Investigación

La insistencia del magistrado Alberto Rojas en el caso ‘Autorrolings’

En el 2016 pidió seleccionar una tutela y dar casa por cárcel a Sofía Jiménez, acusada de homicidio.

El magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos.

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Fernando Ariza

El oscuro caso de Sofía Jiménez de Parrado, condenada a 52 años de cárcel por la muerte de su esposo (Óscar William Parrado), su hijastro y dos personas más para quedarse con el emporio ‘Autorrolings’, en el Meta, tuvo un capítulo en la Corte Constitucional que hasta ahora era desconocido.

El lunes, al imputarles cargos a tres magistrados del Meta en uno de los peores escándalos de corrupción en la justicia, la Fiscalía reveló que Jiménez pagó millonarias sumas a operadores judiciales para que le mantuvieran el beneficio de casa por cárcel, pese a la condena por homicidio que recibió en el 2012.

Como la mujer seguía manteniendo una intensa vida nocturna en Villavicencio a pesar de la detención domiciliaria, Henny Yazmín Larrota, la segunda esposa de Parrado, presentó una tutela para que se ordenara enviarla a prisión.

En una decisión del 28 de enero del año pasado, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón y ordenó enviarla a la cárcel en 48 horas, asegurando que no entendía “las razones por las cuales el juzgado de conocimiento no dio inmediato cumplimiento a su decisión, esto es, disponer el traslado de la sentenciada a un establecimiento carcelario”. Esa orden fue revalidada en segunda instancia, y por eso Jiménez pasó de su mansión en Villavicencio a una prisión, donde hace una semana recibió la noticia de que su condena aumentó de 39 a 52 años.

Lo que no se sabía es que el magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos intentó convencer a ese tribunal de la necesidad de seleccionar el caso y tumbar la orden de prisión dada por la Suprema.

Rojas argumentó que enviar a Jiménez a la cárcel supuestamente vulneraba los derechos de sus tres hijos y el principio de prevalencia del interés superior del menor.

“Es mi obligación advertir que en este asunto se está cometiendo una grave vulneración de los derechos fundamentales de los menores de edad, hijos de la acusada, quienes requieren con urgencia y prontitud la presencia de su madre para tener un desarrollo armónico y pleno”, dice el escrito de insistencia, de 12 páginas.

El magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos intentó convencer a ese tribunal de la necesidad de seleccionar el caso y tumbar la orden de prisión dada por la Suprema

Según Rojas, la decisión de la Corte Suprema afectaba los derechos “a la unidad familiar, así como la protección reforzada de la procesada en su condición de madre cabeza de familia”.

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En su documento adjuntó conceptos de psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras que argumentaban que los hijos de Jiménez se estaban viendo afectados por ser separados de su madre. También, un fallo de la Corte en el que se le dio prisión domiciliaria a una madre cabeza de familia.

A pesar de la insistencia de Rojas, la Sala Cuarta –conformada por los magistrados Gloria Ortiz y Luis Guillermo Guerrero– decidió negar en un auto del 29 de abril del año pasado su petición, por lo que el caso no fue estudiado por la Corte Constitucional.

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Ahora, la Fiscalía sostiene que desde el primer momento, el beneficio de casa por cárcel a Jiménez, concedido por un juez de ejecución de penas del Meta –supuestamente, protegido por los magistrados del Tribunal de Villavicencio–, estuvo mediado por un soborno que habría llegado a los 3.000 millones de pesos.

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