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Magistrada desmiente a Fiscal sobre ofrecimiento de embajada

María Victoria Calle negó que el Gobierno le haya ofrecido embajada a su esposo. 

La magistrada María Victoria Calle dijo que no es cierto, como dijo el Fiscal, que le hayan ofrecido una embajada a su esposo.

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La magistrada María Victoria Calle dijo que no es cierto, como dijo el Fiscal, que le hayan ofrecido una embajada a su esposo.

La magistrada María Victoria Calle, expresidenta de la Corte Constitucional, y quien está a punto de terminar su periodo en ese alto tribunal, afirmó que no es cierto que el presidente Juan Manuel Santos le haya ofrecido a ella o a su esposo una embajada. 

La magistrada desmintió al Fiscal General Néstor Humberto Martínez, quien en un foro contra la corrupción que se realizó este miércoles en EL TIEMPO, dijo que el Gobierno le había ofrecido un cargo a Gustavo Gómez Aranguren en Suiza. 

"En los cócteles se dice que la magistrada saliente que fue presidenta de la Corte Constitucional (María Victoria Calle) recibiría en cuerpo ajeno una embajada. Por razones de ética y moral esto es totalmente inaceptable. Eso es lo que no quiere ver la sociedad colombiana, lo que quieren ver es la independencia de poderes", dijo Martínez. 

Sobre esa afirmación Calle aseguró que "en las últimas horas salió una información del señor Fiscal General de la Nación señalado que a mi esposo, Gustavo Gómez Aranguren, le habían ofrecido una embajada. Este dato no corresponde a la verdad", aseguró la magistrada. 

"No sé cuál será la fuente del señor Fiscal, pero no nos han ofrecido ni a él ni a mí una embajada", reiteró Calle. 

La magistrada también aseguró que existe una prohibición constitucional para ofrecer empleos a magistrados de la Corte Constitucional mientras estén cumpliendo su periodo dentro de esa alta corporación, o durante el año siguiente, desde que terminen. "Un sano entendimiento de esa prohibición implica considerar que se extiende a sus cónyuges o compañeros permanentes, y que la prohibición cobija tanto el ofrecimiento como la aceptación". 

Dijo, además, que aún si esa prohibición no existiera "nos abstendríamos de aceptar un ofrecimiento de esa naturaleza, por considerarlo contrario a la ética pública y, especialmente, a la imparcialidad, independencia y rectitud de la administración de justicia". 

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