Juez ordena detener a exdirector de CB&I por el desfalco de Reficar

En los próximos meses, el juicio contra los siete directivos implicados en el desfalco en la modernización de la refinería de Cartagena (Reficar) –el mayor caso de corrupción registrado en la historia del país– comenzará con la mayoría de sus procesados en libertad.

Aunque la Fiscalía pidió la medida de aseguramiento carcelaria contra todos los acusados, este miércoles, al terminar de resolver la situación jurídica de las excabezas de Reficar, Ecopetrol y de la firma estadounidense CB&I –contratista de las obras–, el juez 16 de control de garantías solo ordenó enviar a prisión a uno de los acusados.

Se trata de Masoud Deidehban, exdirector de proyectos de CB&I, a quien el juez ordenó trasladar a Colombia para que sea recluido en una cárcel, por lo cual le pidió a Interpol que emita en su contra una circular azul (de ubicación).

Deidehban fue acusado por la Fiscalía de usar indebidamente los recursos que la Refinería le dio a CB&I para realizar las obras y, especialmente, de cobrar gastos de personal que no estaban contemplados en el proyecto, como excesivas horas extras para empleados.

El juez afirmó que Deidehban debe estar detenido en una cárcel colombiana porque, aprovechando su doble nacionalidad –estadounidense e iraní–, podría escabullirse de la justicia.

A pesar de las consideraciones del juez y de la Fiscalía, y de que el despacho solicitó la colaboración del Ministerio de Justicia para su traslado, son pocas las probabilidades de que Deidehban sea extraditado, pues los diferentes procesos judiciales han mostrado que no es usual que Estados Unidos envíe a sus connacionales a Colombia cuando las autoridades los han requerido.

Contra el exministro de Minas y expresidente de Ecopetrol Orlando José Cabrales y contra el vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol, Pedro Rosales Navarro, el juez dictó una medida no privativa de la libertad.

Esa medida implica que podrán continuar su proceso sin una detención, aunque tienen restricciones para salir del país y deben presentarse por lo menos dos veces al mes al despacho judicial.

El juez también ordenó la libertad condicional de Carlos Alberto Lloreda, exrevisor fiscal de Reficar, y de Philip Kent Asherman, representante legal de CB&I en el 2010.

Sobre Lloreda, el juez afirmó que incumplió sus deberes de vigilar el manejo de los recursos para el proyecto de la refinería, porque “consignó datos inexactos en los registros contables de los años 2013, 2014 y 2015”.

Y Kent no se presentó este miércoles al consulado de Houston –desde donde ha estado realizando las audiencias a través de videoconferencia– porque no pudo ser trasladado por condiciones climáticas. En la diligencia, el juez afirmó que Kent “influyó indebidamente a la junta directiva de Reficar para que CB&I fuera el único en la lista de contratistas”.

El juez también dijo que el exdirectivo se benefició con los cambios en la modalidad de contrato, que pasó de ‘Llave en mano’ a ‘Costos reembolsables’ en el 2010, con lo que “se permitió el pago desmedido de recursos que no fueron justificados”.

Agregó que, para conservar el beneficio, Lloreda y Kent también deben presentarse periódicamente al despacho judicial y al consulado de Colombia en Houston (Texas), respectivamente.

El martes, el mismo juez ya había ordenado la detención domiciliaria de Reyes Reynoso Yáñez, presidente de Reficar entre el 2012 y 2016, y del vicepresidente jurídico de esa entidad, Felipe Arturo Laverde Concha.

Según el juez, los dos exdirectivos no representan un peligro para la sociedad. El despacho también tuvo en cuenta una solicitud de la defensa de Laverde, quien dijo que padece un trastorno obsesivo-compulsivo y una patología renal y cardiaca.

La acusación contra los exdirectivos del caso Reficar se inició en diciembre pasado, cuando la Fiscalía los señaló de sobrecostos que superaron los 610.000 millones de pesos en la modernización de la refinería.

Sin embargo, la Contraloría General ha dicho que esta obra que estaba tasada en 3.777 millones de dólares terminó costando 8.106 millones de dólares.

Según las pruebas recaudadas por la Fiscalía, los directivos le pagaron al contratista CB&I facturas que no habían sido verificadas y que terminaron cubriendo gastos personales que no hacían parte del proyecto.

La Fiscalía General apeló la decisión del juez de mantener con detención domiciliaria a las excabezas de Reficar Reyes Reynoso Yáñez y Felipe Arturo Laverde Concha y reiteró que deben estar en una cárcel. Según el fiscal que lleva el proceso, no es cierto que Laverde se encuentre enfermo, como argumentó su abogado para pedir la casa por cárcel. El delegado del ente acusador afirmó que para que se le pueda dar ese tipo de beneficios debería haber un certificado de Medicina Legal que demuestre sus condiciones de salud.

La Fiscalía también insistió en que Reynoso ha intentado manipular testigos y ha hecho llamadas a funcionarios de Reficar para que declaren a su favor. Para ello, el ente acusador reiteró que tiene grabaciones que supuestamente comprometerían al exfuncionario y que mostrarían que podría entorpecer la justicia.

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