sector agropecuario.

12 de octubre de 2007, 05:00 am

Si se hace un repaso de lo que ha sucedido en Colombia en las últimas décadas, no se deduce lo que se está diciendo sobre agricultura y narcotráfico. El primer gran boom de la droga, que fue el de la marihuana en los años 70, tuvo lugar muy poco tiempo después de haber sido aprobada la Ley 5a., que orientó cuantiosos recursos de crédito hacia el campo. En esa época no se dejaba importar nada que se produjera en el campo en Colombia y los márgenes del sector agropecuario comercial eran bastante elevados, gracias a la protección e intervención estatal que beneficiaban al sector y a los cuantiosos subsidios y prerrogativas que obtenían los productores agropecuarios grandes.

La mayor bonanza cafetera, la de finales de los 70, coincidió con la de la marihuana, no obstante que esta se cultivaba en zonas que también eran aptas para el cultivo del café, con lo que se desvirtúa el argumento de que el deterioro de los precios de los productos agrícolas estimula a los agricultores a cultivar drogas exportables. Lo que impulsa esos cultivos en las zonas de colonización es la falta de oportunidades y, en general, los grandes márgenes, la codicia y la impunidad.

Durante los años 80, en la primera mitad, tuvo lugar un significativo cambio de dueños de la tierra en Colombia. Los dineros del narcotráfico ingresaron con relativa facilidad y fueron cuantiosamente orientados a comprar tierra de propietarios que sacaron sigilosamente esa plata del país, motivados por la inseguridad, por la inestabilidad de la política económica de aquella época, que hacía prever la necesidad de un ajuste cambiario significativo, que tuvo lugar posteriormente, y por la política monetaria. Los nuevos propietarios rurales que surgieron de ese proceso, que ha continuado y ha contribuido a concentrar excesivamente la propiedad rural, han sido más proclives a criar caballos de paso y a la ganadería extensiva que a poner a sus fincas a producir en términos comerciales.

Este retroceso permitiría construir el argumento contrario: que fue el narcotráfico el que, al vincularse masivamente a la propiedad rural, causó que se atrasara el campo, dándole mayor impulso a la ganadería extensiva en grandes fincas y menos a la producción comercial de bienes competitivos o exportables. También puede establecerse un vínculo entre el cambio de propietarios rurales y el auge del paramilitarismo, pues los nuevos latifundistas no han sido extraños al uso y abuso de la violencia para defender y aumentar su tenencia de tierras.

La Apertura trajo consigo cambios estructurales profundos. En el campo indujo un aumento considerable de la productividad, que dio lugar a que disminuyera la utilización de tierra y mano de obra para los mismos niveles de producción. Esta circunstancia, la ausencia de políticas encaminadas a darles acceso a los campesinos a la tierra subutilizada, la violencia desatada por el narcotráfico y por la voracidad de acumular tierra, han contribuido a los desplazamientos masivos de personas del campo hacia las ciudades y las zonas de colonización y a la ocupación de esa mano de obra en actividades improductivas e ilegales.

La solución de este problema depende de la capacidad del país para generar empleo productivo muy rápidamente, preferiblemente en las zonas más desarrolladas. Lamentablemente, no hay una clara conciencia de la necesidad de hacerlo ni un derrotero para llevarlo a cabo