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Cinco razones para permitir que el Congreso cambie leyes de paz

En un comunicado, alto tribunal explicó los argumentos del polémico fallo que modificó 'fast track'.

El senador Iván Duque presentó su demanda contra la ley que avaló el 'fast track'.

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Corte Constitucional

La Corte Constitucional dio a conocer en un comunicado las razones por las cuales aceptó una de las solicitudes que el senador del Centro Democrático Iván Duque le hizo en una demanda con la cual pedía tumbar el Acto Legislativo para la Paz que creó el 'fast track'. Ese mecanismo creó un procedimiento más rápido para tramitar las leyes e implementar los acuerdos de paz, así mismo le dio facultades especiales al Presidente. 

En la decisión que el alto tribunal tomó hace tres semanas, aunque la Corte  no aceptó en su mayoría la demanda de Duque, sí permitió que el Congreso pueda hacer modificaciones sin el aval del Gobierno a las leyes que el Ejecutivo presente para la implementación del acuerdo con las Farc y que la votación no se haga en bloque.

Ese fallo generó opiniones encontradas entre quienes creyeron la decisión podía dificultar la implementación rápida del acuerdo, lo que se buscaba con el 'fast track', y entre quienes consideraban que los efectos serán positivos porque podrán democratizar más ese proceso sin que se afecten mucho los tiempos. 

En medio del debate, estos son los argumentos que expuso la Corte en su polémico fallo:

El alto tribunal señaló que desde una sentencia del año pasado en la que ese alto tribunal avaló el plebiscito señaló que la refrendación del acuerdo de paz tenía un carácter "exclusivamente político y relativo a un mandato de implementación del Acuerdo Final, dirigido por el Presidente de la República". 

Eso significa que para la Corte, desde entonces, se había dejado claro que la refrendación popular de los acuerdos no tenía un efecto normativo, es decir, no tenía el poder de modificar la Constitución, y que tales modificaciones a las normas solo podrían hacerse cuando en el Congreso se tramitaran las normas de implementación de los acuerdos de paz. 

El alto tribunal asegura que ese trámite de las normas de paz debe cumplir entonces las condiciones que la Constitución fija para producir leyes, por lo que "deben estar precedidas de un debate libre, democrático y respetuoso de los derechos de las minorías". 

Así, para la Corte, "la producción de actos legislativos y de leyes se desnaturaliza y se hace irreconocible si la capacidad de las comisiones y de las plenarias de Senado y Cámara para introducir modificaciones a los proyectos de ley presentados por el Gobierno Nacional se sujeta al aval previo del Gobierno y si tanto las comisiones como las plenarias solo pueden decidir sobre la totalidad de cada proyecto en una sola votación". 

Precisamente esos fueron los dos artículos del Acto Legislativo para la Paz que el alto tribunal tumbó. 

La decisión del alto tribunal no tumbó el 'fast track' porque mantiene el recorte de tiempos que se fijó en el Acto Legislativo para la Paz para tramitar las leyes de paz, y que disminuyó el número de debates para la aprobación de las leyes. 

Sin embargo, aunque la Corte dice que se pueden modificar los procedimientos ordinarios y los tiempos del Legislativo para crear normas, con el fin de que pueda ser mucho más expedita la implementación del acuerdo de paz, "tales  modificaciones no pueden vaciar de contenido la función del Congreso, al privarla de los espacios esenciales de deliberación y de decisión que le son propios". 

Para la Corte, los artículos del acto legislativo para la paz que declaró inexequibles estaban "desnaturalizando las funciones del Congreso". Esto porque, a juicio de la mayoría de magistrados, el Congreso solo podía modificar las leyes de paz si se ajustaban al acuerdo final, y únicamente con el aval del Gobierno. Además, solo se podía decidir la totalidad de los proyectos de ley en una sola votación, lo que para la Corte, "subordina desproporcionadamente la actuación de otra de las ramas del poder público y reduce a niveles inadmisibles las posibilidades de deliberación política y los espacios de participación de las minorías". 

Como la Corte Constitucional permitió que el Congreso modifique las leyes de paz sin el aval del Gobierno, el alto tribunal dejó claro que ahora el Ejecutivo puede objetar esas modificaciones. 

Esta posibilidad, para el alto tribunal, le permite al Ejecutivo "ejercer sus competencias para preservar la fidelidad del Acuerdo sin desnaturalizar la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso". 

La Corte asegura que aunque es cierto que la Constitución permite que en ciertos trámites la función del Congreso se reduce a aprobar o improbar, sin que pueda modificar los proyectos de ley, como es el caso de los tratados internacionales o las leyes en materia de gasto público, este caso es distinto. 

Esas dos situaciones para los magistrados son muy específicas porque no implican modificaciones al ordenamiento jurídico del país, como sí sucede con las normas que le darán vida al acuerdo de paz. 

"Las restricciones que la Corte declaró inconstitucionales desnaturalizan las competencias deliberativas y decisorias del Congreso en relación con la forma de implementar todos los ejes temáticos del acuerdo final, que versan sobre un conjunto extenso y complejo de materias, que en muchos casos están previstos en el propio acuerdo con un grado relativamente amplio de indeterminación, circunstancia que se traduce en una correspondiente ampliación de las capacidades decisorias del Presidente , en detrimento de las propias del Congreso". 

La Corte también aclaró que esta decisión tiene efectos a futuro, y no sobre las leyes que ya fueron tramitadas en el Congreso como la de amnistía o la Justicia Especial para la Paz. 

En todo caso, esas dos leyes ya están siendo revisadas por la Corte Constitucional en medio del control automático y posterior que ese alto tribunal hace de todas las normas de paz que expida el Congreso y de todos los decretos con fuerza de ley que tome el presidente Juan Manuel Santos. 

La decisión de la Corte se tomó con cinco votos contra tres. Los magistrados que se apartaron de la mayoría fueron Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos. 

El magistrado Lizarazo dijo, por ejemplo, que no existe ninguna ley que impida que el Congreso adopte un trámite legislativo especial, sobre todo cuando ese procedimiento es temporal y excepcional, y cuando se trata de un mecanismo para implementar un acuerdo de paz. 

Para el magistrado, ese trámite especial en el que se le impedía al Congreso modificar las leyes de paz no iba en contra de la separación de poderes, porque "el Congreso conserva su competencia para deliberar". 

Lizarazo señaló que, en todo caso, todas las leyes de paz van a ser revisadas después por la Corte. Esos mismos argumentos fueron expuestos por el magistrado Alberto Rojas Ríos. 

Por su parte, el magistrado Alejandro Linares señaló en su salvamento de voto que en este caso no se sustituía la Constitución porque el Congreso está facultado para modificar sus propios procedimientos para tramitar leyes en un caso especial como el acuerdo de paz. 

También dijo que la tesis de la sustitución de la Constitución (con esa tesis se han tumbado varias leyes tramitadas por el Congreso porque la Corte considera que sustituyen la Constitución del 91) es incompatible con la "transición necesaria para la búsqueda de la paz". 

Finalmente, Linares aseguró que las limitaciones que el mismo Congreso se había puesto no impedían su funcionamiento, sino que "simplemente limitan ciertos aspectos de su función, en un grado menor, bajo un contexto excepcional, para un fin específico, y por un periodo de tiempo determinado". 

El magistrado también dijo que la votación en bloque (que tumbó la Corte) tampoco violaba la Constitución, porque ya hay ciertas leyes que se tramitan de esa manera en el Ejecutivo -sobre todo en asuntos de hacienda y tratados internacionales-, por lo que ese mecanismo era incluso mucho más necesario para implementar un acuerdo de paz. Y agregó que, en todo caso, leyes como las de amnistía, la Justicia Especial para la Paz y el estatuto de oposición han tenido modificaciones en el Congreso que fueron avaladas por el Gobierno. 

Por eso, Linares considera que la decisión de la mayoría de magistrados "mengua las facultades conferidas al Presidente para cumplir los acuerdos de paz a los que se ha obligado". 

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