EL NARCOTRÁFICO, SIEMPRE EL NARCOTRÁFICO

EL NARCOTRÁFICO, SIEMPRE EL NARCOTRÁFICO

En 1997, la Corte Constitucional, con los solitarios salvamentos de voto de Carlos Gaviria y Martínez Caballero, declaró inexequible el artículo 127 del Código Penal. Según ese artículo, los sediciosos no quedaban sujetos a pena por hechos punibles cometidos en combate, excepción hecha de aquellos cometidos con ferocidad, barbarie o terrorismo .

28 de marzo de 2005, 05:00 am

En 1997, la Corte Constitucional, con los solitarios salvamentos de voto de Carlos Gaviria y Martínez Caballero, declaró inexequible el artículo 127 del Código Penal. Según ese artículo, los sediciosos no quedaban sujetos a pena por hechos punibles cometidos en combate, excepción hecha de aquellos cometidos con ferocidad, barbarie o terrorismo .

La ley para los tipos de Ralito que se cocina con problemas en el Congreso será mucho más compasiva con los sediciosos. Es evidente que se concederán beneficios de ley aun en el evento de ferocidad y terrorismo sin límites. Y no existen sobre el particular disensos mayores, toda vez que Pardo y sus amigos, y el Gobierno y sus amigos, coincidieron en su oportunidad en atribuir la tipicidad de lo sedicioso a los barones de lo paramilitar. Y coinciden aún más al incluir los delitos de lesa humanidad entre los crímenes cuya comisión podrá ser objeto de favorecimiento.

El alboroto y el disenso, según era previsible, se plantean alrededor del narcotráfico, especie de maldición bíblica capaz de dañarle la vida a todo el país. Dañársela por razones de la violencia, del secuestro, de la muerte, del genocidio, de la corrupción, de las fracturas institucionales, del miedo, de la onerosa aplicación de recursos económicos, del desprestigio internacional.

Pero eso no es todo. Por cuenta del narcotráfico, que parecería apenas el cultivo, procesamiento, transportación y comercialización de un producto ilegal cualquiera, quienes incurren en él terminan incursos en transgresiones a cada inciso del código penal. Ante semejante catástrofe social, no es de extrañar que ese fenómeno acabe atravesando todas las decisiones constitucionales, legales, administrativas y judiciales. En menos de siete años, fue necesario cambiar dos veces la Constitución en cuanto hacía referencia a la extradición, para prohibirla o restablecerla, en ambos casos con fuerte apoyo de la opinión que miden las encuestas.

Es justamente por esos comprensibles miedos que, si nos atenemos a los discursos que se hacen en el Congreso, los proyectos de ley en curso y la mayoría de los editoriales de prensa, un colombiano puede acceder a beneficios de ley si ha asesinado a una docena de compatriotas, en combate o fuera de él, con motosierra o no, con secuestro de la mamá de las víctimas, con sevicia e indefensión de la víctima, con profanación y ocultamiento de los cadáveres. Pero no puede acceder a ese mismo beneficio y perdón si incurrió en el delito de narcotráfico.

En otras palabras, a Mancuso y sus amigos y cómplices les podremos perdonar cualquier masacre pero jamás haber enviado cocaína a Nueva Jersey. Mañana o pasado, podremos ser compasivos o magnánimos con Jojoy en cuanto hace a El Nogal, pero irreductibles y despiadados para hacerle pagar el crimen indecible de una exportación a Alabama.

Desde el punto de vista ético, moral y político, la situación planteada arriba no es solo extravagante sino estúpida. No estoy soslayando lo grave que sería establecer franquicias o bolsones de impunidad para quienes nunca fueron, o lo fueron a conveniente morosidad, paramilitares. Simplemente narcos. Lo ideal sería aplicar toda la ley y toda la pena a ambos. Pero si en nombre de la paz disminuimos y ponemos a asordar la justicia, no parece moralmente muy perspicaz invertir la intensidad del rigor que correspondería a cada conducta. Ni rasgarse las vestiduras.

Pero, y sobre todo, quién es tan ingenuo para suponer que en Colombia exista algún grupo armado no implicado en narcotráfico hasta la coronilla? Siendo sinceros, de nada sirve el criterio, difuso e inasible cada vez, de establecer cuál era el objeto principal del grupo armado. Ni el de desentrañar los motivos mezquinos del enriquecimiento por narcotráfico en los intentos de paramilitarización súbita. Hasta el bobo del pueblo sabe que esas fronteras son intercambiables y concurrentes.

Yo no tengo una sugerencia inteligente que aportar a semejante problema. Bueno, aparte del desestimiento de procesos negociados de paz. Más guerra, si cabe. O una prolongada y recurrente dieta de batracios. No nos digamos mentiras, ni estemos pendejeando tanto con los narcomicos que, tarde o temprano, aparecerán en escena. Por cuenta de una ley, de una reforma constitucional, o un tratado bilateral con Washington, o por lo que sea.

Y no habrá extradición de reinsertados. Con o sin sedición. Con o sin delitos conexos imposibles . Simplemente, el Presidente las suspenderá, según ya hizo con la de Mancuso. O las negará en oportunidades más propicias. Después, si el proceso de Ralito llegara a buen suceso (bueno, ese es solo un decir), y con la venia de Bush, a quien no le interesan estas disquisiciones éticas y políticas, sino la ruta del negocio, las delaciones y la disminución del tráfico, alguien intentará la fórmula capaz de devolverle el sueño confiado a la muchachada de Mancuso.

Y, finalmente, la Corte ya cambió la opinión de 1997, según la cual ni los muertos en combate podían asumirse como homicidios conexos al delito político? Será ese y no el fallo sobre el Acto Legislativo de la reelección, el más sensible y problemático que aquella corporación tendrá que asumir en el inmediato futuro?